Ministro Luis Cordero y eventual tráfico de influencias en el Poder Judicial: “Lo que está en juego es la confianza en el sistema de justicia”

“Mientras dure, uno tiene que asumir la intensidad del cargo. Aquí no hay descanso, se trabaja de lunes a lunes”, dice el ministro de Justicia, Luis Cordero (ind), desde su oficina a pasos de La Moneda. Mientras llueve torrencialmente en la Región Metropolitana, el secretario de Estado reconoce que nunca imaginó llegar a la política pero, citando una popular canción del recientemente fallecido Omar Geles, expresa que “los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba”.

En entrevista con EL DÍNAMO, tras una agitada semana para el Poder Judicial, Cordero sostiene que es fundamental reformar los sistemas de nombramientos, pero advierte que las modificaciones deben estar acompañadas por cambios en la cultura institucional.

Además, apunta que la apertura de la Corte Suprema a explorar nuevos mecanismos de designación de jueces es una oportunidad que “hay que aprovechar” para debatir a futuro.

El titular de Justicia asegura, también, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) debiese clarificar su rol, pues “los aportes que hace pueden terminar convenientemente desacreditados por otros simplemente por ser parte de una querella”.

Asimismo, aborda los avances del Plan Nacional de Búsqueda y las investigaciones internas en Gendarmería.

Cordero y chats del Poder Judicial: “Estas comunicaciones afectan la apariencia de independencia”

—¿Cuál es su reflexión tras la filtración de una serie de chats que dejarían en evidencia un posible tráfico de influencias en la designación de jueces y funcionarios de la administración judicial?

—Son todas hipótesis muy distintas. Pero, en algún sentido, tienen un elemento en común. Lo primero que uno tendría que hacer es una distinción de que se debe evitar caer en el binario de si esto es delito o no. Porque, en general, eso lo reduce a la comisión de infracciones penales, como si el resto no importara. Y eso genera un problema, porque omite el resto de la discusión pública. O, también, el incentivo de que cualquier conducta pueda ser constitutiva de delito, con lo que terminemos ocupando el derecho penal en términos muy expansivos en las cuestiones públicas, dañando mucho a la cosa pública.

Esas comunicaciones dan cuenta de un fenómeno que estamos discutiendo en el país hace bastante tiempo. Se trata de comunicaciones impropias que pueden existir para el acceso a determinados cargos en la judicatura.

A ratos se sesga un poco la discusión, focalizándose exclusivamente en el nombramientos de ministros en la Corte Suprema. Pero tenemos una estructura donde el sistema de nombramientos está muy concentrado en la generación de quinas y ternas en las cortes de apelaciones y en la Corte Suprema. Eso da cuenta de una función que no es propia de lo jurisdiccional, y eso tiene que ver más con la tradición institucional chilena, y existe consenso de que son materias que hay que separar. Es un tema respecto del cual, desde el retorno a la democracia, por ejemplo, la Asociación Nacional de Magistrados, siempre ha tratado de promover un cambio. Los propios magistrados han tratado de evitar culturas endogámicas al interior del Poder Judicial y darle un poquito más de transparencia. Desde 2015, la Corte Suprema tiene una opinión muy formada de que es conveniente separar la función administrativa de la función jurisdiccional. Y, también, que el nombramiento de notarios y conservadores tiene que estar fuera del Poder Judicial.

Hace pocos meses, cuando salió el caso Hermosilla, la Corte Suprema sacó una declaración pública donde decía que “pese a los esfuerzos que ha hecho la Corte, se mantienen espacios de opacidad”. Se han hecho esfuerzos por transparencia, pero que siguen siendo insuficientes. Esto es relevante porque hay que aprovechar la oportunidad. La declaración del pleno de la Corte Suprema esta semana, reconociendo estos dos aspectos, dice “abordemos esto”.

No olvidemos que en los dos procesos constituyentes tuvimos propuestas en este sentido.

—Efectivamente, esto era un tema…

—Era un tema que además ambos procesos coincidían en abordar. La administración Piñera presentó un proyecto en abril de 2021, pero no tuvo ninguna tramitación posterior. Hay propuestas de académicos, de muy distinta naturaleza, y la Comisión de Venecia opinó sobre este punto.

