El complejo escenario del INDH que dejó al descubierto la querella por los chats de ex juez con Mario Desbordes

La querella por tráfico de influencias en el nombramiento de ministros del Poder Judicial que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) abrió un nuevo conflicto para la organización que Consuelo Contreras dirige desde 2022.

La acción legal ―que fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago― surgió a partir de un informe que elaboró la Policía de Investigaciones (PDI), que daba cuenta de una serie de conversaciones que mantuvo el ex juez Juan Antonio Poblete con figuras como la magistrada de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, y el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes (RN).

Esto, en el marco de la investigación del caso Operación Topógrafo, donde se indaga a Poblete por su rol en el presunto espionaje al periodista Mauricio Weibel, quien reporteaba un posible caso de corrupción en el Ejército. El ex magistrado fue formalizado en 2023 y permanece en prisión preventiva mientras se examinan, entre otras cosas, los chats de su celular.

El jueves pasado, el tribunal acogió a tramitación el recurso del INDH. En 25 páginas, la institución cuestiona la independencia judicial y exige pericias a los teléfonos de los jueces implicados, de Desbordes ―actual candidato de Chile Vamos para la Municipalidad de Santiago― y de la diputada Sofía Cid (RN) ―nombrada en una de las conversaciones―. Además, piden que se le tome declaración a los involucrados.

Contreras valoró la decisión del Juzgado de Garantía. Tras la admisión, señaló que “la independencia de los tribunales es sustantiva para los derechos humanos. Es un derecho para que los jueces desarrollen su labor sin presiones. Es también un derecho para los ciudadanos, para que las decisiones de la justicia sean emitidas con autonomía e imparcialidad”.

“Hay que poner un atajo al nombramiento de jueces por razones que vayan más allá de su capacidad e idoneidad para ejercer el cargo”, añadió.

Los cuestionamientos de Desbordes y su querella por prevaricación

Este lunes 17 de junio, junto a sus abogados, Desbordes ingresará una querella en contra del INDH por prevaricación. A juicio del ex presidente de RN, “el instituto ha sobrepasado el marco legal que tiene. La querella que está presentando no está dentro de sus facultades. Además que, en mi caso, no existe ninguna posibilidad de pretender jurídicamente que hay un delito en mi actuar. Todo lo contrario”.

Consultado por EL DÍNAMO, el postulante a alcalde de Santiago sostiene que “el actuar del INDH ha sido absolutamente politizado. Ha habido presión a los consejeros para que se apuraran”.

“Me consta que se señaló expresamente que el INDH tenía que querellarse porque la Fiscalía lo estaba pidiendo. Le exijo al INDH que libere el audio íntegro de la reunión de consejo que están intentando ocultar”, emplaza.

En ese sentido, Mario Desbordes señala que “me interesa discutir del fondo, y en nuestra querella vamos a presentar todos los argumentos para eso”. Además, adelanta que “ya que hubo presión de la Fiscalía”, no descarta ejercer acciones legales “contra quienes corresponda en el Ministerio Público. La mayoría de los fiscales son gente muy correcta, pero aquí hubo, creo yo, un mal actuar de algún fiscal”.

Desbordes cuestiona, además, que el consejero Francisco Ugás, abogado en la causa Operación Topógrafo no se haya inhabilitado en la sesión en que el consejo del INDH optó por interponer la querella. “Es vergonzoso, pero además me parece que tiene un ribete delictual que vamos a analizar. Vamos a revisar si infringió normas legales, porque él participa en la misma causa que la directora del INDH aludió para querellarse”, reclama.

“Él no debió participar en la discusión, debió inhibirse, e inhabilitarse a la hora de votar. Al menos transgrede los mínimos criterios éticos que deben imperar en un órgano colegiado como ese”, expresa.

La consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Valdés, asegura a EL DÍNAMO que “la querella no es parte de una operación política, ni menos el Partido Comunista está involucrado. Es un delirio pensar eso. La querella está presentada de forma innominada, es decir, contra quienes resulten responsables. No tiene un motivo político, sólo la defensa de la garantía de imparcialidad de lo tribunales, que fallen de acuerdo a la ley y estándares de derechos humanos”.

