HidroAysén: Los escenarios tras la definición del Comité de Ministros

Tras más de siete años de tramitación y espera, este martes 10 de junio el polémico megaproyecto HidroAysén, impulsado por la sociedad formada por Endesa (51%) y Colbún (49%) y en el que ya se han invertido US$320 millones, tendrá por fin una definición sobre su futuro.

La mirada de los ciudadanos y grupos ambientalistas, organizados en torno al Consejo de defensa de la Patagonia (CDP), es optimista. El secretario ejecutivo de la organización tras la campaña Patagonia sin Represas, Patricio Rodrigo, adelantó cómo auguran que los ministros de Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Economía, Energía y Minería optarán por un rechazo unánime, que dejará sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que la Corema de Aysén entregó a la firma en mayo de 2011, lo que se traduciría en un 6 a 0, o a lo más en una votación 5 a 1, según él.

El pasado 26 de mayo, la misma HidroAysén, ya se encargó de adelantar a través de un documento de más mil páginas un escenario poco favorable para sus intereses, al tiempo que mencionó una posible “hibernación“. Asimismo, la semana pasada el presidente de la generadora Colbún, Bernardo Larraín Matte, llamó a “no dramatizar” por la resolución e indicó que “esta es una etapa más de la institucionalidad ambiental y en función de la resolución que el Comité de Ministros adopte, los distintos actores que están participando podrán definir si recurren a la instancia siguiente que es el Tribunal Ambiental”.

De ahí que los opositores a HidroAysén, apuesten por celebrar el martes -con bombos y platillos-  en Santiago y en Aysén la lapida al proyecto, junto a la instauración del primer Día de la Patagonia.

En este contexto, Rodrigo subraya que el portazo debiera ser “definitivo y absoluto”, lo que llevará a que la iniciativa que apuntaba a levantar cinco centrales hidroeléctricas, dos en las inmediaciones de los río Pascua y tres en el río Baker en la XI región, más una extensa línea de transmisión con una capacidad instalada de 2.750 MW, “quedará en el archivo y el olvido y podremos entrar en una nueva etapa en la que se pueda discutir una matriz sustentable y territorialmente bien localizada, con participación ciudadana con ordenamiento territorial, generación distribuida, uso de las energías renovables y de la eficiencia energética”.

Con una mirada un poco más cauta, Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, sostiene que “es difícil decir que uno tiene confianza, tenemos más bien esperanza por las -reiteradas- declaraciones de la Presidenta Bachelet de que el proyecto no le gusta y la decisión la toman seis ministros de su exclusiva confianza, por lo que entendemos que hay una decisión política, que cuenta con un respaldo técnico, que precisamente coincide con todos los argumentos que hemos expuesto en estos años y que indican que este es un proyecto lleno de irregularidades, con vacíos en sus resolución ambiental y que finalmente no genera beneficios ni para la patagonia ni para Chile”.

“Mañana termina un proceso administrativo de evaluación del proyecto y con esta última cita del Comité de Ministros culmina una etapa, sin embargo, aún restan una serie de acciones que pueden desplegarse tanto del lado de la empresa como de nosotros como parte del CDP”, manifiesta la ambientalista.

Las cartas de la empresa

Y es que no se puede dejar de mencionar la alternativa de que, tras una decisión desfavorable para ellos, HidroAysén opte por judicializar el caso a través de un recurso ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia en contra de la decisión del Comité de ministros. Una posibilidad que fue confirmada por el propio ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier quien dijo a El Dinamo que “esas son las reglas del juego y no tiene nada de malo. Lo importante es que sean decisiones fundadas”.

El argumento de la compañía se ligaría con la defensa de la autorización ambiental recibida a nivel regional y que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Corte Suprema en el mismo año 2011, cuestión para la que cuentan con un plazo de 30 días, tal como apunta Flavia Liberona. Otra opción apuntaría a que la firma acuda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), ya que el Gobierno de Sebastián Piñera no habría cumplido al dilatar por casi tres años las 35 reclamaciones presentadas tanto por la firma como por los opositores frente a la RCA.

“Están en su derecho y podrán patalear todo lo que quieran, pero el proyecto no cumple con la ley, también es cierto que la institucionalidad no ha funcionado bien, que no ha dado el servicio público que debiera haber dado, pero no hay que olvidar tampoco que aquí la cosa está dividida entre dos empresas bien distintas” sostiene Patricio Rodrigo.

El secretario ejecutivo del CDP detalla que por un lado está Endesa, “una firma internacional ligada en Enel en Italia y Endesa España que ya se han apropiado de las aguas de Chile y la otra, una empresa chilena de la familia Matte que no creo que esté dispuesta a pleitear contra el Estado y enemistarse contra todo un país porque ellos van a seguir permaneciendo en Chile; mientras que la otra, por su carácter especulativo, si mañana hay negocio en Ucrania se irá para allá o si es mejor partirá a Colombia”.

Respecto a un escenario positivo para HidroAysén, Rodrigo señala que sería “lamentable y un retroceso para el país”. A su juicio, los ciudadanos esperan que el nuevo gobierno apueste por su mirada y no la del empresariado, es decir, que no prime “el interés corporativo de las grandes empresas que manejan el poder económico y que el gobierno no se subordine a ese poder sin defender los intereses de la gente por el medio ambiente”. Y se apura a agregar que este escenario negativo, “lo damos casi por descartado porque no creemos que el gobierno vaya a cometer el magno error en elegir el camino de la ingobernabilidad”.

En ese mismo contexto negativo para Patagonia Sin Represas, la directora de Terram apunta que “nosotros también tenemos otras acciones legales en curso desde antes y que no mueren, más allá de que el proyecto sea aprobado o incluso rechazado, y que tienen que ver básicamente con cuestionamientos a los derechos de aguas que están en juego hoy”.

“Por más de siete años hemos hechos todo lo que están a nuestro alcance para demostrar que este es un proyecto que le hace mal a Chile que no es un proyecto país y además nos ha permitido poner en la agenda el tema eléctrico, el medio ambiente y el rol de las regiones”, sentencia Flavia Liberona.