Informe de comisión investigadora del lucro cuestiona cierre de la U. del Mar y critica gestión del Mineduc

“El Estado ha tenido responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación y de instituciones públicas con regulación insuficiente, privilegiando el derecho a la libertad de enseñanza por sobre el ejercicio del derecho a la educación, transgrediendo los principios de calidad, equidad, responsabilidad, integración y transparencia, todos ellos inspiradores del sistema educativo chileno”.

Esa es una de las principales conclusiones del informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de revisar a fondo el sistema de educación superior, o “informe lucro 2.0” que se vota hoy en la Sala de la Cámara Baja. La instancia  se creó en diciembre de 2012 con el objetivo de, precisamente, complementar el informe de la comisión investigadora contra el lucro del 2011, la que fue rechazada por la Cámara de Diputados en julio de 2012 por 46 votos contra 45.

Ahora, sin embargo, esperan que sea distinto. Personas que participaron de las discusiones aseguran que el informe debería ser ampliamente aprobado, pues lo que hace es suplir las carencias que tenía el anterior.

La mañana de este martes la Cámara tendrá como primer punto en tabla la discusión y votación de este informe, que será presentado por el presidente de la comisión de educación Mario Venegas (DC), quien asegura que “llegamos a conclusiones que tienen que ver con que el Estado es responsable de diseñar y mantener un sistema desregulado que explica el estado actual de la educación superior, con todos los problemas que todos conocemos”.

Si bien con los votos de la Nueva Mayoría más los independientes basta para aprobar el informe, Venegas asegura que la Alianza también debería apoyarlo dado el compromiso que adquirieron sus diputados durante la elaboración. Entre los parlamentarios de derecha que participaron estaban Gonzalo Arenas (UDI), Gustavo Hasbún (UDI), Germán Becker  (RN) y Romilio Gutiérrez (UDI). Del ahora oficialismo estaban los PPD Cristina Girardi y Rodrigo Gónzalez, el PS  Manuel Monsalve y el IC Sergio Aguiló, sumados a la diputada independiente Alejandra Sepúlveda. El informe fue aprobado por unanimidad en la comisión.

Para su elaboración, los parlamentarios se reunieron con los ministros Harald Beyer y Carolina Schimdt además de rectores de universidades públicas y privadas.

“Este informe corroborra el lucro expuesto en el informe anterior. Además deja establecido que el ministerio ha tenido nula voluntad para fiscalizar”, asegura Mario Venegas.

Las definiciones

El primer informe concluyó que los controladores de universidades mantenían contratos con empresas comerciales de su propiedad. Pese a su rechazo, siguió causando ronchas, especialmente después de que la Fiscalía Nacional iniciara una investigación para comprobarlo. El asunto tuvo su punto culmine con el cierre definitivo de la Universidad del Mar por parte del Mineduc.

Con ese historial a las espaldas empezó a trabajar la nueva comisión. El Dínamo tuvo acceso a la parte final del documento y aquí presentamos lo más importante:

El documento textual de conclusiones y propuestas parte así: “Las bases del sistema de educación superior -heredadas del gobierno militar- (sic), constituyen un sistema basado en el desapego del Estado con las Universidades Públicas. Estas deben participar de un cuasi-mercado educativo, buscando autofinanciemiento, con limitaciones que impiden la competencia en igualdad de condiciones con las instituciones privadas, las que, tras la promulgación de diversos decretos del régimen, experimentaron un crecimiento exponencial sin fiscalización financiera, sin regulación sobre oferta de carreras y un contexto general desregulado”.

El texto detalla que este sistema se profundizó en democracia y que la educación aún subsiste como un bien de consumo y no un derecho social.

También señala que esto ha generado “la expansión desregulada de universidades privadas no tradicionales y de Centros de Formación Técnica e Institutos Públicos” y que una de las principales causas del financiamiento a privados y sobreendeudamiento de estudiantes era por el Crédito con Aval del Estado (CAE), el cual se define como “funcional al lucro” y “nocivo”.

Caso de la Universidad del Mar es considerado como el gran ejemplo de cómo “los controladores sacaron provecho de la desregulación y carencia de normas y procedimientos, para enriquecerse a costa de los estudiantes” y que deja en evidencia la desconfianza en el sistema. Sobre el cierre en tal, se señala que la decisión fue precipitada y nunca hubo un plan estratégico de re ubicación de estudiantes, docentes y funcionarios.

Quien se lleva las más duras críticas es el Ministerio de Educación y, por consiguiente, los dos últimos ministros de la cartera de Sebastián Piñera: Harald Beyer y Carolina Schimdt. El informe dice claramente que el sistema de fiscalización efectivo de lucro en educación superior ha fracasado y que es el ministerio el que ha negado sistemáticamente de sus facultades fiscalizadoras.

Finalmente, el documento termina con una serie de propuestas, entre las que se destacan la creación de tres nuevo órganos exclusivos de educación superior: una subsecretaría, una superintendencia y una agencia de calidad.

Pese a las duras críticas que tiene contra el CAE, no plantea su eliminiación ni del sistema de becas, sino que propone establecer nuevos parámetros para entregarlo

Y en el caso de cierre de una institución, el informe propone crear la figura del interventor académico y configurar un sistema de cierre gradual.