La consejera acota que “esto no fue algo que se discutió en el consejo. Y, al ser dos causas distintas y hechos diversos, no aplicarían las reglas de inhabilitación. Sin perjuicio de lo anterior, es un tema que probablemente se vea en el consejo, por quienes tienen más antecedentes del caso”.

Ante los cuestionamientos de Desbordes ―que apuntan a que el INDH interpuso la querella en el Séptimo Juzgado de Garantía por razones extrajurídicas―, Valdés responde que la decisión obedeció “a aspectos procesales, no políticos ni tampoco a la composición del tribunal. De hecho, la resolución que admite a tramitación la querella es proveída por el juez Patricio Álvarez”.

“Con respecto a la Fiscalía ―y a la fiscal Ximena Chong―, tampoco hay una coordinación con ella para ejercer acciones judiciales. Ni tampoco ella es una actora política, como dice Desbordes. Acusar de parcialidad cuando no nos gustan las decisiones y acciones socava las instituciones y su funcionamiento”, sentencia la consejera.

“Estos son actos de corrupción”: la polémica entrevista que complica al juez Urrutia

Uno de los apuntados por la querella que presentará Mario Desbordes es el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia. Entrevistado por Piensa Prensa, el pasado viernes 7 de junio, el magistrado ―que integra el tribunal que investiga el caso Topógrafo― se refirió a los antecedentes dados a conocer por Ciper Chile.

En su calidad de presidente regional de la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ), Urrutia sostuvo que “estos son actos de corrupción […]. Es una situación inaceptable que prácticas de esta naturaleza sean develadas que existan”.

“Pero, segundo, que sean develadas al nivel de ser concreto. Al nivel de ver los chats de los mensajes del ex ministro Poblete que, a todo esto, se encuentra en prisión preventiva por el Caso Topógrafo, que involucra al Ejército, en mi tribunal, por lo cual yo no hablo mucho más de ese caso”, deslizó.

El juez añadió que “es en ese contexto donde aparecen estas develaciones de los chats por WhatsApp que el ministro mantuvo. Y es de conocimiento público con quién los mantuvo. Y pidiendo favores, y luego comprometiendo a quien se le hizo el favor. Los favores se devuelven cuando son favores”.

Según Urrutia, este hecho pone un “manto de duda” que la Corte Suprema debe resolver con un sumario. “Estamos solicitando desde ya que se suspenda a los funcionarios involucrados. Esto, porque alguien que reconoce tráfico de influencias en forma expresa, pública, no puede ser que esté fallando todos los días causas donde hay intereses contrapuestos”, recalcó.

Para Desbordes, “cuando el juez Urrutia habla, es un operador político más. Él es parte de un verdadero drama que vive la justicia en muchos países del mundo, que se llama activismo judicial. Son personas que anteponen su ideología política, en este caso de extrema izquierda, a la justicia. Eso es muy dañino, nocivo. Él ha sido capaz de autorizar visitas o entrevistas a los peores delincuentes de Chile, contraviniendo todo buen criterio, porque es una persona antisistema, absolutamente. Él, la fiscal Chong y el INDH son el octubrismo en persona”.

Migrantes, pensiones de gracia y la tensión interna: el complejo historial del INDH desde el ascenso de Consuelo Contreras

Fue en 2013 que Consuelo Contreras, trabajadora social de la Universidad de Chile, asumió como integrante del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por designación de las organizaciones de la sociedad civil.

En 2019, ya como directora ―elegida un año antes por los consejeros en reemplazo de Branislav Marelic―, Contreras protagonizó su primera polémica. El 5 de julio de 2019, las cortes de Arica e Iquique acusaron al INDH de manipular el ingreso de 21 ciudadanos venezolanos como refugiados a Chile.

En la primera, apuntaron que una camioneta con el logo de la institución desobedeció a Carabineros, quienes le ordenaron detenerse en la frontera. Dentro del auto, se trasladaba a un ex militar venezolano, que logró entrar al país en calidad de refugiado. En Tarapacá, en tanto, cuestionaron que el INDH haya aconsejado a venezolanos pedir asilo, aunque la Policía de Investigaciones (PDI) rechazara su entrada a Chile.

