Claves y protagonistas del caso de robo de recién nacidos que sigue el juez Carroza

Carlos Zurita y su esposa Marcela del Carmen Quincha fueron una de las últimas parejas en sumarse a la ola de denuncias por sustracción de menores. Ellos presentaron una querella al juez Mario Carroza junto al abogado Cristián Letelier, quién comenzó a recibir decenas de testimonios tras una primera acción judicial presentada en junio por el secuestro de los mellizos Cavieres.

El matrimonio se atrevió a revelar la desaparición de su hija ocurrida el 18 de septiembre de 1987. Aquel día, en la maternidad del Hospital de Buín, nació una pequeña a la que llamaron Bernardita. Según el testimonio, que consta en la querella, fue un doctor y una enfermera quienes le informaron que la niña había nacido con una malformación congénita y que había que trasladarla urgente al Hospital Barros Luco. Marcela se quedó en el Hospital de Buín y fue su madre y su esposo, quienes siguieron visitando a la menor en Santiago.

Allá los doctores les dijeron que su hija estaba enferma y que no podían seguir visitándola, fue en ese momento cuando Marcela sospechó de la situación y fue inmediatamente a buscar a la niña. Pudieron contemplarla unos minutos, pesaba tres kilos y medía 49 centímetros. “Aparentemente sin señales de anormalidad, conforme al grave problema de salud que nos habrían señalado para tenerla en dicho centro Hospitalario”, se cita en el documento.

Al día siguiente, volvieron a verla y cuando preguntaron cuándo “le darían el alta” a su hija, los médicos sólo se remitieron a responder la niña estaba muy grave y que había que operarla. “Que la cirugía era compleja y que podía quedar con secuelas en su salud mental y física”.

El 27 septiembre concurrieron por tercera vez al hospital para preguntar cuándo podrían llevarse su hija. Nunca se les olvidó la mañana en que les informaron que la niña había fallecido. “Reclamamos su cuerpecito, y nos dijeron que teníamos que volver el lunes con un cajoncito y ahí nos entregarían sus restos (…) llegamos el día lunes al Hospital Barros Luco, a primera hora a retirar a nuestra hija. Para sorpresa nuestra y un dolor más grande todavía, el funcionario del recinto hospitalario encargado de entregar los cuerpos a los familiares, nos expresa que nuestra hija no estaba, que se había ido a una fosa común”, declararon en la querella los padres de Bernardita.

En este, como otros casos de desapariciones de recién nacidos en dictadura, se repite el modus operandi. Decenas de testimonios siguen engrosando la lista de secuestros de lactantes que habrían ocurrido en cinco hospitales Santiago: El Hospital Barros Luco, San Borja Arriarán, las clínicas Carolina Freire y Santa María y los hospitales de Chillán y Calvo Mackenna y hoy están siendo investigados por el Juez Mario Carroza.

La primera querella fue presentada el 9 de junio por el abogado Cristián Letelier. En ella detallaba el robo de los mellizos del matrimonio de María Rojas y Hernán Cavieres. Los pequeños fueron dados por muertos en 1984 en el Hospital Barros Luco. Este fue el punto de partida para otros testimonios que el senador Alejandro García Huidobro, y el abogado, fueron presentando al ministro Carroza.

Contactado por El Dínamo, Letelier explica cómo comenzaron las denuncias que explotaron tras conocerse el caso de adopciones irregulares que protagonizó el sacerdote Gerardo Joannon y que denunció CiperChile en el mes de abril . “En abril, pedí un ministro en visita para los casos que ya se conocían como el caso de Andrés Rillón, pero lo negaron. Por eso, dos semanas más tardes, presentamos las denuncias al 34 Juzgado del Crimen, con el rol 93,  para que se tomara información de los primeros casos (Rillón y Constanza del Río). En paralelo, el Ministerio Público comienza la investigación, pero luego aparece el caso de la familia de la sexta por sustracción de menores, el que ocurrió en el Hospital Barros Luco y se abre otra arista”, señala.

