Iglesia Católica respalda exigencia de derogar Ley Antiterrorista
De acuerdo a las conclusiones de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, se hace urgente modificar la normativa, por "contravenir los estándares establecidos en el Convenio 169 de la OIT".
La necesidad de derogar la Ley Antiterrorista (18.314) es una de las principales conclusiones alcanzadas durante la tercera sesión de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche, celebrada el lunes en la ciudad de Temuco, capital de la región de la Araucanía.
La mesa está integrada por representantes del pueblo mapuche y de la iglesia católica, entre ellos, el Arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomali, el sacerdote José Fernando Díaz de la Comisión Nacional de la Pastoral Indígena Zona Sur. Durante la tercera sesión participaron también como invitados los senadores Eugenio Tuma y Jaime Quintana.
De acuerdo a las conclusiones de la instancia, se hace urgente modificar o derogar la ley Antiterrorista, por “contravenir los estándares internacionales en materia de derechos humanos establecidos en el Convenio 169 de la OIT”.
“El Ministerio Público hizo uso y se aprovechó de la Ley Antiterrorista para que después se condenara de acuerdo a las normas comunes. Eso está igualmente está reñido con los estándares internacionales, es muy fácil construir contextos terroristas usando esa ley para establecer medios de prueba. En concreto, es una ley que se presta para abusos”, dijo Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La especialista añadió que el cuerpo legal “somete a las personas que están juzgadas por ella a una serie de perversiones en términos de garantías del debido proceso, tales como los testigos protegidos que no pueden ser contrainterrogados y con plazos que van más allá de los estándares internacionales de detención“, sostuvo.
A su vez, Chomali dijo que para la Iglesia Católica la ley antiterrorista constituye una injusticia que es necesario mejorar. En ese sentido, aseguró que elaborarán un informe que entregarán al Gobierno, para “colaborar en una situación que todos –incluso el Presidente de la República reconoce- que no puede seguir en nuestro país”.
