Manuel Aris, Ciudadano Inteligente: "Hay que restringir que quienes realicen lobby aporten a campañas"

En su último trámite, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles la Ley de Lobby, que regulará las relaciones entre gestores de intereses privados –los lobbistas– y las distintas autoridades del Estado en el Congreso, ministerios, Banco central, entre otros.

En la práctica esto implica dos avances principales: se llevará un registro de quienes ejercen el lobby y se harán públicas las actas de las reuniones entre los lobbystas y las autoridades.

Sin embargo, el texto aprobado aún tiene áreas no resueltas. Algunos senadores, especialmente de la Nueva Mayoría, aprobaron el texto a regañadientes, acusando que carece de un aspecto fundamental: la existencia de un registro previo de lobbystas. “Este es un Mercedes Benz sin motor”, dijo en la Sala el senador PS, Camilo Escalona, secundado por el DC Eduardo Frei quien advirtió que el cuerpo legal no logrará cumplir su objetivo y solo derivará en una fuente de cuestionamiento a los parlamentarios, quien quienes cae el peso de la prueba a la hora de hacer el registro de lobby. “Vamos a tener que andar con una libretita anotando quienes se nos acercan”, decía con ironía el senador Andrés Zaldívar este martes, aunque dio su voto a favor, reconociendo que le pesaba más la crítica ciudadana ante el rechazo.

Manuel Arís, jefe de Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, defiende el proyecto, por el que abogaron varias organizaciones ciudadanas. Reconoce que la ley aprobada está lejos de la perfección.

-¿Cómo evalúan la ley del lobby que fue aprobada?

Nosotros creemos que es un paso importante en materia de transparencia tener por fin una ley de lobby en Chile. El ejercicio de influencia no estaba regulado, por lo tanto la ley, aunque es imperfecta, significa un avance importante en materia de transparencia porque genera una condición de igualdad política en el proceso de deliberación democrática que antes no existía.

-¿Cuáles son las imperfecciones de esta ley?

Se ha hablado mucho de que el registro no es habilitante y esa podría ser una de sus imperfecciones. Nosotros creemos que un registro habilitante no necesariamente es una condición o algo que deba mejorarse sino que el perfeccionamiento va principalmente en tres cosas: Evitar la “puerta giratoria”, pues quien se desempeña como sujeto pasivo –autoridad– luego pasa a ser un lobbista activo. Debería estar regulado para evitar que eso pase. Tampoco está restringida la posibilidad de que quienes realicen lobby aporten financieramente a las campañas y a los partidos políticos. Es algo que hay que ponerle atajo y restringir porque se puede generar una situación de incomodidad en cómo afecta el dinero a través del ejercicio del lobby a las autoridades. Y a quienes realicen lobby la ley debería exigirles mayores estándares de transparencia y de actuar ético. Quienes se dedican a la industria de las influencias – a través del lobby- deben rendir cuentas a las autoridades y a la ciudadanía de sus actos y cumplir con estándares mucho más altos que los que se están exigiendo en el actual marco normativo.

La discusión sobre el registro habilitante para nosotros es una discusión hoy día artificial. Se ha zanjado bien por parte de la ley que tenemos hoy aprobada. El registro no es habilitante pero sí es automático una vez realizada la gestión, y además el lobbysta debe por ley solicitar audiencias para reunirse con la autoridad y en ese acto debe también entregar información para que la autoridad decida si reunirse con la persona o no.

-¿Cómo se va a implementar en la práctica esta ley? ¿Cómo se va a fiscalizar a las personas que hablen con las autoridades?

El proyecto regula la gestión de intereses y el lobby cuando este se realiza en reuniones y audiencias. No cuando se reúnen en actividades normales. Hay un artículo completo que describe ciertas situaciones que están excluidas de la regulación de la ley, entre ellas los encuentros casuales, actividades de representación de los parlamentarios en sus distritos, cualquier reunión pública o asamblea no está dentro de lo que la ley considera.

-Cuando hablamos de reuniones a nivel personal, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, mi amigo me invita a tomar un café, o coincido con alguien en un almuerzo de domingo?

Ninguna ley va a regular todas las posibilidades o alternativas que existen para hacer lobby. Así como la transparencia o la democracia nunca es completa, tampoco lo es la posibilidad de regular cuando se ejercen influencias de manera indebida. Si es que en un encuentro casual o en un encuentro con un amigo –en un matrimonio, etc.– se tocan ciertos temas, lo que la autoridad debería hacer al amparo de la ley, resguardándose en la ley es decir “estos temas deberíamos hablarlos en reuniones o audiencias. Para hablar de estos temas pídeme una reunión, como la ley lo señala, yo te doy la reunión y todo queda en actas y se publica y ahí no estamos incumpliendo la ley”. De otro modo lo que se va a producir es que se van a favorecer ciertos contactos personales, que es lo mismo que sucede ahora. Pero con esta ley la autoridad va a tener el resguardo de apelar a la ley para evitar que traten de influenciarlo en algún tipo de decisión que tenga que tomar.

