Las explicaciones del Gobierno tras la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales

El Gobierno le atribuyó la responsabilidad al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió esta mañana al informe de la Contraloría General de la República (CGR), el cual detectó una serie de irregularidades en algunos de los 419 beneficiados por los hechos de represión vividos durante el estallido social.

Según el reporte del ente contralor, 58 personas poseen antecedentes penales por condenas por delitos como tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio y violencia intrafamiliar, entre otros.

A ellos se suman otros 19 casos en los que los expedientes no contaban con los antecedentes médicos requeridos.

Los requisitos para postular a las pensiones de gracia

En diálogo con la prensa en el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior dijo que la normativa existente para entregar las pensiones de gracia requiere “una serie de antecedentes que tienen que estar para la revisión de los postulantes. Entre ellos, la ficha de postulación, el consentimiento informado, los antecedente personales de las personas, los antecedentes médicos y la certificación del INDH“.

Manuel Monsalve aclaró en la ocasión que “ningún funcionario del Ministerio del Interior le pide directamente a los afectados” los documentos requeridos.

Junto con precisar que aquello está a cargo del INDH, aseguró que el certificado que emite la entidad “es muy explícito”.

Según detalló la autoridad, en el documento el INDH apunta que “en virtud de la revisión de todos estos antecedentes, (el Instituto) ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas, producidas en el marco del estallido social (…) tiene la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral“.

No se exigía pedir antecedentes penales

Al ahondar sobre el tema, Monsalve recordó que la entrega de pensiones de gracia se efectuó según el procedimiento administrativo “fijado por la resolución exenta número 16, del 4 de enero de año 2022, que estableció los antecedentes que debían solicitarse. Esa resolución no exigió pedir los antecedentes penales“, aseveró.

Añadió que dicha resolución la dictó el ex subsecretario Juan Francisco Galli sin mala fe, “porque la verdad es que nunca en la historia del país se habían solicitado antecedentes penales para entregar pensiones de gracia”.

“Esta falencia es lo que finalmente produce que de las 148 pensiones que se entregan durante el Gobierno del ex presidente Piñera, 21 personas tengan antecedentes penales“, manifestó.

“Y eso es lo que hace que de las 270 pensiones de gracia que se entregan durante el periodo del presidente Gabriel Boric, 48 tengan antecedentes penales“, planteó.

El subsecretario del Interior recalcó que “eso, a la vista de los hechos, parece completamente razonable de corregir. No debió haber ocurrido. Y por eso, como me comprometí con la comisión investigadora y con la Contraloría, fue reparado”, cerró.