De hecho, hoy la discusión no es ni siquiera de modelos, es sobre cuál es la fórmula para poder resolver el problema en específico. Porque lo que está en juego es la independencia. Y la independencia judicial supone que el Poder Judicial y sus miembros no sólo den garantías, sino también la apariencia de independencia. Esto es relevante porque en una sociedad democrática y en un sistema que promueve la convivencia por el derecho y no por la fuerza, se le reconoce a los jueces la última palabra para resolver los conflictos.

Entonces, no son simplemente estos chats, que dan cuenta de comunicaciones que son impropias, comunicaciones que forma parte de la investigación cuánto afectan la independencia, pero que sí afectan la apariencia de independencia. En el caso de un juez, ¿pueden tener incidencia en sus vínculos de amistad? Es irrelevante si forma parte de su vida cotidiana, pero es relevante si se traspasa o tiene incidencia en su función jurisdiccional.

Por eso, tener una vida social acorde con la dignidad del cargo de funcionario público no es que sea una exigencia moralista. Es que determinadas consideraciones públicas que forman parte de la vida social se pueden traspasar fácilmente a la función pública. Entonces, esa idea también es representativa en el caso de los jueces.

—A su juicio, reveladas estas conversaciones, ¿está afectada la independencia y la imparcialidad judicial?

—Por cierto, cuánto afecta es un tema que está por dimensionarse. Lo que sí afecta es la confianza en el Poder Judicial, pero yo creo que es un poco más amplio. Esto afecta la confianza en el sistema de justicia, que es más que los tribunales.

—Es, finalmente, el proceso completo…

—Es el proceso completo. Y es el rol de los abogados y las abogadas. Las fortalezas para que funcione adecuadamente el sistema de justicia también dependen, en buena parte, de la profesión legal, y no sólo de los jueces y los fiscales. La profesión legal tiene que tener muy claro que no es simplemente un actor ante los tribunales que litiga ante los jueces. El punto es que la confianza en el sistema de justicia también depende del adecuado comportamiento de la profesión legal.

—No habría que olvidarse de que a Luis Hermosilla le llamaban “el señor de los pasillos”…

—Y esto tiene que ver ya no sólo con la independencia, sino que con la lealtad de armas. En el sentido de que se representan intereses en igualdad de condiciones frente a los tribunales. El que debe ganar en un caso es el mejor argumento, porque se aproxima mejor a una interpretación correcta de la ley, y no aquel que pueda tener mejor incidencia personal en los jueces.

Por eso es tan relevante que el sistema político tenga plena conciencia de la importancia de este tema, porque lo que está en juego es la confianza en el sistema de justicia. Cuando la confianza en el sistema de justicia decae, entonces pareciera que son admisibles otros medios de resolución de controversias.

Y el derecho no es simplemente una técnica, no es simplemente cómo administrar reglas, sino que es la manera que nos hemos dado para resolver nuestra convivencia. Cumple un rol de articulación en la convivencia social muy relevante. Su importancia es más sistémica y uno debería verla un poquito más allá de cuál es el sistema de nombramientos.

Por eso, podemos tener el sistema más sofisticado de nombramientos. Pero si los patrones de comportamiento y los mecanismos de autocontrol de la profesión legal no se insertan dentro de la cultura institucional, también podemos hacer más vulnerables otros sistemas de nombramientos. Y esa advertencia es muy relevante porque lo que está en juego es la confianza, ya no en el Poder Judicial, sino en el sistema de justicia

—Entonces, ¿cree usted que es necesario un cambio cultural en el contexto jurídico? Un cambio en las costumbres, más allá de tener un nuevo sistema de nombramientos…

—Claro, en las prácticas institucionales. Lo he dicho estos días: a mí me dicen “qué se escandalizan ahora, si esto siempre ha pasado”, como lo dijeron los ex ministros Campos y Solís. Pero no porque siempre ha pasado, esto es admisible. Lo que uno no puede naturalizar son las malas prácticas, porque la naturalización de las malas prácticas degrada el derecho.

Uno de los temas clave si uno quiere mirar un buen estándar de Estado de Derecho es la correlación entre el derecho declarado formalmente y el derecho ejercido en la práctica. Cuando esa distancia es muy grande, se puede generar un incentivo a estados de papel. Entonces, lo que se necesita es que entre el derecho declarado y el derecho en que se desenvuelven las instituciones tenga la menor distancia posible. Por eso, uno no puede normalizar las malas prácticas.

