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Actualizado el 29 de Diciembre de 2022

Palma y Maira: los nombres mejor evaluados en La Moneda para proponer al Senado como fiscal nacional

Carlos Palma y Erika Maira son dos fuertes candidatos, hasta ahora, analizados por el comité político del Gobierno, pero hay opiniones divididas sobre cada uno.

Por Carlos Saldivia
Los abogados Carlos Palma y Erika Maira son dos de los cinco abogados que aspiran a ser fiscal nacional
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Si bien se desconoce el detalle de las conversaciones telefónicas que sostuvo el mandatario Gabriel Boric con el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, una versión de cercanos a las tratativas para nombrar a un nuevo fiscal nacional afirma que en los diálogos fueron abordados dos puntos centrales.

El primero era la posibilidad de que el máximo tribunal conformara una nueva quina de postulantes al cargo. Como se sabe, ello fue desestimado. Sin embargo, en el segundo punto hubo éxito.  

Según explican a El DÍNAMO conocedores del proceso, el presidente Boric habría enfatizado la importancia de la política de género para el Gobierno en el procedimiento para la designación de un fiscal nacional, que involucra a los tres poderes del Estado.

Por ello, cuando se informó el nombre de la fiscal Erika Maira, a quien la Corte Suprema incorporó para completar la quina, tras el fracaso de Marta Herrera en el Senado, la nueva propuesta fue recibida con agrado visible al interior de La Moneda. Uno de los 10 votos que recibió Maira fue del presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes.

En La Moneda, a primera hora del martes, minutos después de conocida la noticia respecto a Erika Maira, la ministra de Segpres, Ana Lya Uriarte (PS), descartó tener hasta ahora una preferencia por alguno de los cinco aspirantes. No obstante, por los pasillos de Palacio ha trascendido que hay “altas posibilidades” de que se busque nominarla, y que se converse su nombre con los parlamentarios. Aunque no es la única carta que analiza el Gobierno: otra opción mencionada para fiscal nacional es Carlos Palma.

En los pasillos de tribunales el nombre de Erika Maira había comenzado a sonar para sumarse a la quina el lunes 26. En el Congreso recibieron con cierta sorpresa su nombre y los 10 votos que obtuvo .

En el oficialismo sostienen que tiene virtudes profesionales destacadas y se le considera cercana a la Concertación.

El contacto casual de Erika Maira con el frenteamplismo

La abogada y actual gerenta de atención a víctimas de la Fiscalía Nacional, Erika Mayra Bravo, egresó de la Universidad Católica en 1999. Era una alumna destacada y ayudante de varias cátedras, relataron a EL DINAMO algunos de sus ex compañeros.

Su práctica profesional la realizó en 2001, en la Corporación de Asistencia Judicial de San Miguel, en el subterráneo de la Cárcel de San Miguel defendiendo, en la justicia antigua, a sentenciados sin recursos para pagar un abogado defensor.

En el oficialismo dicen que fue una casualidad del destino. Fue en esa práctica donde conoció y entabló amistad con dos abogados del Frente Amplio, que prefirieron no ser mencionados. Sus colegas de práctica comentan que ese nexo es una amistad personal y en ningún caso política. 

Hasta ahora no se le conoce vínculo con dirigentes feministas de los partidos del Frente Amplio ni con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (CS), aunque su discurso ha mostrado puntos en común con la secretaria de Estado del partido del presidente. Solo se sabe que ha participado en actividades de la ONG Comunidad Mujer.

“(Tuve) la especialidad de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, también durante dos periodos fui dirigente de la Asociación Nacional de Fiscales, donde prioricé el trabajo de fortalecimiento de la institución y también de la protección de los derechos maternales de las fiscales y también de las juezas, compareciendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la modificación del posnatal parental que tanto nos afectaba”, expresó Maira en su exposición ante los ministros de la Corte Suprema.

En su presentación, Maira también describió que el componente de políticas de género había marcado su carrera desde sus inicios. En ese sentido, en el oficialismo se interpretó que los magistrados del máximo tribunal acogieron la solicitud de Boric de tener a la vista alguna candidata vinculada a materias de género.

Maira y Palma: dos escenarios que se evalúan en el oficialismo

Erika Maira y Carlos Palma son dos fuertes candidatos hasta ahora analizados por el comité político del Gobierno, donde hay opiniones divididas sobre cada uno de ellos.

En La Moneda señalan que varios abogados del Ministerio Público destacan que Maira fue una de las detractoras del ex fiscal Jorge Abbott, y que, a diferencia de Marta Herrera, ingresó por concurso público a su cargo en la Fiscalía Nacional en 2006.

En el Senado sostienen que varios tuits críticos con dirigentes, alcaldes y parlamentarios de la UDI, dificultan conseguir votos a su favor en un sector de Chile Vamos.

No obstante, en el Gobierno aseguran que sus opiniones hasta ahora conocidas no son inhabilitantes, sino más bien opiniones defendiendo posturas de género, por lo que sigue siendo una opción interesante para las miradas del comité político de La Moneda.

Junto con el nombre de Erika Maira, para proponer al Senado, en un sector del Ejecutivo también se observa como posible carta de consenso al abogado y fiscal de Aysén, Carlos Palma.

En el oficialismo y en la oposición también consideran como una buena alternativa el nombre de Palma. Ello porque señalan que ha tenido una labor destacada en la Fiscalía de Aysén y debido a que no se le conocen vínculos políticos, lo que para algunos es señal de independencia.

Carlos Palma estudió en la Universidad de Talca, tiene un magíster en Criminología de la U. de Concepción, ingresó al Ministerio Público en 2001, un año después de su titulación como abogado. También se ha especializado en delitos sexuales, y en la persecución de lavado de activos y de actividades de crimen organizado. En 2017 asumió como fiscal regional de Aysén.

Ha investigado causas de alta connotación pública: la Operación Huracán de Carabineros y el fraude al fisco en la IV División de Ejército, por la prestadora informal del Fondo de Apoyo Mutuo (FAM) en Aysén. No obstante, en el caso Huracán es investigado tras una querella de uno de los imputados por obstrucción a la justicia en la investigación, sin que haya sido sobreseído hasta ahora.

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