Abogado que defendió a las farmacias es parte del equipo que redacta nuevo Código Penal

El desenlace del caso donde las farmacias se coludieron para elevar los precios de los medicamentos, indignó a las redes sociales. Clases de ética y unos cuantos millones de pesos fueron el castigo para los diez ejecutivos involucrados. ¿Por qué no hubo penas de cárcel?, la pregunta inundó la discusión pública.

La respuesta la entrega el profesor de libre competencia de la Universidad Andrés Bello, Iván Valdés: “La legislación es débil, todo lo que significa actos colusivos, actos de abuso de dominancia o fraude están fuera del Código Penal y las penas son económicas, multas que también son bajas”, señala el académico, haciendo referencia al actual Código Penal que rige las sanciones que se aplican para cada delito en Chile., y que fue promulgado en 1874, hace 139 años.

En el actual Código Penal, a diferencia de otros delitos económicos, aparece la figura de la colusión, pero quien fuera el fiscal del caso de las farmacias, José Morales, explica que las penas establecidas son bajas: “La colusión, en el 285, tiene penas que equivalen a un hurto de 50 mil pesos, tiene la misma pena que las lesiones menos  graves, que la violación de morada, que la venta de CD piratas”.

Para nadie es un misterio que el actual Código chileno adolece de antigüedad y que existen delitos que simplemente no son considerados en sus páginas. Por ello, desde el gobierno se apostó a crear un nuevo cuerpo normativo, donde se incorporen los delitos económicos, informáticos y a la vez se corrijan otras tipificaciones, como aquellas que penalizan con mayor gravedad los delitos contra la propiedad por sobre los que atentan contra la vida.

Los encargados de redactar el nuevo Código son un grupo de siete abogados penalistas que desde marzo se reúnen cada jueves, y a quienes la ministra de Justicia, Patricia Pérez, les encomendó la misión de: “Elaborar un nuevo Código Penal para nuestro país. Me atrevo a decir, como Ministra de Justicia, que éste es tal vez el desafío más importante en materia de justicia en los últimos 100 años de nuestra historia nacional. Nuestro actual código tiene 139 años, es un código que ha cumplido su misión, pero es un código que fue pensando para otra época”.

La Comisión

De los siete nombres que componen la Comisión especial ideada por el gobierno, el que más llama la atención es el de Juan Domingo Acosta, abogado cercano a La Moneda y que en el caso de las farmacias defendió a Ricardo Valdivia, Gerente general División Farma de Cruz Verde, y a Cristián Catalán, Category Manager de la misma empresa. Al ser consultado por El Dínamo sobre esta situación, señaló: “Yo soy abogado particular de los imputados del caso Cruz Verde y eso no tiene  nada que ver con el gobierno. La comisión funciona al amparo del Ministerio de Justicia y está redactando el nuevo Código Penal, como muchas otras iniciativas legislativas en que he participado”.

Quien coordina al grupo de penalistas es Jorge Bofill, cercano al ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, a través de su ex estudio de abogados, Bofill Mir & Alvarez Hinzpeter Jara Abogados. Bofill asesoró al presidente Sebastián Piñera en la querella por injurias que presentó en medio de la polémica por el Banco de Talca, además de trabajar para el ex gerente general de La Polar, Pablo Alcalde, en medio del vendaval producido por las irregularidades detectadas durante su gestión. En su curriculum se cuentan también trabajos para el Congreso, como la asesoría que prestó durante la tramitación de la Reforma Procesal Penal, y los alegatos en nombre de la Fiscalía Nacional Económica durante el caso de las farmacias.

Alex Van Weezel es otro de los abogados integrantes de la Comisión que participó del caso La Polar, aunque defendiendo a LarraínVial de los coletazos de esa polémica, cuando se descubrió que la entidad bursátil no reportó operaciones sospechosas del ex gerente de la tienda, Pablo Alcalde.