—¿Qué tan extendidas están las prácticas como el famoso besamanos, el WhatsApp, las reuniones, en el mundo judicial?

—Chile es un país que, para sus debates públicos, es como de memoria corta, como la memoria de los peces. Pasan las cosas y se olvidan. Este es un debate que lleva mucho tiempo, y que la Corte ha hecho esfuerzos por mejorar. Por ejemplo, hoy cuando se votan quinas y ternas, por políticas de transparencia de la Corte, se sabe qué ministro votó por quién. Esto es algo que antes no pasaba. También, se restringieron las visitas para poder hablar con los ministros para personas que quisieran postular a cargos, y si lo quisieran hacer, que se registren en las agendas públicas de los ministros.

Hoy la Corte se enfrenta a este tipo de comunicaciones —que en el pasado ha querido evitar por otros medios— mediante la utilización de medios telemáticos. Pero el fin sigue siendo el mismo: que esos contactos no se produzcan. Y, si se producen, que se transparenten.

De hecho, este fenómeno está también detrás de las reformas a la Ley del Lobby, que está llevando a cabo el Gobierno. Porque hay elementos que son distintos a cuando fueron diseñados determinados tipos de reglas, pero el fin ha sido siempre el mismo. Desde que la Corte comenzó a implementar medidas, muchas de esas cosas se redujeron muy ostensiblemente.

Pero también hay dos fenómenos de los que estas comunicaciones dan cuenta. No solo la comunicación externa, sino también otro factor que es muy relevante, que son las comunicaciones intra Poder Judicial. Porque tiene incidencia para procesos disciplinarios o para procesos de nombramiento y eso también son mecanismos que es necesario neutralizar. ¿Cómo? Con mecanismos de transparencia y con un cambio más estructural en los mecanismos de nombramiento. Sobre eso, existen múltiples propuestas para avanzar y hay buena voluntad para eso. Esta es una reforma indispensable, pero el punto es que las preguntas específicas son las complicadas.

Cambios en el sistema de nombramientos judiciales: “Hay una pregunta sobre el tipo de Corte Suprema que queremos”

—El punto es, básicamente, hacia dónde avanzar en lo concreto. ¿Ahí están los nudos?

—Primero, ¿tiene que ser una comisión o un consejo que reúna todo o sólo nombramientos? Dos, ¿cuánta es la participación del Poder Judicial? Tres, ¿cuánta es la incidencia de la política? Esto es relevante porque uno tiene que tratar de tener arreglos institucionales para los problemas que quiere resolver. Chile tiene esta discusión desde el retorno a la democracia, y es uno de los pocos países que en América Latina resistió la oleada de consejos de la magistratura.

De hecho, es altamente probable yo diría que si nosotros tenemos esta discusión ahora, esa discusión va a tener ribetes algo distintos de aquellos que tuvimos en los dos procesos constituyentes. En una pregunta tan clave como cuántos jueces participan y cómo se generan, y segundo, cuánta incidencia tienen los representantes de la política en un consejo de esas características.

—Y, para usted, en dos o tres pistas, ¿hacia dónde debiese cambiar el sistema de nombramientos?

—Para poder abordar esto, uno tiene que identificar las preguntas de los problemas que quiere resolver. La primera pregunta está asociada a una estructura que trate de desacoplar la incidencia potencial de la política o de elementos extra al mérito de los miembros en los nombramientos.

—¿Y cree que eso ha existido? ¿Han existido casos en que ha primado la política?

—No, pero creo que eso tiene que ver con temas de transparencia. Cuando hay un sistema de opacidad, la pregunta es cuánta incidencia pueden tener los méritos. Sobre todo cuando en esos procesos de nombramiento, las autoridades superiores del Poder Judicial participan en la generación de esos nombramientos.

Entonces, el Poder Judicial pasa a tener un rol en la revisión jurisdiccional, pero al momento de definir ternas y quinas define carreras judiciales. Eso tiene un impacto indirecto. También hay una independencia interna: que el juez sea leal a los hechos y al derecho del caso que tiene que resolver, y no a lo que está pensando su superior para la calificación o si vota por él o no en una terna futura.

