Prisión preventiva y falta de debido proceso: las cifras que desmienten a Adriana Muñoz

En el marco del debate para un indulto a los detenidos del estallido social, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), aseguró que existen cerca de 800 personas detenidas en el contexto del 18-O que han estado en prisión preventiva por más de un año, agregando que no han tenido el debido proceso judicial, lo que es falso.

Junto a los senadores Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO), Muñoz ingresó el proyecto tomando como base datos de personas que se encuentran en prisión preventiva.

“Hay casi 800 personas que están en prisión preventiva, que no tienen proceso alguno”, afirmó Adriana Muñoz en entrevista con Radio Cooperativa, algo que los datos oficiales desmienten.

Respecto del número de formalizados en el marco del estallido social, la Fiscalía Nacional indicó que al 16 de octubre de 2020, la cifra llegaba a 5.084 detenidos, de los cuales 648 se encuentran en prisión preventiva, 10 de ellos por atentados al Metro de Santiago.

En tanto, el Defensor Nacional, André Manhke, aseguró hace un par de días a El Mercurio que -según las cifras que maneja la defensoría- 16.600 personas fueron detenidas entre el 19 de octubre y el 31 de diciembre por delitos vinculados al “estallido social”, de los cuales 1.360 quedaron en prisión preventiva. Sin embargo, actualmente sólo habría 68 personas en esa condición.

“De esos 68, hay 18 que fueron detenidos y no quedaron en prisión por los incidentes, sino porque tenían causas pendientes (…) De los 50 casos que están atendiendo hoy, sólo tres tienen como motivación principal la protesta social”, agregó Manhke, descartando que la tesis de presos políticos en Chile.

¿Hay debido proceso en Chile?

Más allá de las cifras de detenidos en prisión preventiva, la afirmación de Adriana Muñoz respecto del debido proceso también es falsa, ya que han pasado por audiencias y formalizaciones, siendo la privación de libertad dictada por un tribunal.

Consultado por la materia, el abogado Mauricio Duce, director de Espacio Público y académico de la Universidad Diego Portales, afirma a EL DÍNAMO que “el problema de este debate es que falta evidencia para determinar primero cuáles casos son efectivamente por el estallido y, segundo, ver la situación concreta de esos casos”.

Para el abogado, al momento de hablar del indulto el debate ha girado a una “sobregeneralización” a partir de casos específicos. “Nuestro sistema judicial tiene mecanismos para asegurar el debido proceso (…) efectivamente pueden haber casos en donde no se haya respetado, pero es un análisis que se tiene que ver caso a caso y no a través de una generalización“, agrega Duce.

El director de Espacio Público además reconoce que el debate sobre la duración de la prisión preventiva no sólo se ha dado en el marco del estallido social, sino que ronda por al menos 10 años. “La prisión preventiva debiera ser en casos excepciones, pero en Chile tendemos a ocuparla”, explica el abogado.

Además, el contexto de pandemia también puede haber influido en la extensión de la medida cautelar. “Los plazos de los casos más complejos -los que requieren prisión preventiva- se han extendido, y ahora por el COVID-19 se generó un escenario nuevo e inesperado con el sistema parando por meses los juicios orales“, indica Mauricio Duce.

“Los casos del estallido coinciden en un periodo previo a la pandemia, por lo que es probable que haya existido un impacto en sus proceso, pero como también lo puede tener en todas las personas que estaban esperando un juicio que no tenían nada que ver con el estallido”, agrega el académico.

“El impacto no lo sabemos aún, porque no hay datos. Tampoco se puede decir que las 800 personas que dice están en prisión preventiva -dato que no sé de dónde lo saca- llevan más de un año privados de libertad, porque pueden incluso ser detenidas la semana pasada. Esas cosas hay que evaluar para tener un debate en serio”, concluye Mauricio Duce.