Mauricio Daza, abogado querellante, por fallo del TC: “Es una resolución funcional a los objetivos de SQM"

Ya son cuatro las cartas que ha jugado SQM para impedir que la Fiscalía acceda a su información contable del año 2009 al 2014 y que -ante la actual negativa del SII de querellarse- pueda investigar la posible existencia de boletas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas. Una situación que, según los rumores en los pasillos del poder, podrían llegar a afectar directamente a La Moneda.

La primera carta fue un recurso presentado el jueves pasado por el abogado del entonces gerente general de la minera, Patricio Contesse, en el octavo juzgado de garantía, el cual fue desestimado. Luego, el lunes de esta semana, el directorio decidió no entregar la información al Ministerio Público, y de paso, despedir a Contesse, gerente que estuvo ligado a la empresa durante 33 años. Ese mismo día, la firma señaló que entregaría los documentos al Servicio de Impuestos Internos y no al Ministerio Público. Una decisión que fue rápidamente respondida por la Fiscalía Nacional, la que pidió autorización al tribunal para incautar esa misma información.

En paralelo, una última carta se ponía sobre la mesa. Una nueva acción legal del abogado de Contesse -por entonces ya ex gerente general de SQM- buscando que el Tribunal Constitucional impidiera la investigación de la Fiscalía.

Aunque la empresa señaló que las acciones legales de Contesse se han realizado a “título personal”, el bluff se convirtió en full de ases para la minera: ayer el Tribunal resolvió suspender la investigación del Ministerio Público, hasta que se realice una sesión el día miércoles 25 de marzo. En ella expondrán sus argumentos todas las partes intervinientes de la arista SQM y se definirá la posibilidad de que la Fiscalía continúe con la investigación, sin importar si el SII se querella o no.

El abogado representante de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, querellante en la arista SQM, dijo a El Dínamo que todas estas acciones que ha hecho tanto SQM como su ex gerente, “tienen por objeto que no se conozcan antecedentes que puedan comprometer ilícitos vinculados con aportes ilegales a campañas políticas de todos los sectores”. Y agrega que “por otra parte, lo que busca SQM es garantizar la impunidad concretando una medida dilatoria que permita buscar la prescripción”. Aunque hay distintas versiones de los intervinientes del caso, una de las tesis plantea que la prescripción de los delitos podría ser en abril.

En la arista SQM, la Fiscalía  no solo investiga delitos tributarios, si no que también delitos de cohecho que se habrían concretado a partir de aportes irregulares hechos entre 2009 y 2014. Por tanto, al excluir a la Fiscalía de la arista, la firma puede rehuir a una investigación judicial por este tipo de delitos, apostando por que el SII mantenga su tesis y poder así optar a una salida administrativa: hasta el momento el organismo ha catalogado los antecedentes ya existentes de “insuficientes” como para establecer una querella y ha insinuado esa posible salida. Por eso, Daza cree que lo comunicado por el Tribunal Constitucional “es una resolución que es funcional a los objetivos de SQM”. 

“Queremos ser cautos. La verdad es que aún el Tribunal Constitucional no admite la tramitación de este requerimiento el cual nosotros consideramos que no tiene ningún fundamento jurídico consistente y solamente es parte de una maniobra que tiene como finalidad ocultar información relevante para una causa criminal en curso por parte de SQM”, dice el abogado.

El próximo miércoles, después de haber escuchado a todas las partes, el Tribunal Constitucional decidirá si acoge o no el requerimiento SQM. En caso de aceptarlo,  se iniciaría un proceso que podría durar alrededor de un año, en el que el Ministerio Público no podrá hacer diligencias relacionadas a la minera.

“El Servicio de Impuestos Internos no ha mostrado una voluntad real de investigar a Soquimich y menos de querellarse. Entonces no veo ninguna razón para que lo vayan a hacer ahora”, dice el abogado Daza, aludiendo al organismo que tiene en sus manos el futuro de la investigación: con la Fiscalía atada de manos y con la información contable en su poder, el único organismo que puede presentar una querella por delito tributario contra la minera es el organismo dirigido por Michel Jorratt.

De momento, el SII ha dicho que SQM entregó “información parcial” y no descarta acciones legales. Pero su constante resistencia a no ampliar la querella más allá de julio de 2009, lo que habría permitido automáticamente la investigación de la fiscalía, mantiene abierta las suspicacias y la presión de diversos parlamentarios -de Giorgio Jackson a Manuel José Ossandón- quienes han criticado el actuar del organismo en comparación con el caso Penta. Pese a eso, el SII se mantiene blindado por dichos de los ministros Peñailillo y Arenas, quienes han asegurado la independencia del organismo.

“No puede ser que a instituciones tan importantes como Impuestos Internos, patrimonio de nuestro país, de una solidez técnica y una autonomía reconocida, estén desde distintos sectores políticos diciéndole lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer” señaló el Ministro de Hacienda en medio de Icare. Un respaldo al SII, el organismo que a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, debe decidir cómo juega sus cartas.