El segundo tema es cómo el nombramiento basado en mérito permite que haya carreras judiciales adecuadas. Chile avanzó mucho con su academia judicial, y la academia judicial cumple un rol esencial no sólo en el proceso del curso de formación inicial, sino también en las trayectorias de los jueces con posterioridad. En el fondo, cómo se vincula la formación, una formación permanente.

Y lo tercero es resolver una pregunta muy concreta, que es si algún órgano de participación política participa o no en el nombramiento de la máxima autoridad. En Chile es el Senado, y en otros modelos comparados es el consejo de nombramientos, que tiene representantes ahí, quién forma este consejo, que luego se designa por la autoridad mayor, pero no involucra orgánicamente a esa institución. No estoy diciendo que uno u otro sea mejor, pero los incentivos en uno o en otro son muy distintos.

En el sistema institucional, son medio inevitables los puntos de contacto entre la política, el sector privado, y otros entes…

—Y lo hemos visto esta semana con la polémica por las indicaciones en la Ley de Pesca, que tramita la Cámara de Diputados…

—Pero en el caso de los jueces, ¿qué es lo que se quiere evitar? Lo que se busca es evitar, en todo lo posible, que esos contactos se den con habitualidad, porque en rigor son los que resuelven las controversias. Y el diseño institucional sirve para contener esas posibilidades de contacto. Y lo que se tiene que tratar de hacer es que esos contactos no sean posibles ni formal ni informalmente.

—Sobre todo desde el punto de vista informal…

—Claro, porque esos son núcleos que no capturan adecuadamente la regla, y ahí hay que ver otro tipo de reglas. Por ejemplo, cuán robustos son los sistemas de autocontrol en materia de probidad. Estas son políticas que, en el caso de los poderes judiciales, deben basarse mucho en el autocontrol.

—Usted decía que existe un consenso, al menos desde 2015, de que se debe separar la función jurisdiccional de la gestión. ¿Por qué no ha habido avances en eso en nueve años?

—Primero, porque tuvimos dos procesos constituyentes que quisieron avanzar, y no se pudo. Segundo, porque después viene la discusión de los detalles. La Corte Suprema tiene 200 años, 200 años más o menos con la misma estructura y lógica. Cuando se trató de avanzar en gestión, se creó la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero la Corte se opuso tenazmente a que fuera una institución separada del Poder Judicial. Tanto así, que el consejo directivo está integrado sólo por ministros de la Corte.

Cuando hablamos de nombrar, tenemos que tomar otras decisiones también, como cuán autónoma debiese ser la corporación, si es razonable que regule el presupuesto o si debiese ser objeto de control en la gestión de fondos públicos por parte de la Contraloría. Eso no tiene nada que ver con la autonomía jurisdiccional que le reconocemos a ella.

Una manera de avanzar en esto es que evitemos un consejo que concentre todas las atribuciones, y concentrarnos sólo en nombramientos. Pero si hacemos eso, tenemos que tomar una decisión sobre la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Porque, en el fondo, cuando se reforma el régimen de nombramientos y se separa la función administrativa en términos de autonomía, en rigor se está respondiendo otra pregunta esencial: qué tipo de Corte Suprema se quiere tener. Y eso no está definido.

No es trivial, no es baladí. Por eso no se trata simplemente de los chats. Hay una discusión un poco más significativa, que no es que impida el debate, pero debe tener en perspectiva la cultura institucional chilena. Por eso, no es simplemente un cambio normativo, sino una pregunta por el tipo de Corte Suprema que queremos.

—En una entrevista reciente, usted dio a entender que el Poder Judicial debiese “salir” de algunos nombramientos. ¿De cuáles, en concreto? ¿Por qué?

—El Poder Judicial debiera salir del nombramiento de notarios y conservadores. De hecho, forma parte de las indicaciones que hemos presentado [en el Congreso].

—¿Y quién debiese incidir?

—La propuesta del Ejecutivo fue que ingrese directamente la Alta Dirección Pública. Así fue aprobado en la comisión de Constitución del Senado, y nosotros esperamos que la sala lo ratifique. Eso es un buen ejemplo de que ese tipo de nombramientos debieran salir de ahí, porque, además, responden a otro objetivo. De hecho, hay un acuerdo del pleno de la Corte Suprema que dice que notarios y conservadores son, más bien, actividades empresariales respecto de las cuales el Poder Judicial no tiene nada que incidir.

