Es importante entender que en Chile existe un sistema de integración del impuesto a la renta que pagan las empresas con aquel que afecta a sus dueños cuando reciben retiros, remesas o dividendos, mecanismo que nunca ha sido eliminado, pese a la insistencia de algunos desinformados y apasionados políticos.
La cuestión no consiste en elegir entre beneficiar al inversionista chileno o al extranjero. Si queremos un mercado de capitales competitivo, debemos entender que la competencia de nuestros gestores no son solamente las demás empresas establecidas en Chile.
Si bien este modelo no es enteramente nuevo, pues ya tuvimos en Chile, a comienzos de este siglo, el denominado “mercado de empresas emergentes”, que no alcanzó mayor desarrollo, considero que es una herramienta que hoy podría encontrar condiciones más propicias.
No basta con identificar una base imponible, establecer una tasa y proyectar una recaudación. Los contribuyentes reaccionan frente a los impuestos: modifican sus decisiones, sustituyen activos, cambian la oportunidad de sus operaciones o simplemente dejan de realizarlas. Y, además, no todos los actores del mercado enfrentan el mismo tratamiento tributario.
El Gobierno obtuvo con esta reforma un éxito político y legislativo indudable. Pero sería un error concluir que el resultado demuestra por sí mismo la superioridad técnica de todas sus disposiciones o que podrá reproducirse automáticamente en futuras iniciativas.
Veamos cómo es recibida esta nueva ley, que todavía se encuentra entredicha y cuya tramitación aún no termina. Falta, además, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre algunas de sus disposiciones. Y aquello tampoco es económicamente indiferente: las instituciones, sus decisiones y la certeza que ellas sean capaces de proporcionar también influyen sobre la confianza y las expectativas.
Chile debe ofrecer una normativa atractiva para competir con los mecanismos de estabilidad e invariabilidad existentes en Perú y Argentina, especialmente cuando el gobierno trasandino ha promovido un conjunto de disposiciones particularmente atractivas para captar inversión extranjera.
Desde la perspectiva del inversionista, postergar la firma del convenio deja de ser una demora y pasa a convertirse en una decisión financieramente racional. Cada año de espera permite asegurar una menor carga tributaria durante toda la vigencia del contrato.
Sorprende que parte importante de la discusión pública se haya concentrado en un supuesto "congelamiento" de la recaudación futura, cuando el verdadero efecto de la invariabilidad parece ser bastante más acotado. Antes de atribuirle un costo fiscal que podría comprometer a futuras administraciones, convendría distinguir entre una disminución efectiva de la carga tributaria y una simple modificación en el calendario de pago de los impuestos.
Más que el resultado de un diseño técnico cuidadosamente elaborado, la nueva disposición refleja el desenlace de una negociación política en la que cada actor procuró resguardar sus propios objetivos. Y, como suele ocurrir en política tributaria, las convicciones técnicas terminaron cediendo espacio a las concesiones propias de todo acuerdo.