Transparencia exige al gobierno dar a conocer informe sobre lacrimógenas

El martes 17 de mayo de 2011 y en medio de la polémica por los efectos que podía producir en la salud, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció que se suspendía el uso de bombas lacrimógenas hasta que existieran “nuevos informes médicos” que demostraran que no eran nocivas. Ello, previo a manifestaciones tras la aprobación de la construcción de las represas del proyecto HidroAysén y a días del siempre conflictivo 21 de mayo.

Sin embargo, tres días después el secretario de Estado afirmó que los estudios encargados indicaban que estos “elementos no tienen efectos abortivos ni causan daños a la salud”, por lo que “pueden y deber ser utilizados” por Carabineros para enfrentar las protestas.

El giro del gobierno, motivó que David Duhart González hiciera una presentación el 25 de mayo al Instituto de Salud Pública (ISP) solicitando copia de los estudios que le habría encargado el Ministerio del Interior y que fueron tenidos en cuenta para resolver que los gases no tenían efectos abortivos ni causaban daños a la salud.

Además, pidió copia del requerimiento de la secretaría de Estado por medio del cual se encargó la realización de dichos estudios, quiénes fueron sus autores y el costo que tuvieron.

Si bien el ISP remitió al reclamante una minuta descriptiva y un archivo que contenía diversos “Informes de Ensayos”, Duhart hizo una presentación ante el Consejo Para la Transparencia (CPLT) pues consideró que le habían dado una respuesta incompleta, en particular porque el organismo no le proporcionó información del autor y costo de los informes.

Además, el reclamante consideró que los “Informes de Ensayos” eran ininteligibles, dado que solo daban cuenta de la realización de algunas pruebas de laboratorio realizadas a componentes de bombas lacrimógenas, las que no presentaban conclusiones respecto de sus efectos.

Tres meses después, el CPLT resolvió que el gobierno tiene la obligación de hacer público el reservado documento, citado por el Ministro del Interior para reponer el uso de bombas lacrimógenas durante las manifestaciones.

En el amparo ROL C822-11, el organismo que hasta hoy dirige el abogado Raúl Urrutia, señala que el “ISP debe entregar al reclamante copia del documento emitido el 24 de mayo de 2011, por el que se dio respuesta al requerimiento efectuado por Carabineros de Chile, a través del Oficio Nº 258, del Departamento de Armamento y Municiones, referido a los efectos que los disuasivos químicos señalados en tal informe afectan a las personas al momento de ser activados“.

¿El fin de un ciclo?

La decisión del Consejo -que debe ser cumplida por el ISP en un plazo de 5 días hábiles- se produce en medio de la polémica que generó el anuncio del gobierno de que ni el presidente de la entidad, Raúl Urrutia, ni el consejero Juan Pablo Olmedo, seguirán en sus cargos. Ello, pese al apoyo transversal que ambos tienen en el Senado.

De hecho, ha trascendido que son varios los parlamentarios que piensan rechazar los nombres de Samuel Donoso y José María Eyzaguirre para integrar el CPLT. De ahí que la senadora DC Soledad Alvear haya instado al Ejecutivo a “chequear bien los votos” (los nombramientos deben ser aprobados por dos tercios de los legisladores en ejercicio) para no exponer al ridículo a los candidatos.

Algunos de los detractores de la salida de Urrutia del organismo, como el diputado PPD Felipe Harboe, han señalado que el Ejecutivo “le debe una explicación al país” porque aquí “ha habido una disputa entre el Consejo y el Gobierno”.

Ello, en relación a que durante su gestión el mandamás del CPLT obligó a la Fundación Integra -encabezada por la Primera Dama Cecilia Morel- dar a conocer las remuneraciones de sus ejecutivos y gastos en donaciones tras la emergencia generada por el terremoto, además de ordenarle a la Subsecretaría del Interior transparentar el contenido de mails donde le habría exigído a la gobernación de Melipilla devolver fondos entregados para la reconstrucción.

Esto, habría generado molestia en La Moneda, que finalmente decidió sacar a Urrutia y Olmedo del Consejo. De hecho, esta es  la última semana de Urrutia en el cargo y la exigencia de dar a conocer el informe citado por el ministro Hinzpeter sobre los efectos del gas lacrimógeno, profusamente usado en las calles en días de protestas, se convierte así en  la último enfrentamiento del ex parlamentario RN con el Ejecutivo.