La segunda es que, si vamos a cambiar el régimen de nombramientos, ahí vienen otras preguntas incómodas. ¿También deberíamos sacarlos de los procesos de nombramiento del fiscal nacionales y de los fiscales regionales? Entonces, hay nombramientos en que uno probablemente debe sacar al Poder Judicial. Pero la pregunta es, si cambia este sistema, ¿también cambia ese modelo? Y eso significa preguntarse cómo se generan las máximas autoridades del Ministerio Público. Eso no es para nada trivial.

—¿Usted cree que en el nombramiento del fiscal nacional debería haber cambios?

—Yo creo que esta es la complejidad de hacer un cambio que suponga también impactos colaterales que uno debe tener presente. ¿Cuál es el gran problema que tuvimos en el último procedimiento del fiscal nacional? Probablemente, que se construyó sobre la base de destruir reputaciones. ¿Hay reparos al proceso que se hizo frente a la Corte Suprema? Yo tengo la impresión de que no, que la atención estuvo principalmente en el Senado.

En el caso del Ministerio Público, hay que ser cuidadoso porque la pregunta es cuál es la alternativa. Cuando se agregó el Senado al proceso de nombramiento en 1997, se consideró adecuado que participara como un mecanismo para tener escrutinio y equilibrio. Mientras no tengamos un sistema alternativo mejor ahí, yo creo que hay que ser cuidadoso con cualquier iniciativa.

Lo que sí quiero decir es que, si vamos a hacer un cambio en el sistema de nombramiento de jueces, eso tiene un impacto en la participación de la Corte en otros nombramientos.

Querella del INDH: “Puede despotenciar el principal valor de la institución”

—Usted fue bastante crítico de la querella que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tras la divulgación de los chats del ex juez Juan Antonio Poblete. Dijo que la decisión fue “precipitada”. ¿Mantiene su postura tras la divulgación del acta de la sesión?

—Sí, yo mantengo mi posición. Esto tiene que ver con un problema de diseño institucional. El INDH es una institución de aquellas reconocidas por Naciones Unidas como instituciones nacionales en materia de derechos humanos. Forma parte de la alianza global, y está al amparo de los principios de París, que aprobó Naciones Unidas en 1993. De acuerdo a esos principios, los roles centrales de estas instituciones son de persuasión y promoción. Y el elemento central de esas instituciones es el valor que tienen sus informes de persuasión. Su peso está en la fortaleza de sus informes y su persuasión, para que todos los poderes del Estado puedan hacer correcciones de acuerdo a ellos. Pero lo que no está en los principios de París es el ejercicio de acciones […], como querellantes institucionales. En el debate de la ley que creó el INDH en el Congreso existía claridad de que era una atribución excepcional que se le estaba entregando. Entonces, mi opinión sobre el rol de querellante institucional tiene que ver con la posición más bien excepcional que la ley le otorga, porque hay una dimensión mayor. Para mí es extremadamente importante el rol del Instituto de Derechos Humanos en sus informes vinculados a la independencia judicial […]. Es necesario tener un INDH muy fuerte emitiendo informes sobre ese punto, más que una institución que queda atrapada como litigante estratégico en una causa en específico […].

Entonces, mi punto no tiene que ver con la querella sino con la naturaleza de la institución […]. Mi preocupación, en el caso del INDH, es que actuar como un querellante institucional puede despotenciar el principal valor que tienen estas instituciones.

—¿Cree, entonces, que es necesario ir clarificando o puliendo el rol del INDH?

—Sí. Y si uno mira el acta que publicó el instituto, esto es un tema de discusión. La mía es una opinión más. Yo respeto la autonomía que tiene el INDH. Y, de hecho, esa es la razón por la cual le hemos dado independencia. Pero mi advertencia va más allá de este caso en particular. Es por la importancia que cumple el instituto en materia de persuasión en derechos humanos en el país.

—¿Cree que finalmente, dedicándose a las querellas y no enfocándose tanto en los informes de derechos humanos, se termina instrumentalizando esta institución?

—Dicho de otra manera. Los aportes que puede hacer el instituto en su principal medio, pueden terminar convenientemente desacreditados por otros simplemente por ser parte de una querella.

