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Actualizado el 25 de Noviembre de 2020

Inclusión con libertad

"La desigualdad en materia de educación no se debe a la selección, sino que, a la diferencia de calidad entre la educación pública, en general, y la privada".

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Alejandro Gómez es Académico Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. U. San Sebastián

Esta semana el Ejecutivo envío el proyecto sobre admisión justa al Congreso Nacional. Lo que busca el proyecto de ley es instaurar la selección por mérito en liceos de excelencia. Este proyecto ya ha causado el rechazo de la oposición, el cual pretende modificar el actual sistema de admisión escolar.

Las libertades educacionales como el blindaje del derecho a la educación y, a la larga, de la democracia misma se debe a que la libertad es esencial en un sistema de educación, ya que la libertad es esencial para el ser humano. Esta libertad debe impregnarse en toda la sociedad y, por cierto, en todo el sistema educativo.

La cohesión social y la igualdad de oportunidades, no puede oponerse a la libertad, ya que si esto pasara se estaría contradiciendo las bases mismas del sistema democrático. En una sociedad democrática y pluralista no puede imponerse un modelo educativo a las minorías so pretexto de que éste sea el querido o deseado por la mayoría. Los que no adhieren a los principios, valores, creencias religiosas o morales del segundo, no se les puede imponer una visión o modelo educativo no pluralista. Debe existir la libertad de “escoger al propio maestro”, para crear diferentes proyectos educativos que respondan a diferentes pensamientos y visiones del mundo.

No puede desconocerse la función social que tiene la educación, la cual le corresponde en primer lugar a los padres y la sociedad civil, y, por último, en virtud del principio de subsidiariedad, al Estado. Al Estado le toca garantizar un sistema gratuito en aquellos casos que la educación sea obligatoria, creando una obligación para el mismo. No se trata de que la calidad de la educación pública sea superior o inferior a la educación privada (ojalá fuera mejor o de igual calidad), el tema finalmente tiene que ver con las libertades y el derecho de los padres a educar a sus hijos, de elegir la educación que quieren para ellos.

El Estado debe asegurar que las libertades educacionales y derechos de la educación se hagan realidad. No se trata de una cuestión de medios económicos, ya que si así fuere habría una clara discriminación con aquellos padres que no quieren una educación pública para sus hijos y quieren darle una educación privada basada en una religión, por ejemplo.

Atribuir la segregación que existe en materia de educación a la selección me parece un error. La desigualdad en materia de educación no se debe a la selección, sino que, a la diferencia de calidad entre la educación pública, en general, y la privada.

Lo que no se puede permitir son criterios discriminatorios en los procesos de selección. Que existan establecimientos educacionales que excluyan a familias se debe a una mala implementación del sistema, falta de fiscalización y control de los organismos encargados de velar porque no se discrimine en este proceso. Los criterios de selección deben ser claros, ajustados a la Constitución y la ley, despejando toda duda de discriminación arbitraria, no basada en la idoneidad o capacidad personal, tal y como lo establece nuestra Constitución y otros factores relevantes para el proyecto educativo del colegio y su adhesión por parte de los estudiantes y apoderados.

El sistema que exista no debe ser discriminatorio, sin anular la libertad so pretexto de una mayor inclusión. El foco debe concentrarse en la calidad de la educación y el mérito.

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