Conoce los reparos de los recicladores ante Ley marco para gestión de residuos

El Movimiento de Recicladores de Chile se unió a la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA) para dar a conocer ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja, una serie de reparos al proyecto de Ley que busca establecer un marco para la gestión de residuos.

La principal molestia apunta a que la propuesta del Ejecutivo se centra sólo en la responsabilidad extendida del productor (REP) y no involucra en su justa medida a otros actores relevantes, como las municipalidades y el público en general.

Según explicita el Ejecutivo, el proyecto de la REP persigue dos objetivos principales: promover el diseño de productos que procuren el aumento de su vida útil y potencial de valorización; e incentivar la reutilización y valorización de productos al final de su vida útil.

“Ello permite internalizar las externalidades ambientales propias de los residuos (contaminación suelo y aguas, olores, emisiones, vectores), disminuir la disposición final de residuos y, con ello, aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios, y formalizar el mercado de reciclaje existente en el país”, indica el mensaje.

El valor de la comunidad y los municipios

Los recicladores de base llamaron a adoptar precisiones de cara a la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos y revisar la coherencia con las definiciones del proyecto, en particular, las referidas a los recicladores de base.

A su juicio corresponde redefinir y detallar de mejor manera los productos prioritarios y pidieron igualar las condiciones entre los recicladores de base y las grandes empresas para ser gestores autorizados.

Junto con ASIPLA, pidieron mayor participación en las políticas públicas involucradas en este ámbito, por medio de la inclusión en organismos consultivos.

A su turno, el presidente ASIPLA, Julio Compagnon, y la  gerente general de la Asociación, Mariela Formas,valoraron la presentación de la iniciativa, pero subrayaron que si no se incluye a los municipios y la comunidad, la propuesta no tendrá los resultados esperados.

“Es nuestro deber destacar que, sin ellas, el sistema no va a funcionar o va a funcionar tan acotadamente que las metas que se pongan serán incumplibles”, dijo Compagnon.

En el primer eslabón de la cadena, es imprescindible que el consumidor tenga un incentivo a reciclar, plantearon, al tiempo que agregaron que es necesario eliminar la exención del cobre por recolección de basura y aplicar efectivamente el concepto de “quien contamina paga”.

Refutaron el hecho que la propuesta legal no establezca la participación de las municipalidades ni su obligatoriedad, dejando a su voluntad futura la opción de permitir a los productores de materiales reciclados la recolección de los residuos o permitiéndoles imponer un valor sobre mercado, dado que se trataría, en este caso, de un virtual monopolio.

“Es necesario que éstas tengan la obligatoriedad de hacer recolección selectiva costeada o financiada por el productos o, en su defecto, que permitan que el productor haga esta tarea a través de un sistema integrado de gestión. Asimismo, se propone la actuación de la Superintendencia de Medioambiente como ente regulador para los procesos licitarorios y fijación de tarifas”, puntualizaron.

La presidenta de la Comisión, diputada Andrea Molina (UDI), reconoció la presentación de la REP al Congreso es un paso importante, pero estimó que si la iniciativa “no viene con todas patas de la mesa, esto no va a avanzar”.

“La idea es tener un proyecto que tenga viabilidad en el tiempo y que pueda incorporar a todos los protagonistas y creemos que hoy no los incorpora”, dijo.

A juicio de Molina, en estas primeras miradas que se están haciendo al proyecto, se aprecia la necesidad de abordar el tema de los incentivos y las multas; traer a la discusión la participación de los municipios y de las personas en general.

Consideró que hay una gran falta de cultura que debe ser abordada de manera relevante en el proyecto y, en esa línea, planteó necesario efectuar esfuerzos de concientización de la ciudadanía a través de la educación, desde los primeros niveles de formación.

El PC Guillermo Teillier sostuvo que se debe atender la realidad chilena y sus diferentes aproximaciones a la vida cotidiana, ya que habrá sectores, como los más populares, que no responderán con una conducta pro reciclaje sólo porque se les imponga so pena de multa.

“Hay que hacer una política distinta desde el punto de vista cultural. Estoy de acuerdo con que este lo normativo y lo restrictivo, pero sino va acompañado de un sistema destinado a preparar a la gente y que de incentivos claros, será muy difícil que en esos barrios vaya a resultar”, evaluó.

Patricio Vallespín (DC) por su parte, lamentó que el proyecto no aborde íntegramente el tema de los residuos y se limite al tema de la REP. Coincidió con los anteriores en que es fundamental integrar en la ley a los municipios y a la comunidad y llamó al Ejecutivo a abrirse en esta materia.

Criticó que la normativa carezca de una definición respecto del rol de las personas. “Se dice que deberá hacer tal cosa, pero en ninguna parte se indica si ello tiene premio o sanción. Así nadie lo va a hacer sino los que están convencidos de la importancia que tiene y ello tiene que ver más bien con las convicciones personales”, sentenció.