—A propósito de la querella del INDH. Parte de los cuestionamientos de los aludidos por la acción legal tienen que ver con el rol de figuras como la fiscal Ximena Chong y el juez Daniel Urrutia —quien dio declaraciones sobre el caso en la prensa—. El ex ministro Mario Desbordes los llamó “actores políticos”, de hecho. ¿Qué le parece el papel que juegan Chong y Urrutia?

—Una de las razones por las cuales le reconocemos autonomía al Ministerio Público e independencia a los jueces es para evitar la venganza de los litigantes. Por eso se le tiene que dar autonomía e independencia a quienes ocupan esas posiciones. Yo creo que hay una cierta obsesión hacia la fiscal Chong. De hecho, en el acta ella ni siquiera está nombrada, ni se refieren a ella. En el sistema de persecución criminal se está haciendo costumbre descalificar al persecutor, da lo mismo como se llame, simplemente porque ejerce una acción contra una figura pública.

En el caso de Mario Desbordes, el tránsito que él hace desde la crítica al INDH a transformarla en un concierto con el Ministerio Público, es un salto demasiado grande. Pero yo creo que es siempre complejo estar sometido al sistema de enjuiciamiento criminal, o a veces cuando existe un emplazamiento que se considera que es injusto.

En el caso del juez Urrutia, yo creo que él es un juez que tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial. Uno de los casos emblemáticos de libertad de expresión y rol judicial es el de él […]. Yo creo que el llamado a la prudencia es de todos. Es de todos porque todos tenemos un cierto nivel de responsabilidad en darle una solución institucional al sistema de justicia. La afectación al sistema de justicia y la confianza sobre él afecta a todos quienes forman parte de esto. Hay que ser prudentes en ese sentido.

—Tras todos estos cuestionamientos, ¿en qué pie queda, finalmente, el sistema judicial? A la controversia por los nombramientos se suma la polémica por los vehículos institucionales de la Corte Suprema y la extensión del teletrabajo en el máximo tribunal.

—Yo trato de mirar el vaso medio lleno. Si uno mira la Corte Suprema de la primera parte de los años ’90, esa que cuando salió el Informe Rettig no sólo fue refractaria, sino que lo consideró un agravio. Hoy, 30 años después, esta es una Corte Suprema que, con todas las críticas, asume en aquellos casos donde pueden existir errores, sus ministros tienen diferencias, y los acuerdos son explícitos en cuáles son esas diferencias.

Sigue siendo un canal institucional que busca mejorar. Hay problemas, por cierto, pero yo creo que en un contexto donde a veces los debates públicos se personalizan y se degradan institucionalmente, esta es una reacción institucional destinada a encauzar institucionalmente el problema.

Para aquellos que suelen tener memoria corta, hay que aprovechar la disposición que tiene la Corte y generar las mejores condiciones ahora para hacer un cambio eficaz del sistema de nombramientos.

Plan Nacional de Búsqueda: “Ha tenido un apoyo transversal de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”

—En agosto de 2023, el presidente Gabriel Boric presentó el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada en dictadura. A casi 10 meses de su lanzamiento, ¿cuáles han sido los logros y avances de la iniciativa?

—El plan está avanzando bastante en tres dimensiones. Una es la instalación de la gobernanza. Ya tenemos el comité de seguimiento instalado. En ese comité están miembros de la sociedad civil, de las universidades y de las agrupaciones de familiares. Por primera vez, los familiares forman parte de una estructura activa.

La segunda dimensión tiene que ver con la identificación y la recopilación de información. Esto no sólo tiene que ver con los expedientes judiciales. Chile ha recopilado una numerosa cantidad de información, y tenemos aproximadamente 10 millones de fojas que digitalizar y sobre las cuales aplicar inteligencia artificial, porque no hay capacidad humana para analizar esa cantidad de información […]. Nosotros acabamos de entregar el primer trabajo de la mesa de archivo, que permite identificar el conjunto de archivos que están en el Estado y que estaban dispersos y pueden ser útiles para la búsqueda.

Y el tercero tiene que ver con el trabajo que actualmente nosotros estamos desarrollando con los jueces de dedicación exclusiva. Eso tiene que ver con los sitios prioritarios y con un conjunto de diligencias que se están ejecutando.

—Entonces, ¿el balance es positivo? ¿Qué ha marcado este periodo?

