Informe UDP de derechos humanos llama a derogar la Ley de Amnistía y a despenalizar el aborto

Despenalización del aborto, aprobación de la ley de identidad de género y derogación de la Ley de Amnistía son algunas de las principales recomendaciones que se realizan al Estado en la undécima versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2013 de la Universidad Diego Portales (UDP), que se dará a conocer hoy en forma íntegra.

“El Estado incumple en muchos temas sus obligaciones internacionales e infringe los derechos humanos de los ciudadanos”, dice el abogado Tomás Vial, investigador del Centro de DDHH de la UDP y editor general del reporte. Explica que cuando se habla de derechos humanos se habla de derecho internacional, haciendo referencia a las “obligaciones que Chile ha contraído legalmente por tratados internacionales”.

A través de nueve capítulos, la publicación examina los hechos ocurridos entre mediados de 2012 y este año, analizando la realidad en el país versus la norma y la exigencia. Esto dado que los tratados internacionales fijan estándares, reconocen derechos e imponen exigencias.

Para ello se estudiaron diversos aspectos de la vida social como la prohibición del aborto o los poco publicitados derechos de las personas trans, pasando también por el derecho humano al agua –infringido en el caso de los habitantes del Valle de Petorca– o la fuerza estatal y el conflicto mapuche. Así como los avances en materia de verdad y justicia sobre las violaciones de los derechos humanos en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado.

Sobre este último punto, abordado en el primer capítulo, el experto reconoce que si bien en los últimos años han habido progresos en materia de justicia y verdad, si uno observa la realidad bajo los estándares internacionales “claramente no estamos cumpliendo a cabalidad nuestras obligaciones”. Por ello, se recomienda la derogación de la Ley de Amnistía y la creación de una institucionalidad permanente para monitoreo, recepción y reconocimiento de las personas afectadas por desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura.

Aspectos sociales

Sobre el aborto, el informe sostiene que la penalización total que existe hoy en Chile constituye una grave violación de los derechos humanos de las mujeres, por lo que se recomienda entonces su despenalización.

“Hay incumplimiento serios en muchos temas”, dice Vial, por ejemplo, en materia de discriminación se plantea la insuficiencia que tiene la ley actual de acuerdo al derecho internacional. Ya que no incluye varios tipos de discriminación, como la indirecta, y la falta de un órgano que se haga responsable de las políticas públicas en esa área.

Frente a esas debilidades, el reporte sugiere modificar la ley antidiscriminación, agregando los distintos conceptos que ésta posee, e insta al Estado a crear una institucionalidad encargada de esta materia. Asimismo, apunta a la aprobación de la ley de identidad de género presentada en el Congreso Nacional como paso esencial para remediar las graves violaciones a los derechos de las personas trans.

También insta a dar pleno cumplimiento al fallo del caso Karen Atala, ya que aún se debe efectuar la instalación de un sistema de capacitación permanente de los jueces y demás funcionarios del poder judicial en materia de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Por otra parte, el informe advierte que en el caso de migración, el proyecto de ley enviado por el gobierno al respecto no tiene perspectiva de derechos humanos y no contempla la realidad de ésta hoy en el país. Se detalla que la definición de discriminación utilizada no está a la altura de estándares internacionales, y no toma en cuenta acuerdos de Mercosur como base. Por lo que se recomienda ajustar el proyecto a los acuerdos internacionales que Chile tiene en esta materia.

Mientras que en aspectos de política criminal juvenil, el informe de la UDP sugiere una mayor coordinación interministerial entre servicios públicos respecto a los jóvenes condenados por Ley de responsabilidad penal juvenil.

El caso Longueira

Por primera vez el informe aborda el tema de la salud mental en el país, y se constata que ésta, tanto en las políticas, programas y recursos del Estado, es una salud de segunda categoría. “Es el área a la que menos relevancia se le ha dado”, explica Vial.

En esto ha contribuido, agrega el experto, que es un tema que se enfrenta de “forma oculta”, y no sólo en Chile, ya que aún existe pudor o temor de mostrarlo. Por eso en el capítulo se cita el caso de Pablo Longueira porque “puso en la faz pública” un tema latente: en el país existe un gran número de personas afectadas por depresión.

Para Vial, es precisamente la poca importancia que se le ha dado el tema, lo que ha hecho que  el Estado no haya respondido en términos comparativos adecuadamente: “No hay información adecuada sobre las políticas de salud mental explícita, hay diferencias muy grandes en coberturas, no hay una política de salud específica las organizaciones internacionales para minoría o de grupos vulnerables, particularmente de niños y niñas”.

Por ello se recomienda primero que haya transparencia en esta materia a fin de poder evaluar cómo el Estado está cumpliendo sus obligaciones, y terminar con la discriminación territorial que hoy existe de las prestaciones de salud mental y la falta de consideración de grupos vulnerables.