¿Por qué los gobernadores son el flanco débil del aparato público?
La ley no exige que los aspirantes a las gobernaciones tengan título profesional ni hay un filtro a través de la Alta Dirección Pública. Quienes acceden al cargo -en general- son "sugeridos" por los parlamentarios o caudillos locales después del deber cumplido en campaña. Salvo excepciones, las gobernaciones son reservorio de operadores políticos.
En 9 días de funcionamiento del gobierno de Michelle Bachelet han renunciado 4 de los 54 gobernadores que el Ejecutivo designó horas después del cambio de mando, generando un mar cuestionamientos e incertidumbres por la instalación de esta nueva administración.
Cristián Fernández (MAS) fue designado en Ñuble. Pero cayó en desgracia por los cuestionamiento a su gestión cuando fue alcalde de San Fabián de Alico. Entonces fue destituido por 5 meses por una querella que enfrentó por malversación de fondos que superaría los 600 millones de pesos. Misma situación judicial vive desde 2010 Salvador Delgadillo (PC), designado en Santiago, aunque por un monto menor.
En Antofagasta fue designado Hernán Vargas (PS). A los pocos días de haber puesto un pie en su gobernación, organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que Vargas tenía el beneficio de la pensión Valech, cuestionando que realmente fuera un preso y torturado político en tiempos de dictadura.
La más polémica, sin duda, fue la renuncia de Claudia Placencio (Chiloé), luego de que saliera a la luz que la ahora ex gobernadora figuraba como “indigente” en la Ficha de Protección Social”, lo que la facultaba para recibir beneficios estatales destinados a los chilenos más vulnerables.
Más allá de los cuestionamientos a las designaciones de Bachelet, surge la interrogante acerca de ¿por qué los gobernadores son el flanco débil del aparato público?. “Son lo último en la escala evolutiva de la política”, dice un miembro de la Nueva Mayoría que reconoce que la laxitud de los requisitos para acceder al cargo dan pie para lleguen a él operadores políticos y personeros funcionales a los parlamentarios y caudillos locales.
La polémica de esta semana da cuenta de lo anterior. Tras la caída de Claudia Placencio se instaló en la gobernación de Chiloé el nombre de Pedro Bahamondez (filo DC). “Hombre de Páez…”, fue lo primero que se comentó en la zona aludiendo al ex senador DC, Sergio Paéz, que durante su paso por la Cámara Alta era conocido en su región como “El Padrino” y que según dicen no ha perdido influencia estando fuera del cargo (hoy es presidente del comité de asignaciones parlamentarias de la Corporación). Apenas fue nombrado Bahamondez, el diputado PS, Fidel Espinoza, salió al paso para acusar al personero de estar involucrado en la investigación por tala ilegal de alerces cuando él desempeñaba como director regional de la Conaf en 2004.
¿Cómo personas susceptibles de acusaciones llegan al cargo de gobernador ? La legislación actual no exige mayores requisitos para ser gobernador, no es necesario un título universitario ni participar del Sistema de Alta Dirección Pública. Así es fácil que el cargo se transforme en un “premio” por favores cumplidos. En tiempos en que se discute la elección en las urnas de los intendentes queda poco clara la necesidad de mantener la figura en el aparato público, pues más allá del rol político su labor se vuelve dispensable.
Normalmente, explican en el oficialismo, son cargos de confianza del Ejecutivo pero recomendados por los partidos políticos a nivel regional o por parlamentarios de la zona que conocen a “alguien” que podría ejecutar esa labor. De esta forma, los gobernadores terminan convirtiéndose en “la mano del gobierno” en la provincia, lo que constituye un espacio de mucho menos peso y poder político que un intendente; es decir, son operadores políticos del gobierno de turno, amparados en la amplia red de contactos que generan y potenciando el tan criticado clientelismo en sus zonas respectivas.
Es cuestión de ver el caso de Hernán Vargas ¿Cómo llegó al cargo al que debió renunciar? Según explican quienes lo conocen en la zona, allí “se notó mucho la mano del subsecretario del Interior (Mahmud Aleuy)“. El intendente de la región de Antofagasta, los parlamentarios de la zona y los partidos de la Nueva Mayoría habían entregado una terna al gobierno con los mejores nombres para ocupar ese cargo en la provincia. Sin embargo, Vargas apareció designado como una “sorpresa”, ya que no fue consensuado con nadie.
Un parlamentario de la zona explica que eso se debió al “trato directo” que tenía Vargas con el subsecretario Aleuy, debido a la cercanía que ostentan como militantes del mismo partido. Ya en el primer gobierno de Bachelet había sido director regional de la Onemi, cuando ocurrió el terremoto en Tocopilla, y había tenido otros cargos como militante PS. En el medio político hablan de que muchas veces este tipo de nombramientos es un “premio a la trayectoria partidaria” y no necesariamente un mérito, porque el cargo tampoco lo exige.
1.- ¿Qué hace un gobernador?
La Constitución de 1980 establece que existe un gobernador por cada provincia, quien es nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, con la misión de representar al Ejecutivo en la zona, supervigilar el funcionamiento de los servicios públicos y ejercer las instrucciones que demande el intendente, a quien debe rendirle cuentas.
Aunque no es muy común que suceda, el intendente también puede delegar en el gobernador las tareas relacionadas al orden y seguridad públicos. Es el caso de la región de la Araucanía, donde normalmente el gobernador de Cautín o Malleco es quien lleva el mando en las acciones policiales que se realizan contra las comunidades mapuche, por ejemplo, con la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Conocido es el episodio del actual ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien durante el gobierno de Ricardo Lagos fue la autoridad provincial de esa zona (después de colaborar en la campaña). A Peñaililli aun se le saca en cara que como gobernador aplicó la polémica ley normativa contra Héctor Llaitul, fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
2.- ¿Qué requisitos se exigen para ser gobernador?
