Fraude al fisco: en qué se parecen los casos de Daniel Jadue y Cathy Barriga
Coincidencia o no, este viernes el alcalde de Recoleta y la ex alcaldesa de Maipú llegaron al Centro de Justicia. Jadue, para la tercera jornada de su formalización. Barriga, para la revisión de sus medidas cautelares. Ambos son investigados por la Fiscalía por el delito de fraude al fisco. Sin embargo, existen diferencias en los montos defraudados y en los mecanismos para desviar el dinero.
Durante su defensa, el abogado de Jadue comparó el caso con la situación de Cathy Barriga. AGENCIA UNO / ARCHIVO.
Once minutos después de las 09:00 horas comenzó la tercera jornada de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y de otras siete personas, en el marco del caso Farmacias Populares. La Fiscalía Centro Norte, que investiga al jefe comunal por los delitos de estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal, pidió que se le decrete prisión preventiva.
En su defensa ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, refutó la petición de la fiscal Giovanna Herrera y apuntó que el alcalde ha colaborado con la indagatoria. “Si el Ministerio Público pide una medida cautelar como la de los demás imputados, de firma y arraigo, uno podría decir la Fiscalía está investigando. Porque la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, tiene que ser una medida absolutamente justificada”, planteó Sepúlveda.
Luego, el defensor comparó la situación de Daniel Jadue con la de otros alcaldes investigados por casos de corrupción, como la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. “El sentido de la prisión preventiva es que es una medida excepcional y para delitos de alta gravedad. La prisión preventiva es excepcional en nuestro sistema. No es una medida de regla general como ha pretendido el Consejo de Defensa del Estado. Quizás por eso en casos como el de Cathy Barriga, que también ha tenido el Consejo, la prisión preventiva se rechace. Porque justamente existen otras medidas cautelares que pueden asegurar los fines del procedimiento”, sostuvo Ramón Sepúlveda.
La mención a la ex jefa comunal de Maipú no fue casual. En paralelo, segundos antes de las 10:00 horas, Barriga entraba al Centro de Justicia para comparecer ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, a unos metros de la sala donde se revisaba la situación del alcalde Jadue. La razón de su presencia en los tribunales era, justamente, la revisión de su arresto domiciliario total, que según la Fiscalía Oriente la ex alcaldesa habría incumplido.
“55 fraudes de Democracia Viva, 28 fraudes de Vitacura, 20 de Algarrobo”: las cifras que persiguen a Cathy Barriga
En enero pasado, la Fiscalía formalizó sus cargos en contra de Cathy Barriga y le imputó los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco. A juicio del órgano persecutor, la defraudación asciende a $30.972 millones, y se habría cometido entre 2016 y 2021, cuando Barriga lideró la segunda comuna más poblada de la Región Metropolitana.
Durante la audiencia ―que se extendió por tres maratónicas jornadas― la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, aseguró que “nos encontramos ante uno de los fraudes más cuantiosos que se ha conocido en la historia municipal de nuestro país”. Y luego, lo comparó con otros casos.
“Para dimensionar la magnitud de la gravedad de los hechos asociados: el monto defraudado, por ejemplo, en el Caso Democracia Viva, corresponde a 391 millones. En el caso del alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, 750 millones. En el caso del alcalde de Algarrobo, 1.069 millones. Todos los cuales fueron considerados un peligro para la sociedad”, argumentó Encina. Luego, sumó el fraude de Carabineros, avaluado en $28 mil millones.
“Si nosotros llevamos esas cifras al fraude que tenemos establecido el día de hoy, se trata de 55 fraudes de Democracia Viva, 28 fraudes de Vitacura, 20 de Algarrobo, e, incluso, 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa Karen Rojo”, sentenció la fiscal.
La persecutora detalló que a Cathy Barriga se le imputa participación en cinco hechos delictivos. Cuatro de ellos corresponden a fraude al fisco y uno a falsificación de instrumento público.
En relación al primer cargo, se la acusó de modificar certificados de disponibilidad presupuestaria. Según el Ministerio Público, existió una “planificación” por parte de Barriga para “un gasto no incluido en el presupuesto aprobado por el concejo” de Maipú. Asimismo, se aludió a una “disponibilidad presupuestaria artificial mediante la subestimación de gastos o sobreestimación de ingresos”, y a solicitudes de ajustes presupuestarios al concejo con “antecedentes presupuestarios adulterados”.
Además, la ex alcaldesa fue acusada de pago indebido de remuneraciones y fraude con los fondos de Corporación Municipal de Educación de Maipú (Codeduc). También, se le cuestionó por la adquisición de collares y otros regalos protocolares. Fue aquí que se incluyeron los $17.850.000 gastados en collares Swarovski, los $54.978.000 en compras de peluches y el $1.428.000 para pintar de dorado el auto municipal.
En relación a la falsificación de instrumento público, la fiscal Encina sacó a relucir tres situaciones: falsificación de informe de ejecución presupuestaria 2018-2019, falsificación de cuentas públicas 2019-2020 y un informe de transparencia.