Juan Pablo Cox es profesor de la Universidad Adolfo Ibañez y también integra el grupo. Otro UAI de la Comisión es Antonio Bascuñan Rodríguez, quien además presidió la asociación gremial Libertades Públicas, formada en torno a la defensa de la libre expresión cuando en Chile estaba prohibido el film “La Última Tentación de Cristo”. En esta organización compartió tribuna con Jorge Bofill, el constitucionalista Fernando Atria y la ex ministra del gobierno de Bachelet, Paulina Veloso.

La lista la completan el abogado penalista de la Universidad Diego Portales, Héctor Hernández, y el Coordinador del Magister en Derecho Penal de la Universidad de Talca, Francisco Maldonado.

Aumentar las penas

Desde que en marzo de este año el presidente Sebastián Piñera reconociera la necesidad de actualizar el Código Penal, el asunto se transformó en consenso, al igual que el aumento de penas para los delitos económicos, aunque algunos matizan esta idea.

Uno de los redactores del nuevo entramado legal, Francisco Maldonado, señala que la penalidad de los delitos va a depender de la discusión que se genere en el grupo: “Es necesaria una revisión integral. Tenemos figuras que protegen la estabilidad del sistema financiero y no necesariamente la protección de los derechos individuales que podrían verse afectados por ilícitos que afecten al sistema socio económico. Tienen que haber varios cambios, pero no es tan sencillo como decir “delito socioeconómico = cárcel”. Hay que hacer muchas distinciones y complementar muchas figuras. Es una tarea de racionalización que es bastante más compleja que decir “cárcel o no cárcel”, va a depender de la hipótesis de la que estamos hablando”.

Según confirman varios integrantes de la Comisión aun no han discutido el tema de las penas de los delitos económicos. Juan Domingo Acosta lo confirma: “El trabajo se está haciendo, no te puedo adelantar opiniones porque estamos terminando la parte general, los principios generales, y probablemente a mediados de mes vamos a empezar a ver los delitos en específico. El tema económico no ha sido abordado, ni siquiera se ha discutido”.

En todo caso, el tema no es una prioridad para el grupo, Acosta explica que la discusión de penas partirá por los delitos contra la vida: “Estamos viendo cosas generales; las atenuantes, las agravantes, la participación, otras cosas que son las medulares en esto. Después veremos los delitos en particular y probablemente partiremos por los delitos más graves, que son los delitos contra la vida”.

Mociones parlamentarias

En el Congreso el tema ha sido discutido. Cuando el 2009 estalló el caso farmacias, parlamentarios de la Concertación presentaron proyectos de ley que luego fusionaron, donde se plantea la sanción penal de la colusión. Esas iniciativas hoy duerme el sueño de los justos en la comisión de Constitución de la Cámara Baja.

El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, el RN José Manuel Edwards, reconoce que existe consenso sobre la necesidad de aumentar las penas: “Hay un consenso en la Comisión de Economía sobre que hay que elevar las penas y en algunos casos considerar penas privativas de libertad. Hay que separar los distintos tipos de delito que se puedan cometer, pero delitos tan graves como lo que hemos visto con la colusión de las farmacias, uno siempre espera que haya una pena que sea una realidad, y no termine siendo unas simples clases de ética. Creemos que hay que subirle el costo que tienen en la legislación los delitos económicos. El cuanto dependerá del delito en cuestión”.

El profesor en libre competencia de la UNAB, Iván Valdés, augura que la tramitación de cualquier iniciativa que busque modificar el Código Penal, no será fácil: “Para reformular el Código Penal se requiere quorum calificado y es muy difícil hacerlo cuando hay problemas de intereses por parte de los mismos parlamentarios con las empresas”.

En diciembre la Comisión deberá entregar su propuesta a La Moneda, desde donde explican que pretenden presentar el proyecto al Congreso durante el verano del próximo año, justo antes de retirarse de palacio.