Agrega que el magistrado Carroza aceptó su competencia en estos casos considerando el Acta N° 81-2010, de fecha 1 de junio de 2010 de la Corte Suprema, en el que se le designa como ministro en visita para investigar causas por violaciones a los derechos humanos.

En total, el ministro investigará 12 de las 21 denuncias ocurridas en los años 70 y 80 derivadas por la Fiscalía Centro Norte. El magistrado aceptó la competencia, luego que el Ministerio Público se declarara incompetente al respecto considerando que los hechos habrían sido cometidos antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.

El juez Carroza incorporó a su investigación los casos de sustracción de menores y los casos de adopciones irregulares enviándolos al 34 Juzgado del crimen.

Asociación ilícita

El abogado Cristián Letelier explica por qué se usa la figura de “secuestro permanente” en las últimas querellas presentadas. “Son criaturas recién nacidas que fueron sustraídas de la esferas de cuidado de sus padres y se ignora su paradero, hoy pueden estar vivas y ser personas mayores o bien efectivamente haber fallecido. En todo caso lo más importante es que esta figura no prescribe por ser un delito de lesa humanidad”, comentó a El Dínamo.

El abogado además aseguró que se pueden conseguir nuevos antecedentes gracias a una religiosa, que actualmente está en Holanda, quien habría sido responsable de sacar al exterior a lo menos 99 recién nacidos. “Ya se presentó la petición de diligencias para que la Policía de Investigaciones pueda viajar y tomar la interrogación de la religiosa”, agrega.

Según Letelier, además la mujer no pertenece a la misma orden que la monja Graciela Soto, la primera religiosa involucrada en desaparición de menores, a quién ya se le solicitaron algunos peritajes para comprobar su salud mental, en ese tiempo tenía 61 años.

Las investigaciones avanzan y el abogado Cristián Letelier asegura que ya existen algunos responsables que están identificados en el Hospital Barros Luco. “Nosotros tenemos la lista de matronas y médicos, hay avances, la crítica por ejemplo es que Sename hasta el momento no se ha hecho parte de ninguna de las querellas que hoy tiene el ministro Carroza”, comenta.

Respecto a las nuevas diligencias encargadas por el juez, a mediados de junio ya se constituyó el banco de ADN en el Servicio Médico Legal y se están tomando muestras de sangre a las familias querellantes.

En la misma línea el senador García Huidobro y en conversación con este medio, señaló que como una de la primeras denuncias correspondía a su distrito (sexta región) pensaron en tramitar la audiencia el ministro Carroza, desde entonces le han enviado otras querellas sobre sustracción de menores. “Hay un caso en que ingresó un matrimonio extranjero al país y a los poco días salieron con una guagua, por suerte la misma prefecto que los recibió, los vio tratando de salir con un recién nacido. Aquí existió el tráfico de niños hacia el exterior. Una red inhumana, una red de sustracción de menores, si esto no fuera una red qué sería entonces. La asociación ilícita está absolutamente acreditada”, explicó.

La presidenta del Colegio de matronas, Anita Román, ya presentó su declaración ante la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y está pronta a entregar su testimonio al juez Mario Carroza. Desde el Departamento de Comunicaciones del gremio, comentaron que la declaración está referida a los casos que se dieron en la década de los años 80. “Estamos dispuestos a colaborar, pero la declaración de la presidenta del Colegio de Matronas se dio en el contexto de su experiencia personal en el Hospital Salvador”, señalan.

El Dínamo se comunicó con el Ministerio de Salud para solicitar información de lo ocurrido en los hospitales que investiga el juez Carroza, pero declinaron entregar una respuesta, argumentando, a través de su departamento de comunicaciones, que no podían entregar la información por ser parte de una investigación. Tampoco dieron su parecer respecto a las acusaciones.

Los protagonistas