Entre las pruebas que se presentaron en la extensa formalización, estuvieron testimonios de ex funcionarios de la Municipalidad de Maipú, mensajes de WhatsApp y documentos oficiales.
Los engaños de Jadue a los concejales de Recoleta que acusa la Fiscalía
En su larga exposición, la fiscal Giovanna Herrera detalló la manera en que ―según el Ministerio Público― Jadue habría defraudado entre 2021 y 2022 a la Municipalidad de Recoleta. La persecutora relató que en junio de 2020, el alcalde suscribió un convenio con la Universidad de Concepción para realizar un ensayo clínico y fabricar 180 mil dosis de Interferón, polémico medicamento para tratar el Covid-19.
Para ello, el jefe comunal acordó que la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), que fundó y presidía desde sus inicios, aportara $229.789.200 al proyecto. En agosto de ese año, Daniel Jadue pidió al concejo municipal que aprobara una cuota extraordinaria de $25,5 millones para entregar a Achifarp. La maniobra resultó exitosa y el pago se concretó pocos días después.
Según Herrera, para mantener oculta la morosidad de la asociación, el alcalde Jadue y José Matías Muñoz, secretario ejecutivo de Achifarp, se habrían concertado para obtener recursos desde el municipio, de modo de asegurar liquidez.
Así, acusa la Fiscalía, en abril de 2021, Muñoz le envió una carta al jefe comunal solicitándole un aporte extraordinario de $204.976.800, para la producción de 180 mil dosis de Interferón. Esto, a sabiendas de que el Instituto de Salud Pública (ISP) no había aprobado su fabricación.
Pocos días después, el militante comunista puso el tema en tabla en el concejo municipal. Durante la sesión, habría afirmado que el ISP había concedido todos los permisos para producir el medicamento. De esta manera, el órgano visó la millonaria transferencia, que se concretó posteriormente.
Sin embargo, los dineros nunca llegaron a la Universidad de Concepción ―que optó por desistir del convenio― y la tesis del Ministerio Público es que se utilizaron para pagar las deudas de Achifarp.
En agosto de 2021, Daniel Jadue habría vuelto a echar mano de los recursos municipales para palear la situación de la asociación de farmacias populares. Esta vez, el mecanismo utilizado habría sido la venta directa de productos. Así, Achifarp vendió a Recoleta 345 prótesis auditivas por un total de $99.271.895. Para lograrlo, funcionarios del municipio elaboraron informes técnicos que la Fiscalía calificó como falsos.
En el contrato, que fue aprobado por los concejales, ambas partes acordaron que el monto se pagara en cuotas. Según el Ministerio Público, la organización aumentó el valor de los productos en $37.266.111. Y, aunque el dinero llegó a las cuentas de Achifarp, nunca fue entregado a la empresa italiana que fabricó las prótesis.
En diciembre, utilizando un mecanismo similar, la municipalidad volvió a contratar con la asociación para la compra de 2.100 kits de glucómetros. La transacción tuvo un valor total de $58.738.911.
La operación se justificó por la urgente necesidad de contar con insumos para la diabetes. Pero, según los persecutores, en ese momento, Recoleta contaba con los glucómetros suficientes para la demanda comunal.
Luego, en mayo de 2022, la municipalidad aprobó la adquisición de 980 kits de lancetas y tiras reactivas por $9.976.841. En febrero pasado, funcionarios policiales encontraron en dependencias municipales una serie de productos comprados a Achifarp que estaban vencidos y sin utilizar.
Así, para el Ministerio Público, el monto del fraude al fisco ascendería a cerca de $400 millones, provenientes de las arcas de Recoleta.
Las similitudes y diferencias entre los casos de Cathy Barriga y Daniel Jadue
Tanto Cathy Barriga como Daniel Jadue son investigados por delitos de fraude al fisco. Sin embargo, las cuantías de cada caso son distintas.
En conversación con EL DÍNAMO, el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, comenta que “en Maipú todavía no existe claridad del monto exacto defraudado. Se habla de $30 mil millones, o de otras cifras, porque es un fraude contable donde se endeudó a la municipalidad. Falsificaron partidas presupuestarias, y no se sabe dónde están los recursos. Se dejó a un municipio sin plata, y esto va a tener repercusión por años”.
En Recoleta, en tanto, Lyon asegura que el delito tiene otras características y montos. “Es mucho más grave el cohecho, a mi juicio”, dice el especialista.
Un estudio de Imaginacción, que examinó las apariciones en la prensa, cifró los montos defraudados por municipios en $205 mil millones. Además, detectó que el delito más recurrente es el fraude al fisco.
El ranking lo lidera Maipú, seguido por San Fernando ($27 mil millones), Vitacura ($23 mil millones) y Las Condes ($22 mil millones). El sondeo, eso sí, no consideró la situación del alcalde Daniel Jadue.