—La clave de este período, además de tratar de instalar la gobernanza, avanzar en el sistema de información y las implementaciones sobre diligencias, es instalar el Plan Nacional de Búsqueda como una política pública permanente. Fue parte de los esfuerzos que hicimos el año pasado al momento de su dictación. También fue lo que hicimos cuando teníamos que aprobar el presupuesto […]. He comprobado que cada vez que hemos tenido alguna discusión legislativa vinculada al presupuesto del plan, el plan ha tenido un apoyo transversal de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Esto es sobre todo una muestra de respeto a lo que implica el plan y a los avances que puede traer para Chile […].

El Plan Nacional de Búsqueda responde a un propósito no sólo para las víctimas y sus familiares. Es, también, una manera de que la sociedad chilena repare sus heridas, y de tener conciencia de que no se puede transformar al adversario político en un enemigo. Cuando pasa eso, terminamos por deshumanizar a la persona que tenemos al frente. Esto es, en algún sentido, una manera de cuidar la democracia.

—¿Con qué obstáculos se han encontrado durante este proceso?

—La principal dificultad que nosotros vamos a enfrentar es que una cantidad importante de información la tienen los perpetradores. Los avances que hemos tenido en materia de indagaciones han sido porque los perpetradores han entregado información valiosa a los jueces. Hay varias informaciones que están en expedientes judiciales, algunas que están en unas investigaciones pero que pueden ser útiles para otras […].

Por eso, el llamado para quienes tienen información, que están condenadas, cumpliendo condenas, sigue siendo que entreguen información sobre el paradero de las víctimas.

Algunas de esas informaciones han podido ser obtenidas en el contexto de indagaciones judiciales por distintos tipos de razones. Hay personas que están enfrentando la inminencia de la muerte y deciden hablar. Otras que, por recomendación de sus familias, lo deciden hacer. Y otras que, porque quieren granjearse una atenuante, lo hacen. Todos estos ejemplos demuestran que los perpetradores siguen teniendo información que es útil para la búsqueda.

Ministro Luis Cordero: “Gendarmería está aplicando un plan anticorrupción bien estricto”

—Esta semana se conoció 10 gendarmes fueron detenidos por posible tráfico de armas y actos de corrupción en diversas cárceles del país. Usted ha señalado que se están investigando otras denuncias en Gendarmería. ¿Qué es lo que se está indagando? ¿En qué consisten esas acusaciones?

—Gendarmería está en una política de mucha intransigencia a los actos de corrupción. Por una razón muy simple: no es posible el avance de las organizaciones criminales sin corrupción. Y esto es un llamado en general al sistema de justicia. Lo que demuestra la evidencia es que así como usted se preocupa de desbaratar bandas de organizaciones criminales, tiene que preocuparse de que éstas no penetren en el Estado. Y si penetran, tiene que ser muy drástico en las sanciones. Eso es muy importante en toda la línea del sistema de justicia.

En lo que corresponde a Gendarmería, que está a cargo de la custodia de personas privadas de libertad, se está aplicando un plan anticorrupción bien estricto. Eso ha dado origen a un conjunto de denuncias. Una de ellas es la que se ha conocido, que ha terminado con formalizaciones, pero hay otras que están en investigación. En esto reconozco públicamente la colaboración que Gendarmería ha tenido con el fiscal nacional. Como nunca, hoy tenemos focos investigativos en cárceles, con fiscales preferentes para investigar las cárceles.

—¿Para investigar vínculos de gendarmes con delitos?

—Esencialmente, primero, delitos que se cometen dentro de la cárcel. Segundo, información útil. hay mucha información útil para desbaratar bandas criminales que se puede obtener en la cárcel. De hecho, eso hace que el departamento de inteligencia de Gendarmería sea muy sofisticado y altamente apreciado […] por el Ministerio Público.

Y tercero, porque coincidimos con el Ministerio Público, es que la manera de evitar la expansión de las organizaciones criminales es ser muy drástico en los temas de corrupción. Y, en ese espacio, el control de los funcionarios penitenciarios es muy relevante. En esto, las asociaciones gremiales de Gendarmería también están plenamente de acuerdo, porque esto tiene que ver con la integridad de sus funcionarios y funcionarias. Intervenir en conductas impropias también es una manera de proteger la institución.