En qué consiste el proyecto de ley de justicia para la niñez y adolescencia que presentó el Gobierno

En paralelo a la polémica enmienda del Partido Republicano en el Consejo Constitucional que rechazó integrar la Iniciativa Popular de Norma “Niñas, niños y adolescentes en la Nueva Constitución” que buscaba reconocer y asegurar sus derechos, el Gobierno presentó este viernes el proyecto de ley de fortalecimiento y resguardo del acceso a la justicia de niñez y adolescencia. 

De acuerdo a las palabras del presidente Gabriel Boric al momento de firmar el documento, que ahora será discutida en el Congreso Nacional, la iniciativa legislativa asegura la participación activa de la niñez en los procedimientos judiciales.

Esto implica, según La Moneda, que sus opiniones sean respetadas en los procesos y tengan una debida representación, “consolidando un marco legal que pone en el centro el bienestar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

“Esto es un escalón. La adecuación y modernización de la Ley de Tribunales de Familia y la derogación de la Ley de Menores es un avance, sin lugar a duda, porque vamos a asegurar de manera efectiva la promoción, prevención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, expresó Boric al momento de la firma del proyecto.

Además del mandatario, la iniciativa fue validada este viernes por la ministra (s) de Hacienda, Heidi Berner; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; y la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro.

Los puntos claves del proyecto

• Garantiza el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído como un principio fundamental y transversal en todos los procedimientos de familia y durante todas las etapas del proceso, asegurando que sus opiniones sean debidamente consideradas de acuerdo a su edad y madurez. “Establece las condiciones básicas para ejercer su derecho; informando al niño, niña o adolescente, antes de iniciar la audiencia, en lenguaje claro, accesible y comprensible”, informa el Gobierno.  

• Promueve una adecuada participación a la atención jurídica especializada de los menores de edad, introduciendo la figura del abogado del niño, niña o adolescente para garantizar su representación y acceso a la justicia, su participación en el proceso e intervención acordes a su edad y madurez.

• Asegura medidas judiciales de protección, reduciendo su excesiva judicialización. Además, promueve la atención de las necesidades de niños, niñas y adolescentes mediante las Oficinas Locales de la Niñez y su coordinación intersectorial para otorgar respuestas integrales y con pertinencia territorial.

• Por un proceso más justo, se evitará la victimización secundaria y eliminará la duplicación de pericias judiciales, mejorando la calidad y el acceso a pruebas periciales al permitir la designación de un perito común por ambas partes, garantizando objetividad y evitando duplicidades.

• Deroga de la ley de menores, cumpliendo con un anhelo de larga data en materia de políticas de infancia en Chile. “Superará definitivamente el paradigma de la situación irregular como sustrato cultural y jurídico de prácticas incompatibles con los estándares de la Convención de los Derechos del Niño, y la Ley N°21.430”, aseguraron desde La Moneda.