Triste balance de abusos sexuales en la iglesia: 221 investigados y 248 víctimas
La información surgió en el marco del convenio de colaboración que se firmó entre la Fiscalía Nacional y la Conferencia Episcopal de Chile.
La Fiscalía Nacional informó hoy que existen actualmente 166 investigaciones, 221 personas investigadas y 248 víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la iglesia católica. En abril pasado el balance fue de 246 víctimas, 220 investigados y 164 causas.
El desglose de los investigados consigna 152 sacerdotes, 10 obispos, 9 diáconos,15 laicos, 8 sin información y 27 miembros de órdenes o congregaciones que no son clérigos (hermanos/as). En cuanto a las víctimas, 131 corresponden a niños, niñas y adolescentes, 35 adultos y 82 sin información.
La información surgió en el marco del convenio de colaboración que firmaron hoy el fiscal nacional Jorge Abbott y el secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile (Cech), Fernando Ramos, para favorecer el desarrollo de investigaciones por delitos sexuales cometidos por miembros de la iglesia en contra de menores.
El convenio de colaboración tiene como principal objetivo esclarecer y mejorar el proceso de investigación en este tipo de crímenes, como también preservar la protección a las víctimas y testigos.
Para ello, la Conferencia Episcopal se comprometió, una vez conocidos eventuales hechos criminales, a derivar los antecedentes al Ministerio Público a la brevedad posible, con excepción de quienes se encuentren obligados a denunciar, en un plazo máximo de 24 horas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal.
“Esta es una invitación también para otras congregaciones religiosas, para que poco a poco vayan progresando en torno al compromiso de cooperar con el restablecimiento de la verdad y la obtención de justicia para las víctimas”, declaró Ramos.
La fiscalía, por su parte, asume la obligación constitucional de proteger a las víctimas y a los testigos dentro del proceso penal, donde además reitera su compromiso de otorgar el mayor nivel de confidencialidad, protegiendo la identidad y antecedentes de las víctimas con el fin de cuidar su intimidad, entendiendo la gravedad de estos delitos.
“Llamamos a todas las personas, principalmente a las víctimas, a que hagan las denuncias ante el Ministerio Público y así poder iniciar las investigaciones y establecer la verdad en sus casos y, por tanto, reclamar ante los Tribunales de Justicia las sanciones que correspondan en virtud de los hechos cometidos”, señaló Abbott.
