Hasta $21 millones cobraba el Servel por la venta de los datos de votantes

La alerta la dio ayer el ex asesor web de la Presidencia, Pablo Matamoros,  vía Twitter. En medio del escándalo por la desprolojidad del Servicio Electoral que puso a disposición de todo el mundo las direcciones particulares de los votantes, el profesional salió a advertir que no es primera vez que el Servel incurre en una práctica similar. Y que, de hecho,  es sabido que ha vendido sus bases de datos a empresas y más recientemente las ha entregado a distintas firmas vía Ley de Transparencia.

¿Cuánto hay de cierto en ésto ? Un dictamen emitido por el Consejo Para la Transparencia en 2009 da cuenta de que los hechos relatados por Matamoros son reales.

En octubre de 2009 Sebastián Rivas presentó un amparo ante el Consejo Para la Transparencia debido a la respuesta que el Servel le entregó  ante la solicitud que hizo el 1° de octubre de de 2009. En ella pedía al  Director Nacional del Servicio Electoral “copia del padrón alfabético computacional de inscripciones electorales vigentes, varones y mujeres”.

A Rivas la respuesta le llegó con rapidez  (el 2 de octubre). Mediante oficio N° 10.305, el Director Nacional del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, le informó al requirente que “lo solicitado se encuentra a la venta como un producto electoral del órgano y puede ser adquirido por cualquier persona”.

En seguida el Servel detalla el valor. “Señala que el producto electoral requerido tiene un valor a nivel nacional de $21.698.799, IVA incluido, de acuerdo al valor de la UTM del mes de septiembre (de 2009)”.

En ese momento el Servel tenía hasta un catálogo de productos que se podía vitrinear en la misma página del Servel. Así, cualquiera con capacidad de compra podía adquirir información desagregada por región, circunscripción senatorial, distrito, comuna, circunscripción electoral y registro. “El SERVEL no tiene inconveniente en atender la solicitud, previa cancelación del producto”, decía el Servel a Sebastián Rivas en la carta que le enviaron.

Ya con la Ley de Transparencia vigente, el requirente reclamó ante el Consejo para la Transparencia por el alto costo que estaba cobrando el Servel por una información de carácter pública.

El Servel se defendió argumentando que le “es aplicable la Ley N° 18.768, de 1988, que establece las Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de Personal, la que en su art. 83 dispone lo siguiente: ―Facúltese a los Servicios dependientes de la Administración Central y Descentralizada del Estado, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, para cobrar el valor de costo de los documentos o copias de estos”

“En virtud de lo anterior, el Director Nacional del Servicio Electoral señala que con el objeto de establecer el costo de reproducción de los documentos que se solicitasen, se dictó la Resolución Exenta N° 862/2002, la que en cumplimiento del Ord. N° 877/2009, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que imparte instrucciones a los órganos de la Administración para fijar los costos de reproducción, fue modificada por la Resolución Exenta N° 1076/2009, con el fin de actualizar algunos valores e incorporar las normas de la Ley de Transparencia, relacionadas con la facultad de efectuar cobros por los documentos requeridos, especialmente el art. 18 de la Ley.d) Indica que la Resolución Exenta N° 1076/2009 establece que el valor de las inscripciones electorales por cada 1.000 inscritos es de 0,06030 UTM ($2.205)”.

Sin embargo, los argumentos de Juan Ignacio García no convencieron al Consejo, que acogió el amparo de Rivas y obligó al  Servel a entregar los datos solo mediante el pago del CD de reproducción. Sólo hubo un voto disidente, del Presidente del Consejo Directivo, don Juan Pablo Olmedo Bustos, quien fue de la opinión de que se entregare parcialmente la información requerida.

Protección de datos personales

El diputado Felipe Harboe (PPD), autor de la ley Dicom, sostiene que existe un uso indiscriminado de los datos personales que expone a los ciudadanos a situaciones de riesgo. Ahora se cita el caso del Servel, pero reiteradamente el parlamentario ha denunciado también que los bancos e instituciones financieras hacen uso y abuso de los datos de sus clientes.

“Por eso he reclamado que tengamos una Ley de Protección de datos personales, que fue enviado durante la administración de Piñera y que continúa durmiendo en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. He pedido al Gobierno que discutamos la Ley de datos personales y después veamos qué datos se entregarán, pero el gobierno insiste en hacerlo al revés”, señala.