A propósito del proyecto Aula Segura
"Parlamentarios cuyos hijos se desenvuelven en contextos protegidos o que se educaron en colegios de elite, no tienen idea de lo difícil que es enfrentarse cada vez con más frecuencia a situaciones de violencia".
Mariana Aylwin es Profesora de origen, política por vocación y a mucha honra. Directora Corporación Educacional Aprender.
Los argumentos para oponerse al proyecto aula segura denotan una lejanía total de la realidad, de las graves situaciones que hoy afectan a los establecimientos educacionales y los sentimientos y nefastas consecuencias que ellos provocan en las comunidades educativas.
Parlamentarios y políticos cuyos hijos se desenvuelven en contextos protegidos o que se educaron en colegios de elite, no tienen idea de lo difícil que es, para directores y docentes enfrentarse cada vez con más frecuencia a situaciones de violencia, muy difíciles de manejar.
Menos cuando prima una cultura de derechos sin restricciones y las posibilidades de resolver los problemas dentro del establecimiento educacional están muy limitadas.
Hoy todo culmina en la Superintendencia de Educación, cuando no en la Fiscalía.
Un ejemplo que conozco, un estudiante llega con un arma de fogueo al colegio, se trata de un estudiante con un historial de conductas violentas al cual por años se ha atendido con especial preocupación. El reglamento dice que el alumno que porte un arma tiene una sanción de expulsión. La familia recurre a la Superintendencia, ésta estima que no se cumple con el reglamento puesto que el arma es de fogueo y además el alumno no hizo uso de ella. Por lo tanto, no corresponde la expulsión. Entre medio, los padres de sus compañeros reclaman que el colegio no toma medidas. La señal: un estudiante puede ir con un arma, siempre que sea de fogueo y no la use, aunque la comunidad educativa tenga un reglamento distinto. Mientras la Superintendencia responde pueden pasar semanas. No hay sanción. El estudiante vuelve a clases jactándose de su hazaña. Los jóvenes sienten que no tienen límites. La autoridad de directores y docentes está cuestionada, en nombre de un supuesto derecho a la educación.
Este ejemplo es pálida sombra de lo que han vivido algunos liceos emblemáticos donde estudiantes encapuchados se permiten rociar con parafina a sus profesores, tirar bombas molotov, destruir la infraestructura escolar. El punto es que, cuando dentro de los establecimientos educacionales no se pueden tomar resoluciones oportunamente y sancionar este tipo de conductas con severidad, la comunidad entera se ve resentida.
Bajo la noción de que sólo los derechos valen, los adultos no estamos ejerciendo un acompañamiento a nuestros adolescentes que requieren límites para poder desarrollarse en plenitud. Estamos formando para una sociedad en que todo vale, laxa en sus valores, sin exigencias, individualista , en definitiva, una sociedad donde sólo vale el derecho individual y no importan los demás ni la responsabilidad por la comunidad.
En el debate binario que se está produciendo en la sociedad contemporánea- no solo en Chile- entre quienes priorizan los derechos por sobre el bienestar común y los que priorizan la seguridad con medidas punitivas, es una simplificación. No se trata de elegir uno sobre otro. Se trata de hacer un debate razonable, que ponga el foco en cómo queremos que nuestras escuelas puedan cumplir su rol formador.
Los argumentos sobre el contexto social o sobre la base de garantizar el derecho a la educación tal como se ha dado , terminan justificando la violencia. La respuesta no puede ser que la sociedad renuncie a dar un signo claro de rechazo de la violencia , especialmente para los adolescentes. Hay formas de hacerse cargo del contexto y el derecho a la educación, es urgente ampliar las opciones de segunda oportunidad con programas especiales, pero no dentro de los establecimientos, porque en estos casos no se trata de inclusión, se trata de obligar a los colegios a hacerse cargo de una violencia social que no tiene cómo enfrentar, de estudiantes coptados por grupos organizados anarquistas o carteles de narcotraficantes .
Si la sociedad chilena no se toma en serio sancionar estas conductas y establecer otros cauces para reinsertar a estos jóvenes, estamos preparando la llegada de un Bolsonaro , porque los chilenos comunes y corrientes no entienden que estas conductas no tengan sanciones efectivas y sigan repitiéndose como si fueran aceptables.