Molestia generó en la Multigremial Aysén -agrupación que reúne a los representantes de los principales sectores productivos de la región- la negativa del Gobierno de realizar un estudio que mida los impactos anexos que generará la construcción de las represas en los ríos Baker y Pascua.
Según el presidente de la organización, Alejandro Cornejo, es “absolutamente necesario” que se lleve a cabo una investigación paralela que considere todos los efectos no contemplados en la normativa ambiental, como la baja en la plusvalía de los predios y el desincentivo que sufrirá el turismo en la zona.
La solicitud realizada por la multigremial se basa en que “en varias oportunidades el Ejecutivo ha contratado estudios externos para tomar una mejor decisión”. A modo de ejemplo, citaron los casos de Barrancones, Farellones y Cruz Grande en Coquimbo, donde la Comisión Nacional de Energía (CNE) encargó en 2008 a la Universidad Católica del Norte el estudio “Análisis de los potenciales efectos ambientales de la Operación de Proyectos Termoeléctricos en Ambientes Marinos de la Cuarta Región”.
Cornejo aseguró que el sector privado ha hecho grandes esfuerzos para colaborar con aportes y estudios que sean considerados por las autoridades regionales. “Hicimos una propuesta seria al Gobierno, planteamos una mesa de trabajo y generamos un documento con los 7 puntos que condicionaban la aprobación del proyecto HidroAysén. Sin embargo, no hemos sido escuchados”, se lamentó.
Según la Intendenta Pilar Cuevas, “no le está permitido intervenir en los procesos de evaluación ambiental, exigiendo una auditoría externa, lo cual redundaría en obrar al margen del ordenamiento jurídico vigente”.
Pese a la negativa de la autoridad regional, Alejandro Cornejo aseguró que “seguiremos empeñados en abrir voluntades en el Gobierno, pues es quien tiene la misión de gestionar el sentir de los habitantes y gremios de Aysén”.
