Lorena Fries, directora del INDH: "Yo no quiero un Parlamento que le haga honores a Pinochet"

Mientras Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), daba cuenta del informe anual del INDH en el centro cultural Matucana 100, en el Congreso parlamentarios de la UDI pedían un minuto de silencio para recordar los ocho años del fallecimiento de Augusto Pinochet. En este día que conmemora la muerte de Pinochet y celebra el Día Internacional de los DD.HH, Fries aborda en esta entrevista el citado “homenaje”, la vulneración de los derechos de los pueblos originarios y la tortura actual por parte de funcionarios públicos.

– En España se aprobó una ley que prohíbe los homenajes a la dictadura y en Argentina también.  ¿Qué le parece esta medida?

La gente que hace estos homenajes se escuda bajo la idea de la libertad de expresión. Efectivamente hay libertad de expresión, el punto es que ésta tiene límites y es lo que tienen que fijar las distintas sociedades. En general los límites están ligados, en países que han sufrido dictaduras, a castigar penalmente la incitación al odio, al genocidio, a cometer crímenes de lesa humanidad. Lo otro que se hace también es contar con cierta reglamentación para que los funcionarios públicos no puedan adherir, porque están pagados por fondos públicos, a ciertos homenajes o personas que han sido violadoras de los derechos humanos. Hay varios lugares donde se ha tomado este sartén por el mango. En Chile no tenemos nada todavía.

– ¿Qué tan legítimo  es que parlamentarios pidan un minuto de silencio para recordar a Augusto Pinochet?

Es un homenaje de un grupo minoritario, rémoras del pasado y sin embargo dentro de la libertad de opinión. Mi pregunta ahí sería si los funcionarios públicos, que son los parlamentarios, pueden con dinero del fisco, hacerle un homenaje.

– ¿Y usted qué cree?

En lo personal creo que no, pero que es legal. No corresponde porque es un dictador. Sin embargo, creo que necesitamos avanzar un poco más para establecer los límites del actuar público. Recordemos que hay un diputado de Renovación Nacional que está siendo acusado de haber sido parte de crímenes. Hay que poner todo eso sobre la mesa y ver cuáles son los límites que nos queremos dar. Yo no quiero un Parlamento que le haga honores a Pinochet. Y me parece que con mi plata, y lo digo como ciudadana, no se le debiera hacer un homenaje a Pinochet, pero está dentro de lo legal, por lo tanto, si se quiere cambiar hay que proponer un proyecto de ley.

– De hecho la diputada Karol Cariola (PC) presentó uno en esa línea.

Pero yo establezco un distingo, a mí me da lo mismo lo que haga el señor que dirige la Fundación Pinochet, cosa de él. Pero no me da lo mismo que lo hagan diputados de la República.

– En su discurso de hoy usted dijo que la tortura aún existe en Chile. ¿Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos en qué casos se refleja eso?

En los casos que han salido en los medios de comunicación, por ejemplo, en los centros penitenciarios tales como en Rancagua, en Concepción, en Copiapó.  ¿Qué pasa ahí? Hay todavía una cultura dentro de las cárceles de que el delincuente, el que está cumpliendo pena, no es persona y si no es persona tú puedes cosificarlo, y si lo puedes cosificar le puedes pegar. El punto es que cuando lo hace un funcionario público se llama tortura porque se trata de un funcionario que justamente cumple con la labor de garantía y respeto a los derechos humanos de todos, incluidos los condenados. Y eso es lo que no se cumple. Hay también en la PDI. Nosotros acabamos de ganar un juicio donde a una mujer -que es sospechosa de narcotráfico- le practicaron tortura a ella y a su familia. Nosotros estuvimos en ese juicio y se condenó a los ocho personas involucradas. La tortura no existe como en la dictadura, pero sí existe por parte de todos aquellos funcionarios públicos que tienen personas bajo su cuidado.

– Usted apunta a que hay violencia del Estado a través de sus funcionarios públicos: Carabineros, gendarmería y PDI. ¿Se les debe quitar atribuciones?

