Gobierno revocará 27 pensiones de gracia de personas con antecedentes penales
La ministra Carolina Tohá informó que 21 pensiones fueron otorgadas por el mandato de Gabriel Boric y seis de ellas bajo la administración de Sebastián Piñera.
La ministra Tohá confirmó que revisarán los antecedentes de los 18 mil beneficios que se entregan en total. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
Luego de analizar 69 casos, este lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno revocará un total de 27 pensiones de gracia que fueron entregadas a personas con antecedentes penales.
De este número de beneficios revocados, 21 fueron otorgados por el Gobierno de Gabriel Boric, mientras que seis de ellos fueron entregados bajo la administración de Sebastián Piñera.
Así lo dio a conocer la secretaria de Estado en conversación con Canal 13. “Esa evaluación terminó. La definición es que se están procesando, mandando a Contraloría las carpetas con los decretos que dejan sin efecto 27 pensiones de gracia”, sostuvo.
Seis de las pensiones de gracia revocadas fueron entregadas por Gobierno de Piñera
En este sentido, Carolina Tohá dejó en claro que “de esas 27, 21 corresponden a pensiones asignadas durante nuestro Gobierno y seis corresponden a pensiones asignadas durante el Gobierno del presidente Piñera”.
Sobre el análisis de cada uno de los casos, la ministra recalcó que “respecto de estos 69 casos donde había antecedentes penales ya se hizo la revisión completa, pasó por la Comisión, chequeo, y en definitiva el presidente de la República, que tuvo la palabra final“.
“Pero en paralelo, el presidente nos ha encomendado que revisemos todas las otras pensiones”, aclaró.
Con respecto a esta situación, Carolina Tohá sostuvo que estudiar el número total de las pensiones de gracia tomará un poco más de tiempo, debido a que son cerca de 18 mil beneficios.
Todo esto se da luego de que un informe de la Contraloría apuntara a que 58 beneficiarios tienen condenas por delitos graves.
Entre ellos figuran delitos como abuso sexual, robo con violencia, tráfico, homicidio, producción de material pornográfico infantil, entre otros.
Sumado a ello, el ente fiscalizador expuso que hay ciertos casos que no presentaron certificados médicos que acrediten los relatos de los postulantes.
