Londres presenta ley para autorizar la retención de datos de llamadas e emails

El Reino Unido introducirá legislación de emergencia que permitirá a las fuerzas de seguridad retener el poder de obligar a las empresas de internet y de telecomunicaciones a conservar datos de los correos y las llamadas de sus clientes.

En una rueda de prensa en la residencia oficial de Downing Street, el primer ministro británico, David Cameron, anunció que esta legislación será presentada la próxima semana en la Cámara de los Comunes y cuyo objetivo es ayudar a combatir el terrorismo y delitos como el fraude o la pederastia.

No obstante, el Gobierno dejó claro que se restringirá el número de organizaciones que podrán acceder a la información, pues estará limitada a las responsables de mantener la seguridad del país, y la ley sólo será efectiva hasta el año 2016.

La medida se aplicará después de que una directriz europea que pide a las compañías conservar los datos de las comunicaciones durante 12 meses fuera considerada ilegal el pasado abril por el tribunal europeo de justicia.

Es por ello que hay temor -explicó Cameron- de que la información sea destruida en las próximas semanas por empresas temerosas de afrontar problemas legales, por lo que la Policía y los servicios secretos no podrán acceder a los datos de las comunicaciones.

Este proyecto de ley, bajo el nombre de Poderes de Investigación y Retención de Datos, fue debatido y aprobado hoy en una reunión del Gobierno y cuenta con el apoyo de los tres principales partidos políticos, conservadores, laboristas y liberaldemócratas.

“A menos que actuemos ahora, las compañías ya no van a retener datos sobre quién contactó a quien, dónde y cuándo. Y ya no podremos utilizar la información para llevar ante la Justicia a los criminales y mantener seguro el país”, dijo Cameron.

El primer ministro añadió que no se trata de acceder al contenido de las comunicaciones, sino a los datos sobre la fecha, la hora y el día en que se hicieron los contactos. Esta información es utilizada en el 95 % de los casos del delito organizado y también en las investigaciones sobre actividades terroristas en el país.

Es, además, “la base para procesar a pederastas, traficantes de drogas y los que cometen fraude”, añadió.