El conflicto en Vitacura que tiene a Torrealba bajo amenaza de arresto

Hoy, el abogado José Miguel Serrano, representante de los profesores municipales de Vitacura, concurrirá  a la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar un escrito, denunciando que el municipio que encabeza el RN, Raúl Torrealba, ha ignorado una orden de no innovar emanada el 13 de abril pasado de ese tribunal que ordena restituir el descuento del 50% del sueldo aplicado a los profesionales de esa comuna, que mediante un decreto municipal se realiza desde marzo de 2010. 

“La ilegalidad en este caso es porque se está disminuyendo el sueldo, ‘so pretexto’ de cambiar un sistema de asignación de bono y de evaluación”, explicó Serrano, quien agrega que en caso de ser acogido el recurso el edil de Vitacura arriesga “una orden de la Corte de Apelaciones de arresto… de desacato”.

El recurso presentado por los profesores, se suma así al oficio que el 25 de febrero el Consejo para la Transparencia envió a la Contraloría General de la República pidiendo el inicio de un sumario administrativo contra el alcalde Raúl Torrealba.

La determinación de la entidad que preside Raúl Urrutia se origina en la decisión del municipio de negarle a Carlos Retamal, dirigente del Colegio de Profesores, el registro con los audios de las sesiones, copias de las actas del concejo municipal, decretos alcaldicios y los memorándum relativos a la decisión de aumentar las asignaciones de incentivo para los altos cargos del municipio en materia de educación.

El 5 de marzo de 2003 el concejo municipal de Vitacura estableció un sistema de nuevas asignaciones de incentivos para los docentes, el que fue informado al día siguiente a través del memorándum Nº 395. Posteriormente, el 19 del mismo mes, se especificó el pago que recibirían los profesionales de la educación.

En este contexto, los directores de departamento comenzarían a percibir bonos del 395% de su sueldo; los coordinadores y directores de colegios 315%; los subdirectores e inspectores generales 245%; los técnicos pedagógicos 140% y los docentes de la educación básica y media entre 115% y 137% dependiendo de la cantidad de horas que trabajaran.

Estos beneficios se pagaron de manera regular, hasta que en marzo de 2009 la Contraloría impugnó el procedimiento señalando que “las asignaciones especiales se otorgarán por razones fundadas en el mérito”. Es decir, tras una evaluación de la labor desempeñada.

A raíz de esto, la municipalidad estableció un sistema de control para los profesores que derivó en el descuento de hasta el 50% de sus remuneraciones. “Nosotros sostenemos que una persona que ha venido recibiendo desde hace 10 años una cantidad de dinero, no puede ser afectada unilateralmente por una decisión administrativa de la municipalidad que le baje la remuneración”, afirmó José Miguel Serrano.

Sin embargo, el abogado precisó que en ningún momento sus representados se han manifestado en contra de ser evaluados.

Frente a la negativa de entregar información, el Consejo determinó que había transgresión al artículo 45 de la Ley de Transparencia, puesto que el municipio se excusó de entregar la documentación requerida,asegurando que había sido destruida hacía tiempo. Esa versión, no obstante, fue desestimada luego pues se acreditó que la destrucción se produjo un mes y medio despues de que el Consejo la requirió. 

 ¿Por qué? Según los afectados,  los memos que derivaron en la creación de un decreto para subir las asignaciones de los altos cargos  estaban viciados, pues llevaban la rúbrica del ex director de Desarrollo Comunitario y actual jefe comunal de Lo Barnechea, Felipe Guevara y no del alcalde Torrealba, como lo exige la ley.

Al ser consultados sobre el tema, en el departamento de comunicaciones del municipio dijeron desconocer que desde hace dos meses y medio el Consejo Para la Transparencia le solicitó a la Contraloría General de la República el inicio del sumario administrativo.