Complejo presente: Tras perder la inmunidad Sarkozy enfrentaría cuatro frentes judiciales

Cumplido un mes desde su salida del Elíseo, el ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy pierde hoy la inmunidad ligada a su cargo, por lo que la Justicia puede convocarle en los cuatro casos en los que se ha visto implicado su nombre.

Dos asuntos relacionados con la financiación de su campaña electoral en 2007, otro sobre la de Edouard Balladur en 1995 -cuando Sarkozy era ministro de Presupuesto y su portavoz- y la atribución de unos contratos durante su pasada presidencia pueden perseguir a Sarkozy en los próximos meses.

El ex presidente puede seguir los pasos de su antecesor en el cargo, Jacques Chirac, el primer jefe de Estado convocado por la Justicia y, posteriormente, condenado por un caso de corrupción tras abandonar el Elíseo.

Como Chirac, Sarkozy se ha beneficiado de la inmunidad que otorga el puesto de jefe de Estado, lo que ha retrasado algunas de las investigaciones, un estatus que el actual inquilino del Elíseo, François Hollande, se ha comprometido a revisar para que el presidente sea tratado como un ciudadano normal.

Una situación, la de justiciable común, que Sarkozy recobra a partir de esta noche, cuando se habrá cumplido un mes del traspaso de poderes a Hollande.

La investigación judicial más avanzada que concierne a Sarkozy es la relativa a la presunta financiación ilegal de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 por la multimillonaria heredera del grupo de cosméticos L’Oréal, Liliane Bettencourt.

Un juez instructor de Burdeos investiga si la segunda fortuna de Francia entregó importantes sumas de dinero a Sarkozy, directamente o a través del que entonces era tesorero de su campaña, el exministro Éric Woerth.

El caso, destapado por casualidad en el contexto de una investigación paralela por una disputa familiar, ha llevado al juez a procesar a Woerth y al ex consejero financiero de Bettencourt Patrice de Maistre, presunto receptor de una suma en metálico de 500.000 euros aparentemente destinada al extesorero de Sarkozy, según la entonces contable de la millonaria.

Sarkozy puede ser convocado por esas sospechas pero también para explicar las visitas que efectuó al domicilio de la anciana en la localidad de Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París, de la que el expresidente fue alcalde.

Aquella campaña, en la que Sarkozy derrotó a la socialista Ségolène Royal, también puede interesar a la justicia después de las revelaciones sobre presuntas entregas de dinero procedentes del régimen libio de Muamar el Gadafi.

Cuando estaba asediado en su palacio de Trípoli, bombardeado por aviones de la OTAN poco antes de su caída, Gadafi aseguró haber financiado la campaña deSarkozy de 2007.

Posteriormente, la prensa ha difundido documentos presuntamente oficiales que demuestran que el dictador libio autorizó el pago de 50 millones de euros a la campaña de Sarkozy.

Pero hasta ahora, la justicia no ha abierto ninguna investigación oficial sobre el caso.

Otro asunto que puede salpicar al expresidente se refiere a la financiación de la campaña de Balladur en 1995.

Sarkozy era entonces ministro de Presupuesto y, por tanto, responsable último de la firma de una serie de contratos para la venta de armas a Pakistán y a Arabia Saudí.

Según los investigadores, esos contratos generaron el pago de una serie de comisiones que pudieron servir para financiar la campaña presidencial del entonces primer ministro Balladur, que no logró pasar a la segunda vuelta.

Hollande se ha comprometido a desclasificar una serie de documentos secretos que pueden arrojar luz sobre los contratos militares y sobre la posible implicación deSarkozy en el cobro de las comisiones ilícitas.

Finalmente, la justicia puede abrir también una investigación sobre la atribución de unos contratos para elaborar sondeos al poco de la llegada de Sarkozy al Elíseo.

La Presidencia encargó 264 sondeos entre junio de 2007 y julio de 2009 por un valor de 6,35 millones de euros a una empresa de un consejero político de Sarkozy, Patrick Buisson, sin haber procedido a una licitación pública.

El Tribunal de Cuentas denunció en un informe que se había pagado demasiado por ese contrato, pero los magistrados se vieron obligados a detener las pesquisas por la inmunidad presidencial. Ahora se puede retomar la instrucción.