-Camilo Escalona se refirió a esta ley como un “Mercedes Benz sin motor”, y varios parlamentarios votaron a favor de esta ley para no quedar mal con la ciudadanía. Sin embargo hicieron patentes las deficiencias que encontraron en el proyecto. ¿Qué les contestarías a ellos?

Las deficiencias que ellos hicieron patentes están satisfechas en la ley. El registro habilitante, que era lo que más se habló en esa sesión del Senado, podría incluso generar más problemas. En Perú, por ejemplo, existe una ley con registro habilitante, es decir, yo no puedo hacer lobby si no estoy inscrito en el registro de lobbistas, pero si no estoy inscrito en el registro y hago lobby igual, la ley no me puede penalizar porque no soy sujeto de las penas que la ley considera para los lobbistas.

Al ser habilitante el registro de lobbystas genera un desincentivo para inscribirse al registro y, por lo tanto, yo sigo haciendo lobby por fuera de él. Eso es lo que esta ley evita al hacer que cualquier persona o empresa que se reúna con la autoridad para hacer lobby queda automáticamente inscrita. También existe la posibilidad de inscribirse voluntariamente previo a lobby y con eso Camilo Escalona, o cualquiera de los senadores que votaron en contra de la ley pueden tener como política sólo recibir a las personas que estén inscritas en el registro de lobbistas previamente a una reunión. Una vez que te reúnes con la autoridad quedas inscrito en el registro de lobbistas y esa autoridad ya puede saber que tú estás inscrito, que trabajas para tal o cual empresa y que trabajas ciertos temas.

– Ese registro automático ¿Es entonces exactamente el mismo registro, con la misma información que el registro voluntario?

 Lo que pasa es que esto funciona con varios registros. El primero es el registro de lobbistas de cada organismo. La Cámara de Diputados va a tener un registro, el Senado va a tener un registro, el ministerio va a tener un registro. Eso se publica hasta una vez al mes. Luego existe otro registro que maneja el Consejo Para la Transparencia, que centraliza toda la información. El tercer registro, que también cada organismo tiene, son las actas de reunión, que tiene la responsabilidad de subirlos el sujeto pasivo, es decir la autoridad; y también el Consejo Para la Transparencia centraliza este registro de actas de reunión.

-¿Qué ganan las empresas o los lobbystas con esta nueva ley al inscribirse voluntariamente?

Lo que gana es que cuando se vaya a presentar ante la primera autoridad, decirle que ya está inscrita en el registro. En realidad gana simbólicamente en términos de prestigio. No hay una ganada financiera ni estratégica.

¿A quiénes vamos a entender como lobbystas con esta nueva ley y qué tan precisa es esa definición?

La ley da dos definiciones. La primera es la definición del lobbysta, que es quien hace una gestión de intereses a cambio de una remuneración. Y la segunda es el gestor de los intereses que gestiona un interés particular sin perseguir una remuneración. Esa diferencia permite considerar como sujeto activo tanto a las empresas que se dedican al lobby como también a las ONG, a los sindicatos, a distintas organizaciones que quieren también influir en las decisiones públicas.

La primera versión del proyecto de ley consideraba como lobbysta a quien lo hacía por una remuneración y consideraba también un criterio de habitualidad, es decir, fijaba un número de audiencias que tenía que tener una persona o empresa con autoridades sobre el mismo tema al mes y quien pasaba ese número se consideraba como lobbista y debía inscribirse en el registro. También es un criterio válido, pero me parece que como ahora se está considerando que una vez realizada la primera gestión uno queda inscrito en el registro.  Simplemente lobbysta es quien realiza la gestión de intereses de manera profesional, es una industria que está especializada en la gestión de intereses para representar intereses de otros.

-Esta ley se demoró 10 años en el Congreso. ¿Por qué crees que se demoró tanto? ¿Y cuánto de ‘lobby’ crees tú que hubo en su tramitación ?

Estos diez años hay que dividirlos en dos porque fueron dos proyectos de ley los que duraron diez años. El primero fue ingresado el 2003 y el 2008 cayó por un veto, y ese proyecto de ley terminó siendo bastante similar al primer proyecto de ley del 2008, que fue cuando comenzamos a contar la tramitación del proyecto de ley que ayer se aprobó.

Si es que hubo lobby para frenar este proyecto de ley es difícil poder determinarlo, porque uno ve desde fuera la tramitación. Eso yo creo que es una pregunta que deben responder las autoridades, pero la intuición es que más que lobby para que no saliera la ley del lobby, lo que hubo fue cierta desconfianza por parte de las autoridades por empujar este proyecto de ley con más fuerza porque es un proyecto que a primera vista puede incomodarlos.

Lo que vimos en la discusión de antes de ayer en el Senado es que muchos parlamentarios se sentían incómodos con algunas de las obligaciones que iban a tener, pero nosotros consideramos que esas obligaciones son mínimas en un contexto de transparencia y donde queremos tener un Estado moderno y abierto a la ciudadanía.