Educar no es solo transmitir contenidos. Es formar personas capaces de vivir en sociedad, lo que exige normas claras y consecuencias frente a su incumplimiento. Sin autoridad en la sala, no hay aprendizaje posible. Sin responsabilidad, no hay comunidad que funcione. Y sin libertad para educar, no hay diversidad ni verdadera calidad.
Chile necesita volver a crecer. Y para eso, necesita reglas que premien la inversión, la innovación y el trabajo. Los impuestos deben estar al servicio de ese objetivo, no en su contra.
En 1827, en los albores de la República, un diario advertía sobre el deterioro de la figura presidencial: “Habéis hecho de él un hombre nulo, y por esto solo habéis lastimado en lo más vivo la dignidad de la nación que él solo representa” (citado en CID, GABRIEL. 2019. Pensar la revolución. Historia intelectual de la independencia chilena. Ediciones UDP, p. 220).
A 35 años de su muerte, las propias palabras de Jaime Guzmán iluminan el debate actual sobre el indulto presidencial: justicia y perdón, lejos de oponerse, se complementan.
Al gobierno actual le está tocando pagar la fiesta del gobierno anterior. Pero el problema de fondo no es solo financiero o técnico. Es también político. Porque cuando el Estado se expande sin control y gestiona mal, no solo gasta más, sino que se vuelve una carga para las familias.
Cuando la oposición confunde fiscalización con obstrucción, o crítica con espectáculo, pierde de vista lo esencial: contribuir a que el país funcione mejor.
Un lienzo con el Presidente Kast apuntado con una pistola en la cabeza en el Instituto Nacional. Un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas. El exconvencional Rojas Vade es encontrado maniatado y con consignas de violencia política escritas en su cuerpo. Ataques con piedras a autos y transeúntes durante el cambio de mando.
Es cierto que Chile tiene una de las legislaciones más flexibles en la región para que los extranjeros voten: basta con cinco años de avecindamiento. También es cierto que son casi 900 mil las personas extranjeras habilitadas para sufragar, más del 5% del padrón electoral. Lo inesperado es que sea justamente este gobierno el que busque restringir ese derecho.
La mejor forma de ilustrar la relevancia de la fiscalización, es citando al diputado Leiva (PS), tras el escándalo por la liberación del sicario de Meiggs: “No me vengan con más leyes. Aquí todos los instrumentos están.” Lo que falta, simplemente, es voluntad.
Pocos chilenos tienen buenos recuerdos de sus trámites ante notarios o conservadores: precios altos, largas esperas, horarios reducidos y formalidades ficticias (“firmó ante mí”). Pese a su impopularidad, incluso la Convención Constitucional los “ignoró”. Por eso, es útil recordar qué son y qué función cumplen: notarios y conservadores son auxiliares de la administración de justicia, sirviendo como ministros de fe y administradores de registros públicos (incluyendo escrituras, propiedades, derechos de minas, aguas, sociedades, etc.)