Admisión 2024: FNE inicia estudio de mercado sobre la educación superior
La Fiscalía Nacional Económica indicó que el objetivo de este estudio es contribuir a que este mercado sea más competitivo.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizará un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar este segmento, que comprende a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
El análisis buscará determinar si tanto la demanda como la oferta educativa operan correctamente desde una perspectiva de libre competencia, para así identificar potenciales fallas y formular propuestas de mejoras legales y regulatorias al Poder Ejecutivo.
En 2020 el gasto en educación superior realizado por el Estado y por las familias chilenas llegó a cerca de US$ 6.600 millones, lo que representa alrededor de 2,6% del PIB en este período. Este monto más que duplica el gasto promedio de los países de la OCDE, que, en el mismo año, estuvo en torno al 1% del PIB.
“La educación superior es una de las inversiones más trascendentes que realizan las familias en nuestro país y un eje clave para la movilidad social y para el crecimiento y la productividad de la economía”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
Agregó que el objetivo de este estudio es contribuir a que este mercado sea más competitivo. “Como Fiscalía Nacional Económica sabemos que cualquier esfuerzo que apunte a mejorar la eficiencia en el gasto en educación superior y el valor que éste produce para la sociedad puede acarrear impactos positivos relevantes para los estudiantes, sus familias y el Fisco”, afirmó.
Potenciales limitantes a la competencia
En un sondeo preliminar, la Fiscalía concluyó que existen al menos tres factores que potencialmente limitan el funcionamiento competitivo del mercado: problemas en la toma de decisión de los estudiantes, ya sea por falta de información adecuada o por expectativas demasiado optimistas sobre el retorno futuro de la carrera escogida; una desconexión entre la oferta de programas realizada por las instituciones de educación superior y las necesidades de los empleadores y algunas posibles barreras regulatorias y problemas de financiamiento.
El primer factor corresponde a problemas en la toma de decisión de los estudiantes respecto de sus carreras, que se traduce en un elevado porcentaje de carreras que tienen retornos negativos para sus egresados, al punto que ingresar al mercado laboral sin haber cursado un programa en una institución de educación superior sería una alternativa mejor para ellos y sus familias.
La dificultad en la toma de decisiones podría atribuirse a la falta de información oportuna de los estudiantes sobre la duración y retorno de las carreras, así como a sesgos de comportamiento, que los llevarían a no evaluar realistamente sus capacidades y a proyectar que obtendrían retornos de sus carreras por sobre el promedio.
Además, se constatan posibles problemas de competencia relacionados con el diseño de las licitaciones para el otorgamiento y la administración de créditos del programa Crédito con Aval del Estado (CAE).