Judicialización de proyectos: Las 15 iniciativas frenadas equivalen al 61% de la potencia instalada

Ya no es una novedad ver cómo proyectos especialmente los de generación eléctrica, pese a lograr aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental y del Comité de Ministros, terminan bajo la lupa de instancias del Poder Judicial chileno, y aunque algunos logran superar con éxito este escollo, las demoras y el alza de los costos dilatan su puesta en marcha.

Mientras el sector eléctrico conserva atractivo para la inversión tanto en el marco regulatorio como porque los precios ofrecidos siguen siendo atractivos para desarrollar proyectos, a su turno, las comunidades se han empoderado llevando su rechazo hasta los tribunales.

El documento elaborado por los expertos Sebastián Bernstein, Gabriel Bitrán, Alejandro Jadresic y Marcelo Tokman para la CPC abordó el panorama que marca al sector, indicando que “el problema no es la falta de interés en invertir, sino la dificultad para concretar proyectos debido a la creciente oposición de grupos ciudadanos y a las trabas políticas, administrativas y judiciales que se han ido generando”, consigna Estrategia.

Tras el caso de la termoeléctrica de Barrancones que sobresale como el principal referente del rechazo ciudadano, a continuación se han sumado los casos de HidroAysén, incluyendo a las hidroeléctricas en las judicializaciones. Se pensó entonces que las centrales con base en ERNC tendrían el camino despejado, pero los recursos presentados contra El Tatio, Tagua Tagua y el Parque Eólico de Chiloé, dijeron lo contrario.

Hoy el sector enfrenta una crisis debido a que la espera y los altos costos con el paso del tiempo han llevado a que, además de Barrancones, cayeran otros proyectos.

Y es que un total de 15 proyectos energéticos más emblemáticos han sido judicializados, sumando 11.355 MW de potencia, la mayor parte de estos destinados al SIC, lo que equivale al 60,8% de la potencia total instalada actualmente en el SIC y el SING. Destaca el aporte que significarían las centrales HidroAysén (2.750 MW), Castilla (2.354 MW) y Energía Minera (1.050 MW).

Se esgrimen diversas razones para justificar este fenómeno de la judicialización. Algunos creen que desde el minuto en que el mismísimo Presidente Piñera intercedió en la bajada de la Central Barrancones, significó el punto de partida para un verdadero desfile de proyectos por los tribunales del país. Otros consideran factores externos, como la falta de confianza de las comunidades en las instituciones gubernamentales.

Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas A.G, apunta que el problema se liga con la falta de canales institucionales que permitan evitar la llegada de estos proyectos a tribunales. “La judicialización de proyectos es, en definitiva, la consecuencia de conflictos e indefiniciones que no hemos sido capaces de canalizar adecuadamente como sociedad. Por eso, en nuestra opinión este fenómeno no es la causa sino la consecuencia de un problema mas profundo de falta de canales institucionales que permitan encauzar de manera más efectiva los puntos de vista y preocupaciones de la sociedad”, señala.

Por su parte, Francisco Aguirre, director de Electroconsultores, agrega que existen otros factores ocultos que son importantes a la hora de que estos proyectos lleguen a tribunales. “También hay causas relacionadas con el incentivo perverso de la notable rentabilidad económica para los abogados patrocinantes que se han especializado en los ‘agujeros del sistema’ para oponerse a proyectos de inversiones millonarias, en la rentabilidad social que para algunos magistrados les permite la ocasión de hacer notar su poder en temas de índole técnico que no son de su dominio, en la rentabilidad política de quienes defienden intereses de grupos reducidos olvidando los intereses nacionales”, sentenció.