El letargo del Tribunal Constitucional que paraliza las causas por violaciones a los derechos humanos

A través de un proyecto de resolución, la Cámara de Diputados expresó su preocupación por la demora que estarían teniendo los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional en causas de violaciones a los derechos humanos.

A juicio de los parlamentarios firmantes – Jaime Tohá, Juan Santana, Leonardo Soto, Manuel Monsalve y Raúl Saldívar (del PS); Cristina Girardi (PPD); y Camila Rojas (IND)-, el ingreso de dichas peticiones ante el TC “han sido utilizadas para paralizar y dilatar, acaso deliberadamente, la tramitación de procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.

Dicha presentación fue aprobada el pasado 16 de mayo, por 85 votos a favor, 50 en contra y 11 abstenciones de los diputados.

Ante el emplazamiento, el presidente del TC Iván Aróstica decidiría si se pronuncia o no respecto de los argumentos de la tramitación de estas causas y los motivos para los tiempos tomados para su revisión. 

En específico, el documento plantea que habría 12 causas cuya tramitación está paralizada en la justicia ordinaria tras la presentación en el TC, cinco de las cuales se encuentran suspendidas en su investigación por al menos 10 meses.

Causas detenidas

Tras el reproche de los diputados, sin embargo, sólo una de las causas mencionadas destrabó su proceso judicial. Esta es la presentada en julio de 2017 por Patricio Enrique Jeldres Rodríguez, ex general de Carabineros, quien cumple una condena de 5 años y un día de presidio por el secuestro y desaparición del militante del MIR Luis Ibarra Durán, hecho ocurrido en Chillán en 1973.

Un mes antes de la presentación ante el TC, Jeldres solicitó acceder a la libertad condicional, beneficio que fue rechazado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, ya que el informe psicosocial señaló que “no se encuentra rehabilitado” ni tiene conciencia del daño causado. Misma argumentación que se dio en el caso de los siete condenados presos en Punta Peuco, pero a quienes la Corte Suprema sí les otorgó la libertad condicional.

Lo que el condenado buscaba declarar como inconstitucional era la posibilidad del juez de tomar declaraciones a testigos de manera secreta y bajo su dirección, así como realizar careos en la causa que se encuentra en la Corte Suprema por el secuestro calificado de Ricardo León Troncoso. Causa investigada por el ministro de fuero Carlos Aldana.

Luego de un año en que dicha causa se encontraba suspendida en la justicia ordinaria (desde el 13 de julio de 2017), finalmente el TC dictaminó el 6 de agosto de 2018 levantar la suspensión en la justicia ordinaria. Es decir, puede seguir siendo investigada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

En la resolución del TC se señala que la causa ha tenido una “tramitación más expedita” en el contexto de los demás requerimientos que revisa el tribunal, respondiendo a criterios anteriores adoptados por el Pleno, considerando además que se trata de una causa penal y que no se debe afectar el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Así, se acoge la petición de “alzamiento de suspensión” en la justicia ordinaria mientras el TC dicta sentencia sobre la inconstitucionalidad reclamada.

“La segunda sala ha adquirido la convicción de que el alzamiento de la suspensión no impedirá que el tribunal se pronuncie de un modo efectivo y pertinente sobre el fondo del conflicto constitucional planteado”, sentenció tras un año el Tribunal Constitucional.

Distinto razonamiento tuvo el TC respecto a otros requerimientos presentados por Jeldres Rodríguez, uno de los cuales se refiere al proceso penal seguido por el mismo ministro Aldana por el delito de secuestro calificado de Alfredo Becerra Cifuentes, Tomás Eduardo Domínguez Jara y Gustavo Efraín Domínguez Jara, en el cual no se levantó la suspensión. Este proceso se encuentra paralizado en la Corte de Apelaciones de Concepción desde octubre de 2017.

