Pensiones, isapres, delincuencia: los temas que marcarán el trabajo del Gobierno partiendo 2024

Con la llegada del 2024, el Gobierno de Gabriel Boric deberá hacer frente a una serie de reformas y temáticas que marcarán el derrotero de su administración de cara a los próximos años, donde destacan las pensiones, las Isapres y la delincuencia.

Uno de los principales proyectos que La Moneda ha impulsado en los últimos meses y que durante el año que se inicia deberán resolverse es la llamada “Ley Corta de Isapres”, con el cual se pretende dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema para que las administradoras de salud privada dejen sin efecto el alza de planes por las Garantías Explícitas en Salud (GES) y devuelvan los cobros indebidos.

Esta propuesta ya está siendo discutida en el Congreso y desde el Minsal dejaron ver que su intención es que sea aprobada en abril próximo.

La iniciativa es vista por la Comisión de Salud del Senado, donde uno de los principales puntos de discordia es el mecanismo que materializa la aplicación de la tabla única de factores.

Al respecto, los senadores Juan Luis Castro, Francisco Chahuán, Sergio Gahona y Ximena Órdenes expresaron su temor que “al final, la devolución sea menor al alza de los planes que deberán pagar los afiliados”.

Hasta ahora, el Congreso despachó la norma que permite a las Isapres subir sus planes a partir de abril, tras adelantar el cálculo del Índice de Costos de la Salud (ICSA) respectivo. Dado que aquello se hizo en medio del reajuste al sector público, ley que se publicará el 20 de febrero, no se puede estimar la cuantía del alza.

Pese a ello, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, “el tope del alza sería un 6% y el promedio un 3%, lo que representa un bajo margen frente al 12% menos de ingreso que estamos percibiendo al cumplir con el fallo que obliga a bajar la prima GES”.

Según la Comisión, “no se ha podido avanzar en estos aspectos medulares porque no hay una estimación global del pasivo, de las devoluciones, de la deuda”, mientras que el superintendente Víctor Torres aseguró que “tenemos los cálculos casi terminados, pero no podemos saber cuánto van a subir los planes con la ley recién aprobada”.

Reforma previsional

Otro de los nudos que el Ejecutivo deberá destrabar en el presente año es la reforma previsional, donde existen duros cuestionamientos desde Chile Vamos a la fórmula propuesta por el Gobierno para el 6% adicional en las cotizaciones de la población y dejando en claro que no apoyarán ningún camino que permita un soporte solidario.

Ante esto, La Moneda pondrá suma urgencia a la iniciativa y así retomar su tramitación en la Cámara de Diputados, donde es vista en estos momentos por la Comisión de Trabajo.

La intención del Gobierno es aplicar la fórmula “3-2-1”, donde tres puntos porcentuales se destinarán al Seguro Social que crea la reforma; otros dos puntos irán a las cuentas de capitalización de cada trabajador, robusteciendo el ahorro personal; y un punto a fortalecer el empleo y formalidad laboral de las mujeres.

Sin embargo, desde Renovación Nacional reiteraron que no apoyarán aplicar la solidaridad con el 6% adicional de las pensiones.

La diputada Ximena Ossandón, parte de la instancia parlamentaria, recalcó que le llama la atención “que el Gobierno vuelva a insistir en temas que la ciudadanía ya ha zanjado, temas como, por ejemplo, que el 6% debería ir íntegro a las cuentas individuales”.

Su compañero de partido, Frank Sauerbaum apuntó a la “letra chica” de esta nueva fórmula, apuntando que “por ejemplo, el 2% de la capitalizacion individual propuesto tiene un reparto intrageneracional 70-30. O sea, a la clase media le llega 1,4%”. Agregando que del 3% del seguro social, “financia la garantía intergeneracional que ahora actúa como garantía y no como beneficio. O sea si la pensión autofinanciada es mayor a las 3 UF (o lo que corresponda según año cotizado) la garantía es cero. O sea se aportó 3% pero se recibe 0. Para quienes cotizan 12% o 11,4% prácticamente siempre la pensión será mayor a la garantía (al menos para los que tienen más años cotizados)”.

Crisis de seguridad

La crisis de seguridad ante la delincuencia fue uno de los principales temas que se tomó el 2023 y este 2024 no es la excepción, ya que solo entre Navidad y Año Nuevo se registraron más de 20 homicidios en la Región Metropolitana.

Ante esto, alcaldes y parlamentarios oficialistas pidieron a La Moneda que destine el 2% constitucional para enfrentar el delito. Esto es, 1.800 millones de dólares adicionales para combatir el crimen organizado.

En esta línea, además pidieron convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) -integrado por miembros del mundo civil y de las Fuerzas Armadas- y declarar Estado de Excepción en la Región Metropolitana.

Frente a estas peticiones, la vocera Camila Vallejo rechazó convocar al Cosena, apuntando que “no da más resultado que elaborar una opinión, un diagnóstico. Nosotros necesitamos acuerdos o acciones que impliquen resultados”.

“Lo importante para nosotros es tomar decisiones en materia que sean eficientes y eficaces. Necesitamos herramientas que sirvan de algo. Entonces cada vez que se propongan herramientas que todos consideremos que funcione, vamos a avanzar en esa dirección”, agregó.

La vocera Vallejo aseveró que “siempre se van a evaluar propuestas, pero cuando logramos que aquellas propuestas no solo generen amplio consenso, sino que cuando se pronostique que tienen buenos resultados en lo concreto para enfrentar la seguridad, las vamos a tomar”.