En seis claves: ¿Tiene alguna importancia el nombramiento de un área protegida?

1.- ¿Cómo se define un área protegida?

El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), considera como área bajo protección oficial a “cualquier  porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la  diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”.

A través de la creación del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), dependiente de la  Corporación Nacional Forestal (Conaf) el país ha impulsado la protección  de estas zonas.

Las primeras áreas protegidas públicas en Chile datan de 1879, cuando se estableció una amplia Reserva de Bosque en la zona andina, entre Concepción y Puerto Montt. A partir de la labor de personas como Federico Albert, a comienzos del siglo XX se impulsó en el país el desarrollo de una institucionalidad para la Conservación de la flora y la fauna.

2.- Cuántas existen en Chile

Hoy el SNASPE cuenta con 99 unidades, distribuidas en 34 Parques Nacionales, 49 Reservas Nacionales y 16 Monumentos Naturales, en total cubren una superficie aproximada de 14 millones de hectáreas, equivalentes al 19% del territorio nacional.

Un 84% de la superficie protegida por el SNASPE se encuentra entre las regiones australes de Aysén y Magallanes,
mientras que en Chile Central las regiones de Coquimbo, del Maule y Metropolitana de Santiago tienen menos de 1% de su territorio incluido en el sistema.

Tras la promulgación en 1994 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA) y su modificación de 2007 , se amplió la definición de Área Protegida a múltiples figuras de protección terrestres y marinas vigentes en Chile, dependientes de diferentes organismos públicos.

No obstante, a diferencia de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del SNASPE, no existen mecanismos estandarizados de administración o Manejo para estas figuras. A esto se suman los problemas económicos, legales y administrativos que enfrenta en el SNASPE, señala Parques para Chile.

3.- ¿Qué implicancias tiene este rótulo?

Alberto Tacón, encargado de Áreas Protegidas de la ONG conservacionista WWF Chile  explicó a El Dínamo que en el país existen diversos tipos de áreas protegidas con sus propias categorías que determinan qué tipo de actividades están permitidas. “En los parques nacionales sólo se admite la conservación y uso público pero sin posibilidades de extraer nada como por ejemplo la madera que se produzca dentro. De hecho, no se pueden desarrollar proyectos hidroeléctricos ni de minería”, explica. 

En las reservas nacionales y forestales, en tanto, continua Tacón, “se admite un manejo de los recursos con un plan sustentable en una figura más flexible. Pero tanto en los parques como en las reservas no hay gente viviendo dentro. pero si poseen zonas de influencia en las que las comunidades debieran favorecerse con la conservación pudiendo hacer uso de los recursos que hay en el área o que puedan desarrollar actividades turísticas”.

De cara a los santuarios de la naturaleza que son más amplios en territorio, si pueden haber hasta pueblos dentro, apunta el experto. “Allí se da una figura de protección que regula las actividades que se desarrollan dentro pero no hay un ente que administre, el Ministerio de Educación es el encargado de supervisar que se cumpla con la normativa”.

4.- Al debe con las comunidades vecinas

Tacón es enfático al indicar que de cara a la entrega de beneficios del algún tipo a las comunidades que viven en torno a estas zonas “todavía no hay nada sistemático a nivel de la institucionalidad. No se ha generado todavía un programa de ayuda”.

Sin embargo, se apura a indicar que, a nivel puntual, si existen algunas iniciativas destacables. “En algunas regiones ha habido algunos proyectos que apoyan o incentivan el emprendimiento en las áreas protegidas con un enfoque sustentable. En la región de Los Ríos se acaba de terminar una iniciativa que permitió financiar unos 25 proyectos de comunidades y emprendedores que desarrollan turismo, recolección de frutos silvestres u otras actividades en torno a las áreas protegidas y esos recursos fueron administrados por Conaf con recursos del Fondo de desarrollo regional”.

“En la región de Los Lagos hay un programa similar a cargo del Ministerio de Medio Ambiente que también favorece a las comunidades que en el entorno de parques nacionales. También hay otra experiencia muy interesante de manejo y cogestión de parte de comunidades indígenas en la zona del Salar a de Atacama, quienes administran y actúan como guardaparques en una parte de la reserva nacional de flamencos. Así las comunidades se benefician del turismo y tienen un rol protagónico en la conservación”, señala el experto y subraya que “esta misma figura de manejo se podría aplicar en mucho más áreas protegidas que están en zonas indígenas, pero lamentablemente no hay ninguna política publica al respecto”.

5.- ¿Y los privados?

La ley 19.300 también apunta a los privados que quieran aportar terrenos para su conservación, indicando que “el Estado fomentará e incentivará la creación de áreas silvestres protegidas de propiedad privada, las que estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y cargas que las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado”.

Pero, al igual como con las comunidades vecinas a los parques, reservas y santuarios no existe una política de beneficios para ellos.  En todo caso, Alberto Tacón señala que “lo que si estamos trabajando con varias organizaciones es que aquellos propietarios que quieran crear áreas protegidas privadas, es decir, que destinen su predios a la conservación, accedan a algún régimen de exención tributaria por parte del Estado, pero se trata de una idea que aún esta en proceso, hay varias propuestas incluso en el Parlamento pero no se ha concretado”.

“La idea es que quienes destinen sus predios a la conservación tengan un incentivo económico que les permita recibir una línea de financiamiento a lo mejor a través de Sercotec o alguna otra institución para financiar precisamente el pago de las contribuciones de estos predios que son para conservación”, sostiene.

6.- Atraso frente a las áreas marinas

La conservación del espacio marino público es otro punto en el que Chile está atrasado. “Hay una deuda enorme para generar áreas protegidas de este tipo y la inclusión de mecanismos de manejo con la participación de las comunidades costeras” señala el experto de WWF Chile.

“En este ámbito también de dan experiencias puntuales pero tampoco existe una política de Estado por lo que es más que necesario que Chile se ponga al día”, sentencia.

Bonustrack: El Legado Bicentenario

El Legado Bicentenario, impulsado por el Gobierno de Sebastián Piñera como una suerte de sello de su mandato, busca rescatar espacios públicos con historia, valor simbólico y conectados a la identidad nacional, con el fin renovarlos y devolverlos al uso de la comunidad y de esta manera, aportar en mejorar la calidad de vida de los chilenos.

El programa incluye  un total de 100 iniciativas promovidas desde la Presidencia y distribuidas a lo largo y ancho de Chile, con una inversión total que supera los US$ 800 millones. Éstas no sólo apuntan a la conservación de la Biodiversidad, parques, reservas y zonas de conservación de nuestra flora y fauna, también incluyen el Rescate Patrimonial de construcciones, espacios cívicos y parques urbanos, espacios culturales, centros deportivos.

“A través de obras muy concretas, el Legado Bicentenario rescata nuestro patrimonio y lo prepara para que lo gocen las futuras generaciones, dejando así una importante herencia material de este gobierno”, puntualiza la web del Gobierno. 

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