Alerta Hogar: La caída del "programa estrella" de Piñera cuestionado por Contraloría
El programa fue implementado en marzo de 2012 con un costo de 1.400 millones de pesos y fue dado de baja por falta de efectividad e irregularidades en la entrega de recursos.
La Moneda denunció graves irregularidades en uno de los programas de prevención del delito desarrollado durante la administración de Sebastián Piñera, las que fueron ratificadas por la Contraloría General de la República.
Se trata del programa Alerta Roja que comenzó a implementarse en marzo de 2012 y que fue promocionado como un servicio de comunicación de emergencia de mensajería de texto financiado con fondos públicos por más de 1.400 millones de pesos.
El sistema vinculaba a cada usuario inscrito con cinco personas de su círculo de confianza. El servicio era gratuito para el usuario en su primer y segundo SMS (mensaje) mensual, cobrándole desde el tercero en adelante.
“Se contrataron cinco millones de mensajes para ocupar sólo 47 alarmas efectivas, lo cual en términos concretos significa que le costó a todos los chilenos más de 30 millones de pesos cada uno de esos mensajes”, dijo en un comunicado el subsecretario de Prevención del Delito Antonio Frey.
Además, dio cuenta de falta de concurso público para determinar las empresas de telefonía que entregarían el servicio, indicando a La Segunda que “se celebraron convenios fraudulentos con empresas proveedoras de servicios -Movistar, Claro y Entel- de mensajería, en circuntancias de que el mercado tiene un conjunto más amplio. Lo que correspondía en este caso, era hacer una licitación pública y se celebraron convenios de trato directo, por un monto de 180 millones de pesos”.
Frey indicó que “cuando iniciamos esta administración en marzo de 2014, detectamos graves irregularidades en el Programa Alerta Hogar, el cual cabe recordar era una iniciativa estrella del gobierno del Presidente Sebastián Piñera”.
“Remitimos estos antecedentes a la Contraloría General de la República, luego de nueve meses de análisis y de indagación, la Contraloría confirma estas graves irregularidades”.
“Esto denota una desprolijidad en materia de seguimiento de evaluación de las políticas públicas, se sabía que había poco uso de la mensajería, se podría haber evitado y se mantuvo en circunstancias de que era un programa ineficiente y con un impacto muy reducido”, añadió Frey.
