Este martes, en el Diario Oficial, se publicó la Ley de Educación Superior, iniciativa impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet.
Junto con ello, también comenzaron a correr ciertos plazos que establece la nueva legislación. Es así como se dio paso a la cuenta regresiva de los 365 días fijados para designar al personal de las nuevas superintendencia y subsecretaría del ramo.
Pero el plazo más inmediato son los 60 días que tienen las 33 universidades y los 15 centros técnicos que están adscritos a la gratuidad para decidir si se mantienen o abandonan esta política de financiamiento. Es que existen ciertos problemas financieros asociados a la fijación de aranceles -que actualmente aplican hasta el sexto decil más vulnerable- que han hecho que algunos pongan en duda su continuidad.
Es que con la nueva legislación, la gratuidad tendrá un cambio en sus reglas y fijará los aranceles que pagarán los alumnos pertenecientes desde el séptimo al noveno decil. Además, quienes no tengan este beneficio no podrán pagar más allá del 40% del arancel regulado en el caso del séptimo y octavo decil, y un 60% más en el caso del octavo decil.
Este nuevo escenario es el que los rectores de las universidades Alberto Hurtado y Diego Portales calificaron de alto riesgo, por lo que aparecen como las con mayor riesgo de abandonar la política pública, consignó La Tercera.
