Informe denuncia hacinamiento y vulneración de derechos en cárceles chilenas
Según la investigación, estos son consecuencia de la carencia de condiciones materiales apropiadas, de programas y servicios mínimos en las cárceles, así como de una capacitación insuficiente de los funcionarios de Gendarmería.
El hacinamiento y la vulneración de los derechos de los presos son los principales problemas de las cárceles chilenas, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) difundido este sábado.
La investigación, realizada con la colaboración de la ONG Paz Ciudadana, añade que lo anterior “constituye un incumplimiento del rol de garante del Estado de Chile respecto del ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad”.
Agrega que también se pudo constatar la existencia de un conjunto importante de vulneraciones de derechos que son consecuencia de la carencia de condiciones materiales apropiadas, de programas y servicios mínimos en las cárceles, así como de una capacitación insuficiente de los funcionarios de Gendarmería de Chile.
El informe “Estudio de las condiciones carcelarias en Chile: diagnóstico del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos”, cuyo objetivo es construir un diagnóstico general sobre la situación penitenciaria y mostrar la realidad que viven miles de personas en cárceles del país, agrega que el hacinamiento es la deficiencia más común dentro de las cárceles.
Según el INDH, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó para hombres es el penal con mayor hacinamiento del país, con 707 internos para apenas 198 plazas (357,1 % de hacinamiento).
En el caso de recintos de reclusión para mujeres, la cárcel de Talca (305,6 %) resulta ser la más hacinada con 36 plazas para 110 internos, seguido por el centro penitenciario de Copiapó (197,7 %) con 44 plazas para 87 internos.
Realizada en los años 2012 y 2013, la investigación muestra también su preocupación por la frecuencia que presentan algunos penales, especialmente aquellos administrados por el Estado, de hechos de violencia entre internos que terminan con pérdida de vidas.
Establece que “desde la óptica del derecho a la integridad, resulta preocupante la masiva utilización del régimen disciplinario, contradiciendo los principios de excepcionalidad y aplicación en casos de grave alteración al orden público”.
Concluye que de acuerdo con lo expuesto es posible afirmar que la situación del derecho a la integridad de las personas privadas de libertad “es preocupante”.
Explica que esta situación se da porque las cárceles chilenas son espacios de extrema discrecionalidad y de ausencia de control, “donde el uso de la violencia como forma de relacionarse y controlar a la población constituye una práctica arraigada en la cultura institucional”.