En entrevista con Cooperativa, Consuelo Contreras insistió en que “no estamos incentivando el refugio. Estamos apegándonos a la ley nacional y a los tratados internacionales […]. El instituto no promueve este tipo de situaciones. Lo que hace es vigilar que en el territorio se promuevan, protejan y respeten los derechos humanos”.

Parlamentarios de RN y la UDI exigieron su remoción del cargo, cuestión que se concretó el 29 de julio siguiente con el ascenso de Sergio Micco. Durante la gestión del abogado y académico, Contreras lideró la oposición al ex militante DC, sobre todo durante el estallido social. En ese periodo, la entonces consejera participó en la elaboración de catastros y explicó ante los medios su visión sobre las violaciones a los derechos humanos. Al respecto, planteó que habían sido “generalizadas” pero negó que fuesen sistemáticas.

En 2022, fue una de las consejeras que redactó una carta pidiendo la renuncia de Micco, que terminó posicionándola primero ―en julio― como directora subrogante y, luego, en septiembre, como directora titular. Desde ese cargo, en noviembre, encabezó una arremetida legal en contra de una decisión de la Subsecretaría del Interior de expulsar a 12 ciudadanos colombianos. La Corte de Apelaciones optó por rechazar el recurso de amparo del INDH, y días después se viralizaron imágenes que mostraban a los migrantes golpeando a efectivos policiales.

La última polémica que vivió la institución tuvo que ver con las irregularidades detectadas en las pensiones de gracia que se otorgaron a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), apuntó al INDH por no corroborar correctamente las lesiones de los postulantes al beneficio. Contreras se defendió señalando que no había obligación de acreditar los daños.

Como reportó La Tercera, en septiembre de 2022, la directora del INDH envió un oficio al presidente Gabriel Boric asegurando que no podían seguir acreditando los daños para las pensiones de gracia. Según el medio, el presidente Boric nunca respondió el escrito.

Antiguos consejeros cuestionan ―en diálogo con EL DÍNAMO― que la gestión de Consuelo Contreras como directora ha estado marcada por su “extremado oficialismo” y por avanzar hacia una línea “más dura” en el instituto. “Ella tiene problemas y funcionarios que siempre han sido radicales con sus planteamientos, pero no cambian según el Gobierno. Ella tiene una bomba de tiempo con los consejeros que son activistas de derechos humanos y la encuentran amarilla”, dice un ex miembro del INDH.

La misma fuente ―que quiso mantener en reserva su identidad― comenta que en este periodo, la autonomía de la organización se ha puesto en tela de juicio. Esto, plantea otro ex consejero, no sólo en el ámbito político, sino también en relación a grupos de sociedad civil “que funcionan como mecanismos de presión”.

En ese sentido, un punto que genera críticas es la participación de funcionarios del Gobierno en el INDH. Fue el caso de la actual diputada Lorena Fries (CS), quien dejó la dirección del organismo en 2016 para asumir como subsecretaria de Derechos Humanos. Una situación similar es la de Haydée Oberreuter (ind), quien dejó la misma subsecretaría en 2023 y entró al consejo del Instituto. “Por eso no hay cuestionamientos al Gobierno, porque hay una puerta giratoria”, señala una de las fuentes.

En paralelo, actuales consejeros acusaron que existieron presiones para votar la querella en relación a los chats del ex juez Poblete. Una de ella fue Beatriz Corbo, que en El Mercurio, sostuvo que existió apuro en la decisión, lo que la llevó a abstenerse por la “falta de seriedad”.

Desde Europa, donde acompaña al presidente Boric en su gira, el ministro de Justicia, Luis Cordero (ind), también reaccionó a la medida. A juicio del secretario de Estado, querellarse “pudo haber sido una decisión precipitada”. Además, recordó que en casos de delitos contra los derechos humanos el competente es el INDH. “Una cosa distinta son los delitos funcionarios. En Chile quien tiene acción para delitos funcionarios es el Consejo de Defensa del Estado”, dijo Cordero.