La Corte Suprema acogió un recurso de protección en contra del Colegio San Ignacio El Bosque, de la comuna de Providencia, establecimiento que deberá renovar la matrícula a alumno diagnosticado con trastorno de déficit atencional (TDA).
La justicia determinó que los encargados del recinto deberán coordinar con su familia y profesionales que lo tratan un plan de acción que le permita continuar su proceso formativo en el establecimiento donde ha cursado de prekinder a octavo básico.
En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales y el abogado integrante Pedro Pierry– estableció el actuar ilegal del colegio al no renovar la matrícula del educando, cuyos derechos se encuentran garantizados y protegido por la Constitución y diversos tratados internacionales suscritos y vigentes en Chile, como la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.
La Suprema recordó que “reconociéndose la evidencia médica existente respecto a esta materia, con fecha 27 de junio de 2019, se publicó la Ley N° 21.164 que modifica la Ley General de Educación, en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamento para tratar trastornos de conducta”.
“Es importante hacer presente que tratándose de un estudiante con un diagnóstico de TDA, éste goza del amparo o protección de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional ratificado por el Estado de Chile en el año 2008, incluido su Protocolo Facultativo, que en el artículo 24 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación sin discriminación y a que se hagan los ajustes razonables en función de sus necesidades individuales”, añadió.
Con esta resolución, el Colegio San Ignacio El Bosque deberá dejar sin efecto la cancelación de la matrícula, lo que se deberá complementar con un trabajo de apoyo y contención para el estudiante y su familia.