La ley establece que quien sea designado gobernador por el Presidente de la República solo debe tener 21 años, ser ciudadano con derecho a sufragio, no estar inhabilitado para cargos públicos y residir en la región respectiva al menos los últimos dos años previo a su nombramiento.
Así como otras autoridades locales, para ser gobernador no es requisito tener título profesional o tener algún grado que certifique competencias de algún tipo. Basta tener la licencia que acredite la enseñanza media completa.
3.- ¿Cuánto gana un gobernador?
Dependiendo de la zona donde resida, un gobernador bordea los 5 millones de pesos entre sueldo base y asignaciones, en caso de que presenten un título profesional. De lo contrario el sueldo baja a una cifra entre los 3 y 4 millones y variando según provincia.
Por ejemplo, el gobernador de Antofagasta tiene una renta bruta mensual de $4.351.994. La renunciada Claudia Placencio en Chiloé hubiese alcanzado a recibir una remuneración de $4.464.574, la que hoy recibirá su sucesor, Pedro Bahamondez. En el caso de Ñuble, el gobernador recién reemplazado tras la renuncia de Cristián Fernández recibirá $4.201.888.
4.- ¿Operadores políticos?
Para muchos, el gobernador tiene por objetivo -en la práctica- difundir la labor del gobierno de turno, lo que se está haciendo y lo que se hará, generando una red de “apoyo” para la solución y avance de proyectos, lo que muchas veces se presta para malas prácticas como el clientelismo y la paga de favores.
En otras palabras, su función se traduce en el oscuro trabajo que realizan los operadores políticos de movilizar gente y recursos para situaciones puntuales. “Algunos se creen los dueños del fundo porque conocen a todo el mundo ahí”, puntualiza un parlamentario.
Los gobernadores, comúnmente, tienen filiación partidaria. De allí nacen sus nombramientos sugeridos por las directivas regionales de cada partido, por lo que es común que algunos de ellos respondan al interés y necesidades que planteen los parlamentarios de la zona.
5.- “Apoyando” a los diputados
El diputado Ramón Farías, presidente de la comisión de Gobierno Interior, explica que hay dos visiones sobre los gobernadores. Desde el punto de vista de los alcaldes, “poco sirven” porque estos se relacionan directamente con el intendente y no hay roce político.
Sin embargo, Farías explica que para los parlamentarios son “primordiales” porque son ellos quienes tienen las redes de contactos con las organizaciones y con la gente en territorios más pequeños. “En la región Metropolitana, uno se relaciona directo con el ministro. Pero en regiones, un diputado se relaciona con el gobernador. Son ellos los que resuelven muchos temas”, dice.
En el fondo, son los gobernadores -cuando estos son políticamente afines a un parlamentario- los que se transforman en “operadores” en la zona, generando contactos, movilizando equipos y recursos para determinadas labores. Es ahí donde muchas veces el clientelismo es el mejor aliado.
6.- Sus ambiguas facultades
La institucionalidad le da un rol ambiguo al gobernador. Jorge Ramírez, investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, explica que incluso llega a existir una confusión entre las funciones que le competen a un intendente, a un gobernador y hasta los secretarios regionales ministeriales (Seremi).
“El diseño político detrás de las autoridades locales es bien precario y las funciones no están bien establecidas. Hay muchas autoridades para funciones que tampoco cuentan con plena autonomía, siendo un país tan centralizado”, argumenta.
El diputado RN Germán Becker dice que si los gobernadores no tuvieran a cargo la seguridad de sus provincias -en las pocas en que eso sucede, de acuerdo a la voluntad del intendente de que así sea- “su autoridad se anularía mucho”. En ese sentido, las facultades de un gobernador están muy limitadas y son necesariamente supervisadas y visadas por el intendente regional, generando un choque de decisiones y “más papeleo”.
7.- ¿Cuándo son relevantes?
Donde adquieren un mayor protagonismo es en zonas más extremas donde la mano del Gobierno central muchas veces no llega. Allí se encargan de administrar de mejor manera los servicios públicos, pero en Santiago, por ejemplo, el cargo del gobernador es bastante más limitado y, en algunos casos, nulo.
Donde sí cumplen una función mucho más concreta es en el caso de catástrofes, según establece la ley. Así funcionó en el caso de la erupción del volcán Chaitén o los recientes terremotos en el norte y sur del país, organizando y ejecutando soluciones entorno a servicios básicos y orden público. Sin embargo, las catástrofes son contadas y no alcanzan para hacerlos brillar como ellos quisieran.
8.- Repensando el cargo
La mayoría apunta a repensar la función -y la existencia- del gobernador. “Uno podría pensar en un diseño más inteligente para evitar este traslape de funciones entre las distintas autoridades y hacer una gran autoridad mayor con más atribuciones. Eso mismo ayudaría también a evitar la innecesaria burocracia del Estado”, explica Jorge Ramírez, de LyD.
En ese sentido, existe un proyecto de ley que duerme en el Congreso que busca la elección popular de los intendentes al momento de que se realicen las elecciones presidenciales. De esta forma, que la autoridad central designe a un gobernador “sería un contrasentido” con esa fórmula electoral, explica el diputado Becker.
El diputado Fuad Chahín dice que en el último tiempo se ha hecho un esfuerzo por darle más atribuciones al gobernador, pero pese a ello “constituye un rol simbólico más que real”.
