INDH: "Chile está en deuda con los pueblos indígenas"

Establecer un diálogo de alto nivel con los pueblos originarios y avanzar en la restitución de territorios y recursos naturales ancestrales, son algunas de las medidas que debería adoptar el Gobierno de Michelle Bachelet, para cumplir con los requerimientos de la ONU en derechos humanos.

“Chile está en deuda con los pueblos indígenas”, afirmó en entrevista con Efe Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quien participó como representante de este organismo autónomo en la reciente revisión que efectuó Naciones Unidas (ONU) sobre la situación del país en esta área.

“Creemos que se debe establecer un diálogo de alto nivel del Estado de Chile con los pueblos originarios y que se debe avanzar en la restitución de aquellos territorios que fueron de ocupación ancestral”, agregó.

A principios de este mes el Comité de Derechos Humanos de la ONU revisó la implementación por parte del Estado chileno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por el país desde su promulgación en 1966.

En esa instancia se determinaron los logros alcanzados desde el 2009 en materia de derechos humanos y también aquellas áreas en que aún hay deficiencias.

En base a esa evaluación, el próximo 24 de julio el comité emitirá recomendaciones que el país debe acoger y llevar a cabo dentro de los próximos cuatro años.

A fines de junio Bachelet anunció el inicio de un proceso de consulta con los pueblos originarios, que tomará seis meses, con el objetivo de crear una nueva institucionalidad que comprende un Ministerio de Asuntos Indígenas, una cartera de Cultura y Patrimonio y un Consejo de Pueblos Indígenas, entre otras medidas.

Pero el INDH cree que las demandas de la ONU irán más allá, especialmente en materia de restitución de tierras, tarea que han realizado parcialmente los gobiernos chilenos en las últimas décadas, pero que no han logrado aplacar el severo conflicto que enfrenta hasta hoy a grupos mapuches y terratenientes en la sureña zona de la Araucanía.

Otra de las áreas en la que se pediría avances concretos a Chile sería en la de reformas legales, para garantizar la adecuada sanción judicial de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet, de 1973 a 1990.

Básicamente se plantearía la eliminación de una ley de amnistía, dictada en 1978 durante la dictadura, la que los jueces en años recientes han dejado de aplicar, lo que ha permitido el procesamientos de numerosos ex militares y agentes del régimen de Pinochet, acusados de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, Fríes sostiene que la preocupación de la ONU, y que el INDH comparte, es que esa determinación permanezca al arbitrio de los magistrados.

“Bastaría con que cambie el timón o la composición de la Corte Suprema para que se pudiera volver a aplicar la ley de amnistía”, afirmó Fríes.

En ese mismo ámbito también se postularían modificaciones al Código Penal chileno para evitar que delitos como el asesinato o desaparición de personas tengan prescripción total o parcial en el tiempo, lo que hasta ahora se ha traducido en que muchos de los condenados por estos crímenes hayan obtenidos sentencias muy bajas.

“Pensamos que la prescripción lo que hace justamente es bajar las penas respecto de personas que están comprometidas en crímenes de lesa humanidad, lo que no ocurre en ninguna parte del mundo”, dijo Fríes.

También hay inquietud por la constatación de que en Chile persiste la práctica de la tortura contra personas detenidas por parte de las policías uniformada, civil y carcelaria.

De hecho, desde su constitución en julio del 2010, el INDH ha presentado 31 querellas por tortura en contra de las distintas instituciones policiales.

“No estamos contentos con el hecho de que la tortura exista en Chile (…) en un contexto democrático es intolerable”, afirmó Fríes.

Los derechos de la mujer y la penalización del aborto, vigente en Chile bajo cualquier circunstancia, son también materia de preocupación para el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Según Fríes, en esos ámbitos en la revisión se reconocieron avances como la aprobación durante la pasada administración de Sebastián Piñera (2010-2014) de la extensión de la licencia maternal de tres a seis meses.

También han sido evaluados positivamente los anuncios de Bachelet de promover una reforma que despenalice la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación.

Lo mismo ocurre con las disposiciones se incorporarían a la modificación del sistema electoral para lograr una mayor presencia de las mujeres en el Congreso.

“Pero, por ahora, son todos anuncios y no concreciones”, apunta Fríes. “Por lo tanto, vamos a tener que esperar los próximos cuatro años para ver que si aquello realmente se cumplió y ese el rol que va a tener el INDH dentro este período”, añadió.