Comisión que analiza ley Antiterrorista entregará informe en septiembre

Este jueves 31, la Comisión de 8 expertos convocada por La Moneda para revisar la Ley Antiterrorista recibirá al fiscal nacional Sabas Chahuán. Luego tendrá cita con otros expertos jurídicos para terminar -a fines de agosto- con un viaje a la Araucanía que busca reunirse in situ con fiscales y defensores de una de las regiones donde más se ha invocado la polémica normativa.

Son los últimos aprontes de los abogados Juan Pablo Hermosilla, Javier Couso, María Inés Horvitz, Juan Pablo Mañalich, José Ignacio Nuñez, Enrique Aldunate, Juan Pablo Cox y Héctor Hernández, antes de entregar al Gobierno de Michelle Bachelet las conclusiones del trabajo que desarrollan desde mayo y que busca proponer modificaciones que mejoren la legislación vigente.

El trabajo de la Comisión se inició por decisión de la mandataria debido a los múltiples cuestionamientos internacionales a la ley antiterrorista creada en 1984, en pleno régimen militar. Lo que piden las Naciones Unidas es que Chile adecúe su legislación de acuerdo a estándares internacionales. La aplicación en el conflicto mapuche despierta las mayores críticas: la ley vulneraría el debido proceso, sobre todo por la presencia de los testigos protegidos o “sin rostro”.

El origen de su inaplicabilidad estaría en una definición muy vaga de lo que se considera un “delito terrorista”, de acuerdo a lo señalado por varios miembros de la Comisión en anterior reportaje de El Dínamo, lo que la volvería ineficaz. En el caso más emblemático del conflicto mapuche, el machi Celestino Córdova fue condenado a 18 años de cárcel por el “incendio con resultado de muerte” del matrimonio Luchsinger-McKay, desestimándose un actuar terrorista. Y así en decenas de casos más. Por ello, algunos miembros de la Comisión hablan del sin sentido de una ley que en la práctica no sirve. Argumentan que el Código Penal e incluso la Ley de Seguridad Interior del Estado ya tendrían bastantes atribuciones para sancionar a los autores de delitos en la Araucanía o a los grupos anarquistas de la capital.

Entre la formación de la Comisión y los últimos meses han sucedido dos hechos que han venido a complicar el trabajo de los expertos. La primera fue el bombazo en la estación de metro Los Dominicos, cuando la ampliación “por delito terrorista” de la querella presentada por el Ministerio Interior vino a modificar  la posición inicial de Michelle Bachelet de que “en ningún caso” volvería a aplicar la Ley Antiterrorista. La segunda, la presentación por parte del diputado socialista Marcelo Schilling de un proyecto de ley para derogar la Ley Antiterrorista de la Constitución Política, anuncio realizado tras la interpelación al ministro Rodrigo Peñailillo. Schilling argumentó que la citada ley se ha vuelto una ley anti mapuche y completamente ineficaz”, llamando a su derogación. Además,  tildó los incidentes en la Araucanía de “delitos comunes”  y señaló que el único acto que consideraba terrorismo era el terrorismo de Estado.

Una fuente de La Moneda señala que la comisión tiene absoluta independencia para evacuar su informe, pero que el Gobierno cree en la continuidad de una Ley Antiterrorista que vaya en sintonía con la otras leyes antiterroristas que surgieron en el mundo entero tras los atentados a la Torres Gemelas en 2003. No cree en su derogación sino en su correcta utilización. El instrumento es el malo, no el objetivo, dice. En todo caso, hace hincapié en que no se volverá a repetir la abusiva utilización que se hizo del articulado durante la administración de Sebastián Piñera, con malos resultados, y “como una forma de negociación con las comunidades”.

Uno de los miembros de la Comisión dice que han llegado al convencimiento de que la Ley Antiterrorista “no sirve” tal y cual está hoy. Y que varios buscan la derogación del instrumento radicando ese castigo en el Código Penal. “Acá tienes que objetivizar lo más posible las conductas que puedes estimar tienen la gravedad suficiente como para considerarlo terrorista”, dice.

Agrega que la Comisión no entregará su informe antes de fines de septiembre, porque “aún la discusión no está madura”.