Los temas pendientes que dejaron las normas de educación rechazadas por la Convención

Este martes el pleno de la Convención Constitucional votó el segundo informe de la comisión de Derechos Fundamentales, aprobando una batería de derechos sociales como el de vivienda, salud y educación.

Aunque en la instancia se aprobaron varias normas y artículos, también hubo varias propuestas que quedaron pendientes al ser rechazadas con el voto favorable de ¼ de los convencionales. Aquello afectó principalmente al articulado de educación.

Si bien el órgano constituyente logró aprobar en particular en artículo que define el derecho a la educación, dejó pendiente otros temas que se han tomado el debate como la libertad de enseñanza, el rol de los establecimientos particulares y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos.

Los mismos convencionales admitieron que existían diferencias en cuanto a los artículos que salieron de la comisión, por lo que esperaban que se alcanzara un acuerdo mayor que permitiera contar con el tercio de los votos para plasmar la mayor cantidad de normas en el borrador que será definido en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Lo que se aprobó para el borrador

El único artículo que logró ser aprobado durante la jornada en materia educacional fue el 15, que señaló lo siguiente: “El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación”. En total, recibió 114 votos a favor, 12 en contra y 20 abstenciones.

Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, señaló a EL DÍNAMO que el paso de este artículo al borrador es importante, ya que “asegura el derecho a la educación a todas las personas del país, con lo cual cambiamos algo que es muy importante: que el Estado pase a tener un rol garante, no como en la actual Constitución, que tiene un rol subsidiario”. 

“Nos parece que esto es muy importante en la construcción de una nueva educación, y un avance sustantivo en relación a lo que tenemos hoy”, añadió.

Los temas pendientes en la Convención

A pesar de este avance, la votación del informe dejó una serie de temas pendientes, los que han sido objeto de un intenso debate. La mayoría de ellos se centra en el rol directo del Estado en la educación, la capacidad de elección de los padres y la posibilidad de que instituciones privadas puedan ser parte del sistema.

Entre los artículos que no lograron el consenso necesario para quedar en el borrador está el 18, que entre sus incisos el derecho de cada comunidad educativa a “participar en la construcción del proyecto educativo, en las decisiones de la unidad respectiva y en la elaboración, diseño y ejecución dela política educacional local y nacional que sean relevantes para su quehacer y para el ejercicio del derecho a la educación”.

Además se envió nuevamente a comisión las mociones del artículo 19, que estipulaba que la Constitución “reconoce la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla”.

“Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones. Esta comprende la libertad para diseñar metodologías de aprendizaje y enseñanza, y la autonomía para implementarlas en el marco de los propósitos dela educación”, añadía el texto.

En cuanto a la definición misma de libertad de enseñanza, el texto mencionaba que “comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo en conformidad a los mecanismos que establezca la ley”. 

Oportunidad de mejora

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, espera que los rechazos sean una oportunidad de mejora para el texto, el que recibió varias críticas especialmente por su visión sobre la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres para elegir la educación de sus hijos.

“Nosotros esperamos que haya posibilidad de mejora en lo que respecta a las distintas directrices que ha dictado la Convención Constitucional en materia de educación. Depende de la voluntad que haya dentro de la comisión para escuchar las distintas ideas que surgen desde la sociedad civil y mostrar una mayor apertura hacia las propuestas que buscan fortalecer el sistema educacional actual y otorgar una libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”, manifestó el directivo a EL DÍNAMO.

Rodríguez añadió que el texto rechazado por el pleno “es débil, incumple los tratados internacionales. Lo que dice el pacto internacional es que la regulación debe ser mínima sobre los colegios particulares y que ninguna regulación puede entenderse como una forma de limitar la libertad de enseñanza”.

Alejandra Arratia, de Educación 2020, planteó que “es importante entender que de alguna manera se está avanzando en alcanzar los consensos necesarios, porque (los artículos) vuelven a la comisión respectiva para que se sigan trabajando y así poder llegar a una versión que permita que sean aprobados con el quórum que se necesita en el pleno”.

“Creemos que esto es parte del proceso, y que se está avanzando en la línea de lo que creemos que el país necesita, que desde Educación 2020 hemos considerado como elementos claves en el marco de una nueva educación”, complementó.