Misma decisión se tomó respecto a otros dos requerimientos también presentados por Jeldres Rodríguez, en las causas en que es investigado por el secuestro calificado de Leopoldo López Rivas y Robinson Ramírez Del Prado y por el mismo delito en contra de Arturo Prat Martí, Gregorio Retamal Velasquez y homicidio calificado de Patricio Weitzel Pérez. Ambas investigaciones se encuentran suspendidas desde febrero de este año.

Distinta suerte tuvo el requerimiento también presentado por Jeldres Rodríguez en mayo de este año, respecto a la causa por homicidio de Gabriel Marcelo Cortez Luna, la que no fue suspendida como lo solicitaba la defensa y siguió siendo investigada por el ministro Aldana.

Asimismo, otra de las causas que los diputados incluyeron en su resolución por presentar varios meses en su tramitación -y que fue resuelta coincidentemente con fecha 6 de agosto- es el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Mario Romero Godoy, ex fiscal militar de Chillán, quien está siendo procesado por la muerte de Rolando Gastón Angulo Matamala, Ogán Esteban Lagos Marín y Bartolomé Ambrosio Salazar Veloz, quienes integraban el Comité Regional del MIR.

Esta causa se encuentra suspendida desde marzo de este año y su último trámite fue que vuelva a verse en el Pleno del TC.

Causas en acuerdo y procesos suspendidos

47 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a causas de derechos humanos han ingresado al Tribunal Constitucional desde el 19 de agosto de 2015 -fecha en que ingresó el primero- hasta el 29 de junio de 2018.

De estos, 23 fueron declarados inadmisibles. De los 24 restantes, en 1 se declaró al inhabilidad de dos de los ministros que verían la causa; 4 están en relación (en espera para ser vistas por el pleno), 7 fueron sentenciados y 12 están en acuerdo, es decir, se hizo la vista de la causa, se escucharon los alegatos y está a la espera de que los ministros dicten sentencia.

Estas 12 causas que están en acuerdo tienen su tramitación suspendida en la justicia ordinaria. De ellas, la mitad podrían retomar su proceso judicial ya que se solicitó el alzamiento de esta paralización. Mientras que las restantes se mantendrán paralizadas hasta que las partes lo soliciten.

Este “descongelamiento” de la causa en la justicia se dictamina por el TC sin pronunciarse sobre el fondo, es decir, mientras se analiza si efectivamente hay un conflicto de constitucionalidad como es solicitado en el requerimiento.

El tiempo que pasa entre el ingreso de un requerimiento y la puesta en tabla de cada una de estas causas es variable, según explican fuentes conocedoras de los procesos vistos por el TC. Si se ingresa un control de constitucionalidad respecto de un proyecto de ley que se encuentre el tramitación, los requerimientos –cualquiera sea su materia- pasan a “segunda prioridad”.

Así, en los últimos dos meses, sólo se han puesto en tabla para ser vistos por el pleno cuatro requerimientos.

Uno de estos es el presentado en abril de este año por el ex coronel de ejército y ex agente de la CNI Carlos Arturo Durán Low, condenado a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autor de homicidio calificado del profesor Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido en septiembre de 1979 en Santiago, la que fue vista por el pleno el 24 de julio de este año (tres meses después de su ingreso).

Respecto a este caso, Durán Low, quien comandaba la Unidad Antisubversiva de la División Metropolitana de la CNI, argumenta que se vulneraría su derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Dicho proceso, investigado por el ministro Mario Carroza, se mantuvo suspendido -según la resolución del 6 de agosto- en la Corte de Apelaciones de Santiago, en donde ingresó para el conocimiento y fallo de los recursos de casación en la forma y apelación de la sentencia definitiva de primera instancia.

Una semana antes, el martes 17 de julio, el pleno del TC revisó el requerimiento presentado por Emilio Sandoval Poo, ex oficial de reserva de la Fuerza Aérea, condenado a diez años por el delito de secuestro calificado del ex sacerdote francés Etienne Pesle de Menil. Dicha sentencia aún no es definitiva, ya que se presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, recurso que buscaba ser paralizado, pero que no fue acogido por el TC. En la misma sesión del pleno se adoptó acuerdo en la causa y se designaron a los redactores de la sentencia.