Ministerio de Justicia, Servicio Civil, Poder Judicial, Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, universidades y empresas de tecnología jurídica tenemos que trabajar juntos y aportar desde nuestras respectivas experiencias. En octubre podrá cambiar el titular de una notaría, pero lo que no puede cambiar es la confianza de las personas en la fe pública.
El éxito de esta política no debería medirse solamente por la cantidad de créditos que se cursen o por la velocidad con que se cursen. Antes, deberíamos preguntarnos cuántas familias que no podían comprar lograron finalmente hacerlo.
Más allá de la falta de caja, es razonable esperar medidas que busquen amortiguar el impacto en los hogares y en la actividad productiva. Entre las alternativas de corto plazo podrían considerarse ajustes tributarios específicos, como reducciones temporales del IVA aplicado a combustibles o productos de primera necesidad, así como incentivos que permitan sostener la actividad económica.
La reiteración de fraudes notariales en Chile revela fallas estructurales en la verificación de identidad. Tecnología, trazabilidad y presencia efectiva del notario aparecen como medidas urgentes para proteger la fe pública.
No se trata de frenar el acceso a la vivienda, sino de protegerlo de prácticas que aparentando ser un beneficio inmediato, representan un riesgo para los consumidores y la estabilidad del mercado. El acceso a la vivienda no se fortalece “inflando” el valor de los activos, sino con reglas claras, precios reales y libre competencia.
Este caso nos recuerda que el riesgo no está solo en los grandes fallos, sino también en los espacios donde la fe pública se ejerce. En Chile, miles de trámites dependen cada día de la fe notarial: desde poderes y mandatos hasta escrituras, contratos de arriendo o constitución de sociedades.