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16 de Marzo de 2023

Comisión de la Cámara votará proyecto de legítima defensa privilegiada de policías

“Es algo sensato. No se trata de que el funcionario policial pueda hacer uso indiscriminado del arma. Hay un contrapeso contenido en alguna de las hipótesis”, indicaron los expertos.

Por Cristián Meza
La norma se aplica a determinados casos en que un funcionario policial puede usar su arma en contra de un tercero. AGENCIA UNO
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La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados votará el próximo lunes el articulado del proyecto que considera la legítima defensa privilegiada de las policías.

Esto, luego que la instancia parlamentaria conociera la indicación sobre la legítima defensa privilegiada de las policías, la cual fue redactada por Enrique Aldunate y Pablo Celedón, abogados expertos en derecho penal y asesores legislativos de partidos del oficialismo y oposición.

Aldunate explicó que proponen tres hipótesis objetivas acotadas a hechos específicos. Corresponden a situaciones que afectan a funcionarios públicos de Fuerzas de Orden y Seguridad en el ejercicio de sus funciones, en contextos donde puede estar en riesgo su integridad física (lesiones corporales), como la propia vida, y, eventualmente, la de otra persona.

Las hipótesis propuestas

  1. La agresión mediante uso o amenaza de uso de arma blanca, armas de fuego o cualquier otro objeto cortante, punzante o contundente que sea apto para provocar la muerte o lesiones corporales graves al funcionario policial u otra persona.
  2. Cuando la agresión fuera perpetrada mediante vías de hecho, por un grupo de dos o más personas, en que el funcionario estime razonablemente que el acometimiento tiene potencialidad mortal o lesiva.
  3. Cuando impida o trate de impedir la consumación de ciertos delitos de gravedad que afectan a una persona y el funcionario tiene el objeto de impedir.

Por su parte, Pablo Celedón especificó que la norma se aplica a determinados casos en que un funcionario policial puede usar su arma en contra de un tercero. Esto, sin tener consecuencias penales. La idea es que no quede al arbitrio del juez si se cumplen dichas hipótesis de legítima defensa.

Celedón recalcó que la propuesta recoge las inquietudes parlamentarias y lo planteado por Carabineros. “Es algo sensato. No se trata de que el funcionario policial pueda hacer uso indiscriminado del arma. Hay un contrapeso contenido en alguna de las hipótesis”, concluyó.

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