Proponen ampliar Ley de Transparencia a empresas que manejan bienes públicos
La Fundación Multitudes hizo entrega de la iniciativa al Consejo Asesor Anticorrupción.
“El acceso a la información es uno de los pilares fundamentales de la participación ciudadana y por eso se hace indispensable que las empresas que prestan servicios, manejan o administran bienes que le pertenecen a todos los chilenos se sometan a la ley de Transparencia”.
Con esta definición, Fundación Multitudes presentó su propuesta al Consejo Asesor Anticorrupción, instancia que tiene como misión crear un nuevo marco regulatorio para los conflictos de interés, el tráfico de influencias y los actos de corrupción.
La propuesta de la ONG, promotora de participación ciudadana y transparencia, tiene como eje principal la incorporación de esta parte del sector privado a la ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. “La nueva forma de hacer política y las expectativas de los ciudadanos reflejan la urgencia de instalar en el debate la transparencia en el sector privado en su relación con el ámbito público, en particular aquellas empresas que gestionan recursos o bienes de uso público” explicó Paulina Ibarra, directora ejecutiva de Fundación Multitudes. “Sería un paso importante acceder al detalle de esta información para crear un circulo virtuoso entre Estado, ciudadanía y sector privado y por lo mismo vemos muy positivamente que el Gobierno haya acogido esta medida y la haya incorporado en su agenda de probidad y transparencia”, agregó.
El documento, que consta de cuatro ejes, propone en esta línea la publicidad de toda transferencia que realicen las empresas que manejan bienes de uso público a instituciones y organizaciones con personalidad jurídica, entre las que están fundaciones, colegios, universidades, centros de estudio, partidos políticos, sindicatos y gremios, dado que por su rol éstas inciden en los procesos de toma de decisiones en el país.
En un tercer ámbito, Multitudes propuso la creación de un sistema de protección a quienes denuncien actos de corrupción y el aumento de las sanciones a los culpables directos. En este contexto, apuntó como ejemplo el modelo norteamericano en el cual no solo se sanciona a quienes incurren en actos de corrupción sino que también a las empresas que cometen estos actos.
Por otra parte, la propuesta hace hincapié en el establecimiento de un mecanismo legítimo y vinculante a través del cual las organizaciones de la sociedad civil tengan un rol activo dentro de los procesos fiscalizadores y sancionadores establecidos por ley.
“Con todas estas medidas estamos proponiendo un cambio de paradigma en la relación entre lo público y lo privado”, comentó Ibarra.
Otro de los aspectos que destacó Multitudes fue la dotación de atribuciones y medios al Consejo para la Transparencia para el control de la labor empresarial privada que preste servicios, maneje servicios o administre bienes de uso público, dotándolo de herramientas de fiscalización, permitiendo su resolución ante reclamos por denegación de información y la dictación de instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia.