No, no hay que quitarles atribuciones, tienen que cumplir con la ley. Torturar no es cumplir con la ley. El problema que hay es que sobre Carabineros, ¿cuál es? La justicia militar. Adivine quién gana en la justicia militar: Carabineros. Por algo decía yo que hay que acabar con la justicia militar respecto de carabineros porque si no, no hay sanción para quien comete tortura y en gendarmería muchas veces ni siquiera hay expulsión de los funcionarios cuando han cometido tortura. Entonces se requiere de controles internos más eficaces, controles políticos externos más eficaces y en ese sentido el Instituto es un control y se requiere evidentemente que la gente denuncie.

– Precisamente en mayo de 2013 el estudiante César Reyes denunció ser secuestrado por efectivos de la PDI durante una manifestación estudiantil. ¿Esto es un claro reflejo de esa brecha  entre el protocolo de actuar y su efectiva aplicación de parte de estas personas?

Las policías  por sobre todo tienen un mandato de no tortura. Entonces cuando eligen el camino fácil, que es justamente aprovechar la fuerza legitimada que tienen para operar, lo único que estamos haciendo es destruir el propio paradigma que nos hemos dado de que toda democracia sea garante de los derechos humanos.

– ¿Cómo se explica el fenómeno de “detenciones ciudadanas” en las que al intentar detener un robo recurren a la violencia e incluso a la denigración de la persona? ¿Han tenido contacto con los jóvenes afectados? 

No hemos tomado contacto con esas personas porque no se inscriben dentro de las competencias que tenemos. Es un problema entre un grupo de particulares con un chiquillo, por tanto eso es algo que tiene que ir a Carabineros y a la Justicia, no es una violación a los derechos humanos. Sin embargo, es algo absolutamente condenable y cruel lo que ha pasado… Eso hecho en dictadura en una habitación era tortura. Eso hecho por un funcionario público es tortura. Pero hecho por una ciudadanía, donde nadie es capaz de decir ‘yo lo hice’ es una forma de decir que nadie es responsable. Lo que hay ahí es un trasfondo de violencia que para mí se explica por los grados de desigualdad que hay en este país.

– Transgredir la dignidad de la persona violentada ¿no se enmarca entonces dentro de la violación de derechos humanos?

No en el estricto sentido. Son funcionarios públicos, el Estado, el que viola derechos humanos. A ese joven se le violan los derechos humanos si él denuncia y no hay justicia para él, ahí sí hay una afectación a sus derechos o si Carabineros no lo hubiera protegido.

– En materia de pueblos originarios, en el informe entregado hoy se aborda el conflicto territorial mapuche, pero no así la violencia misma. ¿Cómo se trabaja con esos casos, principalmente cuando hay niños involucrados?

No es que no lo hayamos tocado. De hecho lo tocamos el año pasado y el antepasado. Lo que hicimos ahora es más bien despejar el bosque para ver los arbolitos. En ese sentido toda la opinión pública está centrada en la violencia que hay en La Araucanía. Sin embargo, el tema es entender y tratar de modificar las causas que dan origen a esa violencia y esa violencia tiene un tema de fondo: la ineficacia del Estado para responder a lo que ha sido una historia de sometimiento de los pueblos indígenas y para brindar seguridad a aquellos que no son mapuches y que adquirieron de buena fe tierras en esa zona. Por lo tanto, tienes entrampado a dos colectivos en un territorio donde el Estado necesariamente tiene que dar la respuesta…

– También en el informe se insta a una reforma educacional que elimine un proceso de selección que sea arbitrario en los establecimientos.  ¿Cómo se puede delimitar el concepto arbitrario? ¿Tienen alguna propuesta al respecto?

A nosotros no nos compete meternos en el diseño concreto de la política pública. Lo que nos compete es decir que la propuesta, el diseño o la política se ajusta a derechos humanos, y lo que no se ajusta a derechos humanos es el sistema educacional actual, donde los jóvenes pobres estudian con los pobres, los jóvenes medio estudian con los de medio y pagan para no juntarse con los pobres  y los jóvenes ricos pagan para no juntarse ni con los de clase media ni con los pobres. Eso en ninguna parte lleva al desarrollo y es un atentado a los derechos humanos, así como la calidad de la educación dependa de lo que uno pague.