Escándalo por Graceland: mujer es acusada de estafar y extorsionar a la familia de Elvis Presley
La persona detrás del plan utilizó documentos falsos para acreditar que la fallecida hija de Presley debía una millonaria suma a una empresa ficticia.
Una mujer de Missouri esté enfrentando graves cargos por ser la presunta autora de una estafa en contra de la familia de Elvis Presley, por el robo de Graceland, la emblemática mansión que pertenece a los herederos del famoso cantante.
Según consignó el medio NBC News, las autoridades afirman que la acusada, identificada como Lisa Jeanine Findley, habría utilizado documentos robados de la propiedad para intentar chantajear a la familia.
Por esta razón, este viernes 16 de agosto, la mujer de 53 años comparecerá por primera vez ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri.
Lo que se sabe sobre la estafa y extorsión en contra de la familia de Elvis Presley
“Según se alega en la denuncia, la acusada orquestó un esquema para llevar a cabo una venta fraudulenta de Graceland, afirmando falsamente que la hija de Elvis Presley había puesto el hito histórico como garantía para un préstamo que no logró pagar antes de su muerte”, comunicó en un escrito Nicole Argentieri, Subsecretaria Adjunta Principal de la División Criminal del Departamento de Justicia.
De acuerdo al comunicado, la mujer afirmaba que la fallecida hija de Presley, Lisa Marie Presley, había solicitado un préstamo de cerca de cuatro millones de dólares a Naussany Investments (compañía ficticia), asegurando que había utilizado la mansión como garantía.
Fue allí, Findley falsificó nombres de varios documentos en los que se podía ver la supuesta firma de Lisa Marie e incluso sellos notariales.
Pero esto no es todo lo que se tiene en su contra, sino que Rasheed Jeremy Carballo, un antiguo conocido de Findley, declaró ante un gran jurado que la mujer le había contado detalles sobre un trato que les haría ganar millones.
Si es declarada culpable, la acusada se enfrentará a una pena mínima obligatoria de dos años por robo de identidad agravado y una pena máxima de 20 años de prisión por fraude postal.