En Chile, un 60% declara mucha o alguna confianza en las Fuerzas Armadas, situando al país entre los niveles más altos de América Latina (Corporación Latinobarómetro, 2024). Pero la confianza jamás debiera convertirse en un cheque en blanco.
En Chile se ha instalado una peligrosa comodidad: exigir resultados a los profesores mientras se relativiza el rol formativo del hogar. Se critica el SIMCE, la PAES o los resultados PISA, pero poco se discute sobre lo que ocurre en la mesa familiar a las diez de la noche, cuando un niño sigue con el celular en la mano en vez de estar descansando.
Decirle adiós a séptimo y octavo básico no era un gesto simbólico. Era una declaración ética y pedagógica: poner el desarrollo de niños, niñas y jóvenes en el centro del sistema.
El episodio del SLEP de Atacama no es una anécdota ni un error menor: revela una forma de entender la gestión educativa que contradice el sentido y la legitimidad de la nueva educación pública.
Chile inicia un nuevo período presidencial y, con ello, una nueva etapa para las políticas públicas en educación. La tentación de comenzar de cero vuelve a aparecer, como si cada gobierno pudiera reinventar el sistema a su antojo. La evidencia internacional ha sido clara y persistente.
Si el barrio es uno de los mejores predictores de la vida, entonces no basta con lamentarse: hay que intervenirlo pedagógicamente.
Esta crisis silenciosa no se resuelve con decretos, sino con una mirada humana. Hay que cuidar a las escuelas pequeñas, proteger a sus maestros, y entender que cada cierre arranca una raíz del territorio. En tiempos donde el país se contrae, la escuela debe expandir su sentido: volver a ser refugio, comunidad y esperanza.
La pregunta es inevitable: ¿haremos de la asistencia escolar una prioridad real o seguiremos normalizando la ausencia como si fuera inevitable? El futuro no espera.