El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) ingresó dos propuestas de norma a la plataforma de iniciativas populares de la Convención Constitucional, en donde se busca la consagración del derecho a la educación pública, gratuita y transversal, además de la descentralización del sistema y la búsqueda de una relación de trabajo colaborativo entre los planteles públicos y otros organismos estatales.
Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y presidente del consorcio, expresó que “la nueva Carta Magna es un oportunidad inigualable para que la educación pública recupere el lugar central que le fue arrebatado por la dictadura. Estas dos iniciativas, para las cuales pedimos el apoyo de la ciudadanía, apuntan a fortalecer la educación pública y a respaldar el trabajo que las universidades del Estado hacen por el país”.
La primera propuesta de norma está directamente relacionada a la consagración de derechos fundamentales en el texto constitucional y busca que éste establezca de forma concreta y explícita el derecho a la educación superior pública, gratuita, laica y de calidad. Según lo expuesto, este derecho debe materializarse a través de la provisión gratuita de educación en un conjunto de instituciones estatales financiadas mayoritaria o completamente mediante aportes basales del Estado.
La segunda norma presentada se enfoca en un ajuste estructural que requeriría la orgánica de educación superior, garantizando la existencia de al menos una universidad estatal por cada región del país, así como el fomento de una relación preferente de las Universidades del Estado con las demás instituciones públicas.
Alejandra Contreras, directora ejecutiva de CUECH, manifestó que “estas propuestas de norma apuntan no sólo a resolver un problema de acceso y calidad, que es un reclamo ciudadano que lleva décadas; sino también a redefinir el rol de las universidades del Estado en el contexto de crecimiento y desarrollo del país impulsado por la nueva Constitución”.
Ambas propuestas fueron ingresadas esta semana y para lograr formar parte del debate oficial de la Convención y ser votadas, necesitan reunir -al menos- 15 mil firmas cada una, por lo que se pidieron respaldos de urgencia para su avance al órgano constituyente.
El detalle de las propuestas está disponible en la web oficial del consorcio de las instituciones públicas.
