Alcaldesa Hassler por Aula Segura: “Jamás he instruido no utilizar la normativa vigente”

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), negó haber instruido no aplicar las normativas vigentes sobre control de la violencia escolar, luego que la oposición presentara un requerimiento ante Contraloría por la eventual no ejecución de la ley Aula Segura ante los graves incidentes registrados en los liceos emblemáticos de la comuna.

La acusación en contra de la autoridad comunal surgió a partir de una declaración del ex rector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, quien aseguró que desde el municipio ordenaron a directores y rectores no aplicar Aula Segura.

En respuesta a esto, Hassler aseguró que durante este año se han realizado 577 procesos disciplinarios y que 19 alumnos han sido expulsados por hechos de violencia.

“Jamás he instruido no utilizar la normativa vigente. Efectivamente hay una normativa que aplica para todo el país y que está disponible para los establecimientos de Santiago, particularmente desde los directores y directoras”, señaló la alcaldesa en una entrevista al programa Tolerancia Cero de CNN Chile.

Rechazo a Aula Segura en la campaña por la alcaldía

La jefa comunal añadió que “hay una lógica que está cambiando en la comuna de Santiago, que es no entender a toda una comunidad educativa desde la criminalización, sino que de separar muy bien aquellos hechos que son constitutivo de delito, de violencia, que requieren de la persecución del Estado, particularmente de las policías y Fiscalía, de lo que es el diálogo con la comunidad educativa”.

Sobre el rechazo que manifestó hacia la ley Aula Segura durante su campaña para llegar a la alcaldía de Santiago, Irací Hassler comentó que en su actual rol “no me corresponde opinar sobre las leyes, sino me corresponde actuar para resolver problemas que son profundos para poder sacar adelante a 44 establecimientos de nuestra comuna”.

“Nos corresponde abordar un problema que es profundo, desde una perspectiva que logre separar lo que implica el abordaje de situaciones que son delitos, que tiene que ver con el uso de artefactos incendiarios, con la quema del transporte público, situaciones que ponen en riesgo la integridad física de las personas. Y no con ello, criminalizar a toda una comunidad educativa que lo que quiere es fortalecer la educación pública, mejorar sus establecimientos educacionales”, enfatizó.