Fuerzas Armadas aún no devuelven recintos utilizados en violaciones a los DD.HH.
El INDH recomendó devolver los recintos utilizados como centros de detención y tortura para habilitarlos como espacios de memoria, tal como sugirió el informe Rettig hace casi ya tres décadas.
El Informe Anual de Derechos Humanos 2018 del INDH detalló una serie de dificultades que tenían diversas organizaciones en la recuperación de inmuebles utilizados en la comisión de violaciones a los derechos humanos entre los años 1983 y 1990 y que todavía permanecen a manos de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Los integrantes de diversos sitios de memoria, entrevistados en el estudio, coincidieron en que uno de los aspectos más complejos que han debido enfrentar tiene que ver con la destrucción de los espacios físicos, las dificultades para recuperar los inmuebles y la restricción de acceso que imponen las diferentes ramas de las FF.AA.
El experto en conservación y restauración de monumentos, José Piag, aseguró en el informe que algunos casos terminaron en la destrucción de los inmuebles por parte de sus nuevos propietarios con evidentes “intereses políticos”, como sucedió con la Casa Memoria José Domingo Cañas (excuartel Ollagüe de la DINA), en Ñuñoa.
Con aquello coincide el arquitecto y ex preso político, Miguel Lawner, manifestó en un seminario internacional el año 2017 su inquietud respecto a que la demolición de inmuebles del Ejército no sólo afecta su eventual transferencia, sino también su utilización “como medio de prueba para conocer la verdad”.
A pesar de que el Informe Rettig se publicó el 8 de febrero de 1991 y solicitó al Estado, entre otras medidas, realizar gestos de reparación simbólica con el objetivo de reivindicar a las víctimas, en la actualidad se ha logrado recuperar sólo el 46% de los inmuebles protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales para sitios de memoria.
